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Según datos de Naciones Unidas, el 25% del gasto público mundial se pierde en corrupción. Este coste no solo es solo financiero, también favorece la pérdida de los recursos naturales y exacerba la pobreza y la desigualdad. En definitiva, se interpone en el camino hacia un desarrollo sostenible.
El coste de la corrupción

La corrupción es un problema grave que afecta al desarrollo sostenible de manera significativa. Tiene múltiples formas y puede manifestarse en diversos sectores, como la política, los negocios, la administración pública y la justicia. El coste de la corrupción para el desarrollo sostenible es alto y se puede observar en varias áreas:

  1. Económico: La corrupción distorsiona los mercados y desalienta la inversión extranjera. Los sobornos y la malversación de fondos públicos reducen los recursos disponibles para el desarrollo de infraestructuras, servicios básicos y programas sociales. Además, la falta de transparencia en los procesos de contratación pública conduce a la asignación ineficiente de recursos y aumenta los costes de los proyectos.
  2. Desigualdad: La corrupción a menudo beneficia a unos pocos privilegiados y perjudica a la mayoría de la población. Los funcionarios corruptos suelen desviar recursos destinados a programas de desarrollo social, educación o salud, lo que limita las oportunidades para los más vulnerables y perpetúa la desigualdad.
  3. Medio ambiente: La corrupción puede tener un impacto devastador en el medio ambiente. Los sobornos y la falta de aplicación de las regulaciones ambientales permiten la explotación irresponsable de los recursos naturales, como la deforestación ilegal, la pesca indiscriminada y la contaminación de cuerpos de agua. Esto compromete la sostenibilidad de los ecosistemas y afecta negativamente a las generaciones futuras.
  4. Institucional: La corrupción socava la confianza de la población en las instituciones públicas y mina el Estado de derecho. Cuando los ciudadanos perciben que los líderes y funcionarios son corruptos, pierden la fe en el sistema y pueden volverse apáticos o adoptar prácticas corruptas ellos mismos. Esto dificulta la gobernabilidad efectiva y la implementación de políticas que promuevan el desarrollo sostenible.

Lachezara Stoeva, presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU, denunció que entre muchas otras consecuencias negativas, la corrupción tiene efectos perjudiciales para el desarrollo sostenible en todos los países y su coste es abrumador, y sostuvo que es urgente: “aprovechar el poder transformador del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16”, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Concretamente, la experta afirmó que “La corrupción se lleva más del 5% del PIB mundial. De los aproximadamente 13 billones de dólares de gasto público mundial, hasta el 25% se pierde a causa de la corrupción”. Un coste que no se limita únicamente a un aspecto financiero, sino que también contribuye a empeorar múltiples facetas colectivas como favorecer la pérdida de recursos naturales, exacerbar la pobreza y la desigualdad, erosionar la confianza y la cohesión social y socava la estabilidad económica y política.

A todas estas facetas, añadió que las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables son los más afectados por la corrupción y que, cuando nos encontramos a la mitad de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, urge acelerar la implementación de los Objetivos, un desafío que consideró complicado ya que “la corrupción se interpone en nuestro camino”.

Para combatir la corrupción y promover el desarrollo sostenible, se requiere un enfoque integral que incluya medidas legales, fortalecimiento institucional, transparencia y participación ciudadana. Es fundamental promover una cultura de integridad y rendición de cuentas, así como fomentar la educación y concienciación sobre los efectos negativos de la corrupción. Además, la cooperación internacional y el intercambio de mejores prácticas pueden ser clave para abordar este desafío a nivel global.

Sin embargo, Stoeva declaró que los avances sobre paz, justicia, e instituciones sólidas, tal y como promueva esa meta número 16, pueden generar lo que calificó de “círculo virtuoso”. “El Objetivo 16 es un requisito indispensable para la aplicación efectiva de todos los demás. A su vez, este avance se convierte en un factor que permite dar respuestas más eficaces a la corrupción”, afirmó. Para conseguirlo, explicó que reducir los flujos financieros ilícitos y  combatir la corrupción y el soborno en todas sus formas “son elementos fundamentales de la paz y de unas sociedades pacíficas, justas e inclusivas”, señaló.

Por su parte, en videoconferencia desde Viena, la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ghada Waly, recordó que su agencia está creando una red de centros regionales de lucha contra la corrupción que ayudan a mejorar las necesidades sobre el terreno y promueven la cooperación interregional y Sur-Sur. Waly especificó que el primer centro se inauguró en México el año pasado y que pronto se abrirán otros dos en Kenia y Colombia, junto a otros proyectos en marcha.

La directora general de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, Jan Beagle, compartió tres aspectos en los que el Objetivo 16 puede desempeñar un papel vital para abordar estos desafíos globales:

  • Preservar y avanzar en la consecución de toda la Agenda 2030
  • Combatir la corrupción y restablecer la confianza
  • Abordar retos complejos y transnacionales para los que los instrumentos tradicionales de gobernanza no están preparados

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