Según las encuestas de YouGov, 9 de cada 10 españoles está de acuerdo con que se obligue legalmente a las empresas a prevenir vulneraciones de los derechos humanos y a reducir sus emisiones contaminantes, Asimismo, más de 100 organizaciones latinoamericanas y del Caribe han sumado fuerzas y pedido a la Presidencia española de la UE a través de una carta conjunta una ley contra los abusos de las multinacionales.
En este escenario, signado por un pedido explícito de mayor compromiso, la Plataforma por Empresas Responsables se suma a un consenso generalizado en la ciudadanía y pide que España lidere durante la Presidencia española del Consejo de la UE la aprobación definitiva de la Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
Los datos dan cuenta de situaciones conflictivas que es preciso resolver:
“Estos datos son sólo la punta del iceberg y constatan la necesidad urgente de una normativa europea que obligue a las empresas a prevenir, mitigar y reparar las vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades”, añade María Bardolet, responsable de Empresas Justas de Oxfam Intermón, entidad integrante de la Plataforma por Empresas Responsables.
Sin dudas, la normativa es fundamental. No alcanza con las buenas intenciones: los marcos voluntarios no han funcionado. En España, menos de la mitad de las empresas del IBEX 35 informa que hace una identificación de riesgos de impacto en materia de derechos humanos, según un estudio del Observatorio de RSC. Al respecto, Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables advierte que: “Como país, y como Unión Europea, no nos podemos permitir que se sigan cometiendo abusos corporativos a manos de empresas europeas y españolas dentro y fuera de nuestras fronteras. El momento de actuar es ahora: España tiene una oportunidad única para impulsar la aprobación de una norma que garantice que todas las empresas respeten los derechos humanos y medioambientales”
Es por ello, que para garantizar una economía global justa y sostenible de manera efectiva, la Plataforma por Empresas Responsables exige, pide que la Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de sostenibilidad debería aplicarse en la totalidad de la cadena global de valor, ampliar la lista de sectores considerados de alto riesgo en materia de diligencia debida, como las instituciones financieras y bancarias, e impulsar la eliminación de las barreras legales para el acceso de las víctimas a la justicia.
“No se trata de un problema local. Las víctimas de los abusos corporativos debemos tener igualdad de acceso a la reparación de los daños causados y a una justicia efectiva. Es urgente y posible establecer soluciones estructurales con el compromiso de todos los actores y todos los países“ concluye Marina Paula Oliveira, defensora de derechos humanos y testigo del caso Brumadinho en Brasil, una negligencia dentro del sector minero que vertió 13 millones de metros cúbicos de lodo tóxico y causó 270 muertes en la región.
