El desplazamiento forzado se ha convertido en una de las grandes crisis sociales y humanitarias de nuestro tiempo. Más de 117 millones de personas se encuentran actualmente desplazadas como consecuencia de conflictos, violencia, persecución y otras amenazas para su seguridad, según informó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, durante su primera intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
El problema no reside únicamente en el volumen de personas obligadas a abandonar sus hogares. La preocupación de Naciones Unidas se centra también en la falta de soluciones capaces de seguir el ritmo de las nuevas crisis. Los conflictos se multiplican, muchos se enquistan durante años y quienes inicialmente huyen de una emergencia temporal pueden acabar viviendo lejos de su lugar de origen durante décadas.
Ante este escenario, Salih reclamó al Consejo de Seguridad que emplee su influencia política para contribuir a poner fin a los conflictos y respaldar procesos de paz sostenibles. Su mensaje pone el foco en un límite fundamental de la respuesta internacional: la ayuda humanitaria puede salvar vidas y ofrecer protección, pero no puede sustituir a las soluciones políticas necesarias para terminar con las guerras.
Sudán representa uno de los casos más graves de esta emergencia mundial. Millones de personas se han visto obligadas a desplazarse dentro del país o a cruzar sus fronteras. Tras visitar Chad, Kenia, Etiopía y Egipto, el responsable de ACNUR destacó el esfuerzo realizado por los países y las comunidades que acogen a quienes escapan del conflicto, al tiempo que advirtió de que no pueden asumir por sí solos las consecuencias de la guerra.
La situación ilustra uno de los grandes desafíos del desplazamiento contemporáneo: buena parte de la responsabilidad de acogida recae sobre países que cuentan con recursos limitados. Naciones Unidas señala que el 71% de los refugiados y otras personas que necesitan protección internacional son acogidos por países de ingresos bajos y medios.
ACNUR considera que la salida a la crisis sudanesa no puede ser militar. Salih defendió la necesidad de avanzar hacia una tregua humanitaria y un diálogo serio que incluya a la población civil, además de garantizar la protección de las personas y el acceso seguro y sostenido de las organizaciones humanitarias.
El drama del desplazamiento se extiende mucho más allá de Sudán. En la República Democrática del Congo, varias generaciones han vivido sucesivos ciclos de violencia, huida y retorno. En Ucrania, millones de personas siguen desplazadas dentro del país o refugiadas en otros Estados debido a la guerra.
Una de las situaciones más prolongadas se encuentra en el Sáhara Occidental. Generaciones de población refugiada saharaui llevan más de medio siglo viviendo en Tinduf y en campamentos próximos, en un contexto marcado por la incertidumbre, las necesidades humanitarias y unas perspectivas de futuro limitadas. Para Salih, mantener indefinidamente esta situación no puede considerarse una solución.
A estas emergencias se suman otras con riesgo de cronificarse. En el Sahel, más de cuatro millones de personas se encuentran desplazadas por la fuerza en un escenario donde convergen violencia, inseguridad, impactos climáticos y dificultades para acceder a alimentos. La combinación de crisis ambientales y conflictos aumenta especialmente la vulnerabilidad de quienes ya han perdido sus hogares.
También preocupa la situación de la población rohinyá. Más de 1,2 millones de refugiados apátridas permanecen en Bangladesh mientras continúan el conflicto y los graves riesgos de protección en Myanmar. Actualmente no existen las condiciones necesarias para un retorno voluntario, seguro y digno, pero Naciones Unidas advierte de que esta realidad tampoco debería transformarse en una situación permanente.
En este contexto, Naciones Unidas ha vuelto a reivindicar el derecho de asilo y el principio de no devolución, que impide enviar a una persona refugiada a un territorio donde pueda enfrentarse a persecución o peligro.
El llamamiento adquiere especial relevancia en 2026, cuando se cumplen 75 años de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El acuerdo sentó las bases de la protección internacional contemporánea y reconoce derechos fundamentales para las personas refugiadas, entre ellos el acceso al trabajo, la vivienda, la educación, la justicia y determinados servicios de asistencia.
Aunque los sistemas de asilo afrontan importantes presiones, ACNUR sostiene que estas dificultades no deben traducirse en un retroceso de las garantías fundamentales. Al mismo tiempo, la agencia advierte de que mantener durante años a millones de personas dependiendo exclusivamente de la ayuda humanitaria tampoco constituye una respuesta suficiente.
Siria y Afganistán muestran otra dimensión del problema: el retorno al país de origen no supone automáticamente el final del desplazamiento.
Desde diciembre de 2024, alrededor de 3,8 millones de personas sirias desplazadas dentro o fuera del país han regresado a sus hogares, según explicó Salih. Sin embargo, ACNUR considera necesario acompañar estos movimientos con inversión, recuperación y oportunidades que permitan a las familias permanecer y reconstruir sus vidas.
En Afganistán, millones de personas también han regresado en los últimos años, muchas en circunstancias adversas, hacia comunidades afectadas por la pobreza, servicios insuficientes y escasas oportunidades económicas. El Alto Comisionado resumió el desafío diferenciando entre el momento de regresar y la existencia de una verdadera solución: esta última requiere seguridad, dignidad, medios de vida y perspectivas para permanecer en el territorio.
Para intentar romper con la dependencia prolongada de la asistencia, ACNUR ha impulsado la iniciativa 50by35, cuyo objetivo es reducir a la mitad para 2035 el número de refugiados que llevan largos periodos desplazados y continúan dependiendo de la ayuda humanitaria.
La estrategia plantea ampliar las oportunidades de inclusión y autonomía, facilitar retornos voluntarios cuando existan condiciones adecuadas y promover alternativas como la integración local, las vías hacia terceros países u otras fórmulas de estatus legal. También propone incorporar a refugiados y retornados a los sistemas y planes nacionales de desarrollo y vincular las soluciones al desplazamiento con los procesos de recuperación y construcción de paz desde sus primeras etapas.
El planteamiento supone un cambio de perspectiva: no basta con gestionar emergencias indefinidamente. La respuesta internacional debe aspirar a que las personas puedan recuperar autonomía, derechos y proyectos de vida.
La intervención de Salih, celebrada durante la semana de alto nivel de Naciones Unidas en Nueva York, dejó así un mensaje central: mientras continúen las guerras, seguirán produciéndose nuevos desplazamientos. Para ACNUR, proteger a quienes se ven obligados a huir resulta imprescindible, pero la solución verdaderamente duradera pasa por crear las condiciones de paz que permitan a las personas vivir y reconstruir sus vidas con seguridad y dignidad.
