A pesar del auge de los discursos de odio, la polarización política y la difusión de desinformación sobre las migraciones, el respaldo social al derecho de asilo continúa siendo mayoritario en buena parte del mundo. Así lo refleja una encuesta internacional impulsada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) junto a Ipsos, que pone el foco en un dato especialmente significativo: la generación Z es el grupo de edad que muestra una actitud más favorable hacia las personas refugiadas.
El estudio, basado en más de 21.500 entrevistas realizadas en 29 países, revela que alrededor de dos tercios de la población considera que las personas que escapan de guerras o persecuciones deben poder solicitar asilo en otro Estado. Según informa ACNUR, este apoyo se ha mantenido estable durante los últimos años pese al creciente clima de confrontación política en torno a la movilidad humana.
La investigación muestra una clara diferencia generacional en la percepción de las personas refugiadas. Casi la mitad de quienes pertenecen a la generación Z —nacidos entre 1997 y 2012— cree que las personas refugiadas pueden integrarse con éxito en las sociedades de acogida. Entre los llamados baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, ese porcentaje desciende hasta el 39%.
Además, las personas jóvenes son menos proclives a respaldar el cierre de fronteras y expresan menos desconfianza sobre los motivos que llevan a alguien a solicitar protección internacional. No obstante, las inquietudes relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de asilo, el control fronterizo o la integración siguen presentes, aunque con distinta intensidad, en todas las generaciones.
Desde Ipsos, su directora gerente en Reino Unido, Trinh Tu, señala que los resultados reflejan una tensión creciente entre el apoyo a quienes necesitan protección y la percepción de que los sistemas de asilo no siempre funcionan de manera adecuada.
Uno de los aspectos más llamativos de la encuesta es la contradicción que manifiestan muchas personas encuestadas. Aunque respaldan el derecho de asilo, cerca de dos tercios consideran al mismo tiempo que numerosas personas solicitantes de protección no necesitan realmente ese estatus. Para ACNUR, esta percepción evidencia que buena parte del debate público se centra más en cuestionar el funcionamiento de los mecanismos de protección que en rechazar el principio del derecho de asilo en sí mismo. Dominique Hyde, directora de Relaciones Externas de la agencia, sostiene que el respaldo ciudadano ha resistido incluso en un contexto marcado por dificultades económicas y una elevada polarización.
El informe también refleja diferencias significativas entre países. Suecia y Países Bajos encabezan el apoyo al derecho de solicitar asilo, con un 78% de respuestas favorables, seguidos de España, donde alcanza el 76%.
Por otra parte, Australia, Brasil y Estados Unidos destacan entre los países cuyos ciudadanos perciben con mayor optimismo los beneficios que puede aportar la integración de las personas refugiadas.
En algunos Estados el cambio de percepción ha sido especialmente notable durante los últimos años. Japón ha pasado de registrar un 23% de apoyo en 2019 a un 64%, mientras que Francia ha aumentado del 43% al 68%. En cambio, en países como Türkiye o Polonia el respaldo ha descendido respecto a años anteriores.
Más allá de las actitudes sociales, ACNUR advierte de que la capacidad para proteger a las personas desplazadas se encuentra cada vez más limitada por la falta de financiación.
Durante 2025, los conflictos armados, la violencia, la persecución y el impacto de las crisis climáticas continuaron obligando a millones de personas a abandonar sus hogares. La agencia se fijó como objetivo atender a 129,4 millones de personas, una cifra similar a la del año anterior.
Sin embargo, los recursos disponibles se redujeron en 1.200 millones de dólares, hasta situarse en 3.900 millones. Según la organización, esto supone afrontar prácticamente el mismo volumen de necesidades con un presupuesto equivalente al de 2016, cuando el número de personas desplazadas forzosamente y apátridas era menos de la mitad del actual.
La situación también preocupa por la fuerte reducción de las oportunidades de reasentamiento, uno de los mecanismos esenciales para proteger a las personas refugiadas en situación de mayor vulnerabilidad.
Durante 2025, ACNUR facilitó el traslado para reasentamiento de más de 37.000 personas refugiadas, principalmente procedentes de Türkiye, Líbano, Etiopía, Bangladesh y Rwanda. No obstante, la agencia solo presentó 35.000 casos a 23 Estados para su posible acogida, muy lejos de los 188.800 registrados en 2024.
Coincidiendo con el 75º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, ACNUR recuerda que la solidaridad mostrada por las comunidades de acogida no puede sustituir las obligaciones internacionales de protección asumidas por los Estados.
La organización insiste en que garantizar el derecho de asilo exige reforzar los sistemas de protección y dotarlos de recursos suficientes para responder a una realidad en la que el número de personas desplazadas continúa creciendo, mientras las vías seguras para reconstruir sus vidas se reducen cada vez más. Según subraya la agencia, el desafío no consiste únicamente en preservar la Convención, sino en asegurar que los derechos que reconoce puedan hacerse efectivos para quienes se ven obligados a huir.
