La descarbonización del transporte español afronta una nueva etapa centrada no solo en multiplicar los puntos de recarga para vehículos eléctricos, sino también en garantizar que las principales redes de movilidad del país dispongan de la potencia y las alternativas energéticas necesarias para abandonar progresivamente los combustibles fósiles.
Con este objetivo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han presentado el Marco de Acción Nacional (MAN) y lo han remitido a la Comisión Europea, siguiendo el procedimiento establecido por el Reglamento europeo sobre la infraestructura para los combustibles alternativos (AFIR).
El documento, actualmente sometido a audiencia pública hasta el próximo 2 de octubre, establece la hoja de ruta española para desarrollar infraestructuras destinadas a combustibles alternativos en vehículos de carretera, ferrocarriles, buques atracados en puertos marítimos y aeronaves estacionadas en aeropuertos.
La transformación resulta especialmente relevante por el peso que tiene la movilidad sobre el balance energético y climático nacional. Según los datos recogidos por el Gobierno, el transporte concentra el 42% del consumo final de energía y genera el 32,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero de España. El MAN busca, en este contexto, ordenar las actuaciones ya adoptadas y las previstas para conseguir un despliegue rápido, eficiente y territorialmente equilibrado de las nuevas infraestructuras.
Uno de los principales ejes de la estrategia es la electromovilidad. España dispone actualmente de 42.318 puntos de recarga de acceso público, que suman una potencia nominal instalada de 2.269.170 kW.
Estas cifras permiten al país superar los objetivos europeos de potencia mínima instalada por vehículo correspondientes a 2025. En concreto, la capacidad disponible equivale a 2,66 veces el mínimo requerido para el actual parque de vehículos electrificados ligeros.
El siguiente reto pasa, sin embargo, por aumentar la potencia que encuentran los conductores durante sus desplazamientos. El MAN sitúa como prioridad la cobertura de alta capacidad en las principales vías españolas, especialmente en la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T).
El despliegue deberá acompañar además el crecimiento previsto del parque eléctrico. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC) establece como meta alcanzar 5,5 millones de vehículos electrificados de todas las categorías en 2030.
Entre las actuaciones dirigidas a reforzar los grandes corredores figura MOVES Corredores, un programa dotado con 200 millones de euros para instalaciones con al menos 300 kW de potencia agregada.
La estrategia también incorpora obligaciones para determinadas estaciones de servicio. Aquellas que superen los 10 millones de litros de ventas deberán instalar recarga con una potencia mínima de 400 kW, umbral que aumentará hasta los 600 kW a partir de 2027.
Los aparcamientos no residenciales de más de 20 plazas también deberán incorporar unas dotaciones mínimas: un punto de recarga por cada 40 plazas. En los edificios dependientes de la Administración General del Estado, la exigencia se eleva a uno por cada 20.
El Marco de Acción Nacional concede también un papel relevante a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán establecer objetivos anuales para desarrollar infraestructura de recarga tanto dentro como fuera de estas áreas.
A esta expansión física se suma la mejora de la información disponible para los usuarios. El mapa estatal REVE permite conocer en tiempo real la disponibilidad y el precio de alrededor de 44.700 puntos, mientras se extiende por la Red de Carreteras del Estado una señalización homogénea mediante pictogramas que indican la ubicación y distancia de las estaciones.
El Gobierno destaca igualmente el volumen de recursos movilizados para acompañar la electrificación. Desde 2019 se han destinado más de 3.000 millones de euros al ecosistema de programas MOVES vinculados a la movilidad eficiente.
A estas partidas se añade el Plan Auto+, inicialmente dotado con 400 millones para incentivar la compra de vehículos electrificados de producción europea y nacional, además de un nuevo programa MOVES recientemente lanzado.
El Ejecutivo también ha iniciado la tramitación de 150 millones adicionales procedentes de fondos FEDER para infraestructuras de recarga. Los incentivos se completan con deducciones del 15% en el IRPF para particulares, libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades para las empresas y la posibilidad de que los ayuntamientos introduzcan bonificaciones en impuestos locales como el IBI o el ICIO.
La electrificación presenta dificultades específicas en el transporte de mercancías, un sector caracterizado por una elevada fragmentación y un importante peso de las microempresas.
Para facilitar la transición de los vehículos pesados, el MAN prevé desarrollar una cobertura específica en las Zonas de Estacionamiento Seguras y Protegidas (ZESP). Diez de ellas ya están certificadas dentro de la RTE-T.
El Gobierno trabaja, además, en futuras ayudas para renovar las flotas e instalar sistemas de recarga tanto en depósitos privados como en instalaciones abiertas al público.
La estrategia no se limita a las carreteras. Uno de sus principales ámbitos de actuación será el transporte marítimo, donde el objetivo es que los buques puedan apagar sus motores auxiliares mientras permanecen atracados y conectarse a la red eléctrica terrestre, reduciendo así las emisiones generadas durante su estancia en puerto.
El MAN identifica 26 puertos españoles sujetos a las obligaciones del reglamento europeo y plantea alcanzar 919 MW de potencia eléctrica instalada en 2030 para atender al menos al 90% de las escalas de buques portacontenedores y de pasajeros de más de 5.000 toneladas.
El sistema portuario disponía de 200 MW instalados en 2024. Para atender tanto las nuevas obligaciones como otras actividades portuarias será necesario alcanzar 1,1 GW de capacidad total.
Entre los incentivos previstos se encuentran una bonificación del 50% en la tasa del buque y un tipo impositivo reducido en el impuesto eléctrico. Paralelamente, el plan de empresa de Puertos del Estado contempla 778,7 millones de euros de inversión entre 2025 y 2029.
Estos recursos servirán de marco para avanzar en la electrificación de los puertos y adaptar sus instalaciones a nuevos combustibles y vectores energéticos, entre ellos el metanol verde, el amoniaco renovable y los biocombustibles avanzados.
En el ámbito aeroportuario, todos los puestos de estacionamiento de contacto de los aeropuertos pertenecientes a las redes básica y global disponen ya de suministro eléctrico mediante tomas fijas.
El siguiente paso afecta a las posiciones remotas. Las tradicionales unidades de energía de tierra (GPU) que utilizan diésel están siendo sustituidas progresivamente por equipos completamente eléctricos o alimentados mediante combustibles renovables como el hidrobiodiésel (HVO). La finalidad es garantizar que las aeronaves estacionadas utilicen energía de origen no fósil antes de enero de 2030.
El ferrocarril constituye otro de los grandes frentes. Actualmente, el 67% de las vías de la Red Ferroviaria de Interés General está electrificado, mientras que los 5.175 kilómetros restantes funcionan mediante tracción diésel.
Las actuaciones actualmente en marcha permitirán electrificar alrededor de otros 1.700 kilómetros, con lo que la cobertura llegará al 78% de la red. De acuerdo con los datos incluidos en el MAN, el 92% del tráfico actual de pasajeros y mercancías de Renfe ya utiliza tracción eléctrica.
No todos los tramos ferroviarios, sin embargo, justifican económica y socialmente una electrificación convencional. Para estos casos, el Gobierno estudiará tecnologías de cero emisiones como los trenes propulsados mediante hidrógeno o baterías. Con el objetivo de obtener información técnica y conocer la viabilidad de estas soluciones, ya se ha puesto en marcha una Consulta Pública al Mercado.
Con el nuevo Marco de Acción Nacional, el Ejecutivo busca articular bajo una misma planificación la transformación energética de modos de transporte muy diferentes y establecer mecanismos para seguir su evolución y afrontar las barreras tecnológicas que todavía dificultan la reducción de emisiones.
Según señalan el MITECO y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la estrategia se apoya en criterios de neutralidad tecnológica y eficiencia energética, con la intención de avanzar hacia una movilidad de cero emisiones, reforzar la competitividad industrial y reducir el impacto climático de uno de los sectores con mayor consumo energético y emisiones del país.
