La crisis de la vivienda se ha consolidado como uno de los principales factores de vulnerabilidad para la juventud en España. Según recoge el informe Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural, elaborado por el Consejo de la Juventud de España, Fad Juventud y Oxfam Intermón, el 42% de las personas de entre 25 y 34 años afectadas por la crisis habitacional considera que su salud mental es regular o mala.
El estudio señala que el encarecimiento de la vivienda y la inseguridad económica están estrechamente relacionados con un mayor malestar psicológico entre la población joven. Además de dificultar la emancipación, estas circunstancias limitan las expectativas de futuro y condicionan decisiones personales y familiares.
Desde el Consejo de la Juventud de España advierten de que el acceso a una vivienda digna no es únicamente una cuestión económica, sino también un factor determinante para la salud y la calidad de vida. La organización reclama respuestas integrales que combinen políticas de vivienda, refuerzo de la protección social y una mejora de los recursos de atención psicológica.
Según informa el estudio, el modelo residencial de la juventud ha cambiado de forma significativa durante los últimos años. El alquiler ha ganado protagonismo hasta convertir a buena parte de la población joven en una auténtica "generación inquilina". En 2025, una de cada dos personas jóvenes emancipadas residía en una vivienda arrendada.
El esfuerzo económico asociado a la vivienda continúa siendo especialmente elevado. De forma sostenida, la juventud destina entre el 40% y el 50% de sus ingresos al pago del alojamiento, muy por encima del límite del 30% que suelen recomendar los organismos especializados. La situación es todavía más compleja para quienes viven solos, ya que desde 2017 el gasto residencial supera el 80% de sus ingresos salariales.
Esta presión financiera tiene consecuencias directas sobre el bienestar emocional. El informe concluye que las personas jóvenes que destinan más de la mitad de sus ingresos a la vivienda presentan tasas de mala salud mental que duplican las registradas entre quienes dedican menos del 30%.
Además, el alquiler incrementa la exposición al riesgo de pobreza. Una vez abonada la renta, la diferencia entre el nivel de pobreza antes y después de afrontar este gasto ronda los 20 puntos porcentuales entre los hogares jóvenes arrendatarios.
Las dificultades residenciales no explican por sí solas el deterioro emocional de la juventud. El análisis pone el foco también en la precariedad laboral y la falta de recursos económicos como factores que agravan el problema.
Los datos reflejan que el 63,5% de las personas jóvenes que sufren carencia material severa experimentó algún problema de salud psicológica durante el último año, frente al 52,4% de quienes no presentan privaciones económicas.
Las dificultades para ahorrar también están asociadas a una mayor presencia de síntomas relacionados con el malestar emocional. En la mayoría de los indicadores analizados, las diferencias superan los diez puntos porcentuales respecto a quienes cuentan con una situación económica más estable.
El informe advierte, además, de un círculo de vulnerabilidad difícil de romper: la falta de recursos económicos empeora la salud mental, mientras que las dificultades para acceder a apoyo psicológico por motivos económicos agravan aún más la situación. Entre las personas de 25 a 34 años que renunciaron a recibir atención psicológica por falta de dinero, la percepción de mala salud mental pasó del 7% al 19,3% en el último año.
El impacto de la precariedad va más allá de los indicadores económicos. El estudio muestra que las dificultades materiales afectan también a las relaciones sociales y a la percepción de apoyo. Entre las personas jóvenes que sufren carencia material severa, el 39,8% asegura experimentar soledad no deseada con frecuencia. En cambio, entre quienes no afrontan problemas económicos significativos, este porcentaje se reduce al 19,6%.
Ante este escenario, las tres organizaciones impulsoras del informe reclaman una actuación simultánea sobre dos frentes: mejorar la atención a la salud mental juvenil y abordar las causas estructurales que están detrás de este deterioro del bienestar.
Entre las medidas propuestas figuran el aumento del parque de vivienda pública asequible, la adopción de iniciativas para frenar prácticas especulativas en el mercado del alquiler y el fortalecimiento de las políticas de protección social dirigidas a la juventud.
Asimismo, las entidades plantean avanzar en reformas laborales y educativas, incluyendo la aprobación del Estatuto del Becario, la ampliación de becas y ayudas al estudio y cambios en el Ingreso Mínimo Vital que permitan a las personas menores de 30 años acceder con mayor facilidad a esta prestación destinada a combatir la pobreza y la exclusión social.
