La Encuesta de Condiciones de Vida del INE, publicada el mes pasado, alertó sobre un preocupante dato: más del 26% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto significa que una de cada cuatro personas vive con ingresos insuficientes, sufre privaciones materiales severas o enfrenta una baja intensidad de empleo, lo que directamente afecta la seguridad alimentaria.
En este contexto, el 12 de marzo se llevó a cabo el encuentro "El hambre invisible en España: el reto de medir y reducir la inseguridad alimentaria", organizado por Acción contra el Hambre en Madrid. Este evento reunió a expertos nacionales e internacionales en nutrición, salud e inseguridad alimentaria para abordar esta problemática, la cual carece de mediciones estandarizadas y estadísticas oficiales para prevenir y diseñar políticas públicas efectivas.
Ante la falta de datos homogéneos, el encuentro sirvió para presentar el sistema de seguimiento y alerta temprana de inseguridad alimentaria desarrollado por Acción contra el Hambre. Este sistema se implementará en la Comunidad de Madrid entre 2024 y 2025 como parte del programa Piloto de innovación social para la empleabilidad y la seguridad alimentaria, financiado por la CAM a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NextGenerationEU de la Unión Europea.
Además de estos sistemas de seguimiento, Acción contra el Hambre desarrolla actividades para garantizar el derecho a la alimentación en España. Estas incluyen reforzar las políticas activas de empleo con un enfoque en la mejora nutricional y hábitos saludables, orientar las prestaciones sociales para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la eficiencia de las ayudas monetarias y diseñar programas de promoción de la nutrición y alimentación saludable para la infancia.
Durante la bienvenida institucional del evento, Luis González, director de Ingeniería Técnica y Acción Social España de Acción contra el Hambre, destacó la inseguridad alimentaria estructural en España y la necesidad de medidas como la protección de los sistemas de protección social y el acceso universal a una renta mínima, entre otras.
La primera mesa de debate se centró en las manifestaciones y consecuencias para la salud de la inseguridad alimentaria, incluso en contextos de rentas altas. Alma Palau, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas y Nutricionistas, destacó la importancia de abordar tanto el hambre como la desnutrición. Mónica Palladino resaltó el impacto de la pobreza alimentaria en los adolescentes y su dimensión emocional.
La siguiente ponencia explicó la importancia de los sistemas de vigilancia y los indicadores estandarizados para prevenir la inseguridad alimentaria y orientar políticas públicas de manera eficiente. En la última mesa, se discutió sobre las transferencias monetarias directas como herramienta para combatir la inseguridad alimentaria y promover la empleabilidad en las familias, con la participación de expertos en seguridad alimentaria y salud pública.
