En un escenario marcado por profundas transformaciones económicas, sociales y ambientales, disponer de información fiable se ha convertido en una condición indispensable para gobernar. Los datos oficiales permiten conocer la realidad de un territorio, pero su función va mucho más allá: sirven para determinar dónde están los principales problemas, orientar los recursos públicos y comprobar si las medidas adoptadas producen los resultados esperados.
Así lo ha puesto de manifiesto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) durante la vigesimoquinta reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas, celebrada esta semana en Santiago de Chile. El encuentro reúne a autoridades regionales para abordar el fortalecimiento de los sistemas nacionales de estadística y avanzar, entre otras cuestiones, en la mejora de las encuestas de hogares.
El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, resumió la importancia de esta cuestión de manera contundente: “Sin datos de calidad no hay diagnósticos sólidos, no hay evaluación y no hay rendición de cuentas”.
Uno de los ejemplos señalados por el organismo es la informalidad laboral, un desafío de gran magnitud en América Latina y el Caribe. Conocer sus diferentes dimensiones y desarrollar políticas orientadas a la formalización productiva requiere disponer de información periódica, comparable y de calidad. Pero esta necesidad atraviesa prácticamente todas las áreas de la acción pública.
Según informa la CEPAL, las estadísticas económicas y empresariales son fundamentales para las políticas de desarrollo productivo, del mismo modo que las encuestas sobre el uso del tiempo resultan necesarias para diseñar políticas de cuidados. Las cuentas ambientales, por su parte, permiten sustentar la acción climática, mientras que los datos desagregados son imprescindibles para orientar adecuadamente las políticas sociales.
“No hay buena política de desarrollo productivo sin estadísticas económicas y empresariales sólidas; no hay políticas de cuidados efectivas sin encuestas de uso del tiempo; no hay políticas climáticas en la escala necesaria sin sólidas cuentas ambientales; no hay política social bien focalizada sin datos desagregados”, señaló Salazar-Xirinachs.
Las encuestas de hogares ocupan un lugar destacado dentro de este entramado. Constituyen una de las principales herramientas para generar estadísticas oficiales sobre las condiciones de vida de la población y son, precisamente, uno de los ámbitos analizados por los países participantes en la reunión regional.
El debate cobra todavía mayor relevancia ante la búsqueda internacional de nuevas maneras de medir el progreso de las sociedades. En mayo, un grupo de expertos convocado por el secretario general de Naciones Unidas planteó 31 indicadores distribuidos en cuatro grandes ámbitos: bienestar; equidad e inclusión; sostenibilidad y resiliencia; y principios fundamentales como la paz, los derechos humanos y el cuidado del planeta.
Durante 2026 y 2027, los gobiernos deberán decidir qué parte de estas propuestas puede convertirse en compromisos concretos. El desafío no es menor. Conceptos amplios como bienestar o sostenibilidad deben traducirse en indicadores que puedan recopilarse de manera periódica y compararse, lo que obliga a determinar exactamente qué se mide, cuáles serán las fuentes de información, con qué frecuencia se actualizarán los datos y hasta qué nivel podrán desagregarse.
Salazar-Xirinachs ha defendido que América Latina y el Caribe desempeñe un papel activo en esta discusión. Las capacidades estadísticas no son iguales en todos los países, por lo que el reto pasa tanto por construir una posición regional propia como por garantizar que los Estados puedan generar realmente la información que finalmente se acuerde medir.
La calidad estadística tiene además una dimensión estrechamente vinculada con la democracia. El director técnico del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, Marcelo Bisogno, advirtió durante el encuentro de que “vivimos en una era en la que la verdad misma está en disputa”.
Frente a ese escenario, defendió que “un dato confiable, producido con independencia, rigor y transparencia no es solo un insumo técnico, es un acto de defensa de la confianza pública”. Bisogno también subrayó el valor de la cooperación entre los sistemas estadísticos latinoamericanos y caribeños y la necesidad de seguir reforzándola.
Esa colaboración se articula desde hace más de dos décadas a través de la Conferencia Estadística de las Américas, el principal foro regional dedicado al desarrollo de las estadísticas. Su trabajo busca mejorar los sistemas nacionales, facilitar la comparación internacional de la información y promover la cooperación entre las oficinas estadísticas de los países y los organismos regionales e internacionales.
La actual reunión analiza tanto los avances y dificultades en la aplicación de las encuestas de hogares como las estrategias para fortalecer a las instituciones encargadas de generar información oficial. Uruguay ocupa actualmente la Presidencia de la Conferencia y comparte su Comité Ejecutivo para el periodo 2026-2027 con Bahamas, Belice, España, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana.
Después de 26 años de cooperación regional, la reflexión planteada por la CEPAL trasciende el terreno estadístico. Contar con datos sólidos e independientes determina la capacidad de los Estados para distribuir recursos, afrontar las transformaciones económicas y ambientales, evaluar sus políticas y explicar sus resultados.
En un contexto en el que las sociedades necesitan respuestas ante desafíos como la desigualdad, los cuidados o el cambio climático, la calidad de los datos se consolida así como una infraestructura esencial de la gobernanza democrática y del desarrollo sostenible.
