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Los Estados miembros de la Unión Europea han tomado decisiones cruciales en su política de asilo. La nueva legislación prevé la opción de acoger a solicitantes de asilo o contribuir económicamente. Este nuevo enfoque busca ofrecer flexibilidad a los países en medio de la crisis migratoria, al tiempo que plantea desafíos en términos de equidad y solidaridad.
La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para reformar su legislación sobre migración y asilo

En medio de un diciembre crucial en 2023, los negociadores del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un hito al acordar la formulación de cinco reglamentos clave. Estos reglamentos delinean cómo se compartirá la gestión de flujos migratorios y asilo entre los Estados miembros y establecen protocolos para hacer frente a crisis migratorias repentinas. Además, abordan la llegada de personas a las fronteras exteriores de la UE, la tramitación de solicitudes de asilo y la identificación de los recién llegados.

Este acuerdo provisional, que debe recibir la aprobación formal del Parlamento y el Consejo, tiene como objetivo convertirse en ley antes de las elecciones europeas de 2024, marcando un compromiso serio por parte de los legisladores. Recordando la relevancia de la migración en las elecciones de 2019, la consecución de este acuerdo representa un éxito destacado para los grupos políticos proeuropeos, posicionándolos antes del próximo año electoral en Europa.

El conjunto normativo brindará a Europa un marco legislativo uniforme en todos los Estados miembros. Se destaca por su enfoque humanitario y equitativo hacia aquellos que buscan protección, su firmeza con aquellos que no cumplen los requisitos y su contundencia contra quienes explotan a los más vulnerables. De este modo, el nuevo reglamento de gestión del asilo y la migración introduce la solidaridad obligatoria para los países de la UE bajo presión migratoria, otorgando a otros Estados la opción de reubicar solicitantes de asilo en su territorio o realizar contribuciones financieras. También redefine los criterios de responsabilidad para examinar solicitudes de protección internacional, reemplazando las antiguas normas de Dublín.

En respuesta a aumentos repentinos de llegadas, el reglamento de situaciones de crisis y fuerza mayor establece un mecanismo para garantizar la solidaridad y proporcionar apoyo a Estados miembros enfrentando una afluencia excepcional de nacionales de terceros países. Estas normas abordan la instrumentalización de migrantes por terceros países o agentes no estatales hostiles, contemplando excepciones temporales a los procedimientos de asilo estándar.

El nuevo Reglamento de control y procesamiento de datos de los migrantes establece procedimientos de control previo a la entrada para aquellos que no cumplen las condiciones para ingresar a la UE, con especial atención a la identificación, recopilación de datos biométricos y controles sanitarios y de seguridad, todo ello en un plazo máximo de siete días. Se incorpora un mecanismo de control independiente en cada Estado miembro para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

Por último, la reforma de Eurodac busca una identificación más precisa de quienes llegan a territorio de la UE mediante la inclusión de imágenes faciales a las huellas dactilares, incluso para niños a partir de seis años. Además, las autoridades podrán registrar si alguien representa una amenaza para la seguridad, es violento o porta ilegalmente armas.

Estos avances destacan un esfuerzo integral hacia una política migratoria más eficiente, justa y segura en la Unión Europea, marcando un importante capítulo en la evolución de su enfoque hacia la gestión de flujos migratorios y solicitudes de asilo.

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