La invasión rusa ha modificado sustancialmente el panorama geopolítico mundial. Entre muchas otras cosas, uno de los efectos que provocó el conflicto bélico fue el desabastecimiento de gas en la Unión Europea. Ante esto, la Comisión Europea ha aprobado el plan REPowerEU que modifica el Reglamento sobre el Marco de Recuperación Resiliencia (MRR) y otros actos legislativos y con el que se pretende dar respuesta a las perturbaciones del mercado mundial de energía causadas por la invasión. Supone una inyección de fondos adicionales al MRR para mejorar la eficiencia energética y acelerar la expansión de las energías renovables.
En España, ante la citada situación de crisis se aprueba el Real Decreto ley 6/2022 por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Entre otras, este Real Decreto incorpora medidas de agilización de los procedimientos relativos a proyectos de energías renovables.
Tras un primer "Análisis y reflexión para mejorar la integración del cambio climático en los fondos del Mecanismo de Recuperación y resiliencia en las Comunidades Autónomas", publicado en mayo de 2022, hemos continuado con el proceso de reflexión y seguimiento y, trascurrido un año, Red2Red con el apoyo de la Fundación Europea para el Clima han presentado el informe “Integración del Cambio Climático en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de las Comunidades Autónomas” . La publicación explica que, a finales de 2022 se aprobó el proyecto de adenda al PRTR que, además de los 2.856 M€ de fondos adicionales procedentes del REPowerEU, incluye otros 7.706 M€ de transferencias adicionales y 84.000 M€ en préstamos reembolsables.
Cabe recordar que el Plan REPowerEU surge como respuesta a la crisis geopolítica generada por la guerra de Ucrania y trata de eliminar la dependencia a las importaciones de energía rusas a través de mayor incentivación del ahorro energético, de las energías renovables y de la diversificación de fuentes de energía.
Los expertos a cargo del informe advierten que, en su conjunto, la propuesta de adenda supone un refuerzo importante de los PERTE y un impulso a la industrialización estratégica en los ámbitos energético, agroalimentario, tecnológico y digital. Además, trata de acelerar la transición verde a través del despliegue de renovables, el fomento de la movilidad sostenible, la eficiencia energética y las finanzas sostenibles.
En este sentido, el documento muestra que, a fecha de abril de 2023, nuestro país ha recibido 37.036 M€ del MRR, lo que se corresponde con el 53% del total previsto. Estos pagos se relacionan con el cumplimiento de 121 hitos y objetivos (de un total de 416), el 21,5% vinculados a componentes de alta incidencia en el clima. Asimismo, el documento muestra que los PERTE concentran el 26,3% del gasto público previsto. Aunque en 2021 no se apreciaban avances relevantes, en 2022 se les ha dado un impulso, con 12 PERTE aprobados y con convocatorias publicadas por un importe del 67% de lo presupuestado. El 70% se concentra en PERTE relacionados con la transición verde. Si nos fijamos en las convocatorias resueltas, el avance se reduce al 44% de lo presupuestado, y el peso de la transición verde también desciende al 44%.
En nuestro país, entre las medidas tomadas para la aceleración de la transición verde el informe presente en primer lugar, el Reglamento (UE) 2022/2577, el cual introduce la exención de aplicar el principio de «DNSH» para reformas e inversiones que mejoren las infraestructuras energéticas para satisfacer las necesidades inmediatas de seguridad del suministro de petróleo y gas. En segundo lugar, el RDL 20/2022 que permite que los proyectos de energía renovable (excepto los ubicados en Red Natura 2000 y en el medio marino) no tengan que pasar por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y por un proceso de información y participación pública.
Uno de los argumentos que destaca el informe es el papel clave que cumplen las comunidades autónomas en el logro de los objetivos climáticos del PRTR. En este sentido, se espera que regiones y entidades locales gestionen el 50% de los fondos totales. Sobre este punto, respecto a la distribución territorial, a fecha 25 de enero de 2023 el documento expone que se ha asignado a las comunidades autónomas un total de 20.543 M€, lo cual supone un 29,5% de la asignación total inicial del PRTR. Por áreas de inversión, la inversión a escala regional, sigue primando la transición verde pero la protección social y la digitalización han adquirido más peso, con respecto a 2022.
Finalmente, tras el avance realizado por Red2Red con el apoyo de la Fundación Europea para el Clima, se destacan la una serie de conclusiones y recomendaciones: