Con motivo del Día Internacional de la Asistencia Humanitaria que se celebró el pasado sábado 19 de agosto, Acción contra el Hambre, junto a las organizaciones Médicos del Mundo y Handicap International - Humanity & Inclusion, publicaron el informe “El trabajo humanitario en riesgo: fomentar la protección del personal humanitario y sanitario para asegurar el acceso a la ayuda”. El informe advierte que el año pasado fue el más violento para el personal humanitario en 10 años.
2022, el año más violento para el personal humanitario en la última década
Julie Ricard

¿Quién cuida a quienes cuidan? En la actualidad, 339 millones de personas en el mundo necesitan asistencia humanitaria y este personal se encuentra expuesto a riesgos extremos. Las y los trabajadores humanitarios son clave para proporcionar asistencia a estas personas, pero ellos también deben tener condiciones mínimas de seguridad garantizadas para trabajar. Sin embargo, el informe denuncia que estos trabajadores continúan siendo objetivo de ataques, secuestros, criminalización, lesiones y, a veces, incluso homicidios.

Con motivo del Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, que se celebra el 19 de agosto, las organizaciones Médicos del Mundo, Handicap International - Humanity & Inclusion y Acción contra el Hambre han publicado un informe conjunto titulado El trabajo humanitario en riesgo: fomentar la protección del personal humanitario y sanitario para asegurar el acceso a la ayuda, que ofrece una visión general de los desafíos y las principales demandas de las organizaciones humanitarias para proteger mejor a los trabajadores humanitarios y de salud. El informe destaca tres focos prioritarios:

1) Los conflictos y las violaciones del Derecho Internacional Humanitario entre las principales amenazas: la investigación expone que, en 2022, se registraron al menos 439 ataques contra personal humanitario en la Base de Datos de Seguridad para Trabajadores Humanitarios. 2022 fue el año más violento para el personal de la salud en 10 años. Se contabilizaron 1 989 incidentes violentos contra instalaciones y personal de la salud, lo que desencadenó 232 muertes entre profesionales de este ámbito. Alrededor de veinte países, incluidos Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Myanmar y Ucrania, son particularmente peligrosos para el personal humanitario y de la salud.   Aunque deben garantizar el acceso seguro de las poblaciones a la ayuda según el Derecho Internacional Humanitario y los principios humanitarios, los Estados y los grupos armados continúan poniendo en peligro a los trabajadores. Perpetran ataques contra ellos o implementan medidas que politizan y criminalizan la acción humanitaria y las misiones médicas. Al hacerlo, aumentan los riesgos de violencia y evitan que estos profesionales cumplan con su misión fundamental: proporcionar asistencia vital y atención médica basada únicamente en las necesidades de las poblaciones afectadas.

2) La necesidad de proteger al personal humanitario y de salud local, que se encuentran entre los más expuestos: los expertos de las organizaciones a cargo de la investigación sostienen que el 90% de las y los trabajadores humanitarios y de la salud que han sido víctimas de ataques son actores locales. Están en primera línea, donde las necesidades son más altas, y brindan asistencia y atención médica en áreas a menudo inaccesibles para los actores internacionales. Están más expuestos a la violencia y, a menudo, sus recursos son limitados. Los financiadores y socios internacionales deben apoyarlos y garantizar el intercambio de recursos para permitirles garantizar su propia seguridad.

3) La falta de financiación para garantizar la seguridad del personal humanitario: Finalmente, el informe afirma que, para garantizar la seguridad de su personal, las organizaciones humanitarias deben implementar estrategias para prevenir y responder a los riesgos a los que se enfrentan. Necesitan estar equipadas con material, capacitar a su personal y contar con trabajadores que gestionen la seguridad de los equipos, brindar evacuaciones de áreas arriesgadas, así como ofrecer apoyo psicológico, financiero o legal al personal que es víctima de ataques y a sus familias. Sin embargo, las organizaciones enfrentan dificultades para asegurar financiación para estos costos y a veces se ven obstaculizadas para garantizar el más alto nivel de protección de seguridad para su personal.

Olivier Longué, director general de Acción contra el Hambre expresó que: "La violencia ejercida contra el personal humanitario y de la salud, al igual que contra las poblaciones civiles, requiere una conciencia urgente. Dada la extensión de las necesidades, especialmente en términos de seguridad alimentaria y nutrición, los Estados, así como los diferentes grupos armados, deben cumplir con sus compromisos y el Derecho Internacional, que podríamos resumir en tres puntos: 1) cesar toda violencia contra los actores humanitarios, ya sean nacionales o internacionales; 2) dejar de politizar nuestras acciones; y 3) garantizar el acceso humanitario. Por otra parte, los financiadores deben asumir mejor los costos relacionados con la seguridad de nuestros empleados".

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