La desaparición forzada de personas es una violación de Derechos humanos grave y que, lamentablemente, forma parte de nuestra sociedad contemporánea. Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha para reflexionar acerca de este flagelo y buscar soluciones para ponerle fin.
Con motivo de la efeméride, Amnistía Internacional explica ¿En qué consiste el delito de desaparición forzada? Una “desaparición forzada” se produce cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad o privada de su libertad de cualquier otra forma por autoridades gubernamentales o por grupos organizados o individuos particulares cuyas acciones son aprobadas de alguna manera por el gobierno. Esa privación de libertad viene seguida de una negativa a desvelar la suerte o el paradero de la persona en cuestión o una negativa a reconocer su privación de libertad. A consecuencia de esta conducta, la persona desaparecida queda fuera del amparo de la ley, con lo que se le impide el recurso a remedios judiciales y garantías de protección y se la pone en una situación de total indefensión. Esto, a su vez, la deja expuesta a otras violaciones de derechos humanos, como la tortura, la violencia sexual o incluso el asesinato.
Sin lugar a dudas, la desaparición forzada constituye una violación acumulativa de derechos humanos, afirma Amnistía Internacional. Ello se debe a que puede infligir una amplia diversidad de violaciones de derechos humanos, incluida la violación de: el derecho a la vida: porque la persona puede ser asesinada o su suerte desconocerse; el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona; el derecho a no sufrir detención arbitraria; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a unas condiciones humanas de reclusión; el derecho a la personalidad jurídica; el derecho a un juicio justo y el derecho a la vida familiar.
La desaparición forzada constituye un abuso especialmente cruel contra los derechos humanos, ya que da lugar a una violación continuada en tanto que la suerte o el paradero de la víctima no se han determinado. Además, constituye también una violación de los derechos de las familias y los seres queridos de la víctima, que a menudo tienen que esperar años para averiguar la verdad sobre la suerte corrida por la persona desaparecida.
Expertos de la ONG explican que se trata de un delito de derecho internacional por el cual los Estados están obligados a hacer rendir cuentas a los responsables mediante la investigación criminal y el procesamiento. Esto se aplica incluso si el delito se ha cometido en el extranjero y aunque el sospechoso o víctima no sean nacionales de ese Estado. Además, constituye un crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Es por ello, que existe la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Se trata de un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) cuyo texto fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006 (A/RES/61/177), y se abrió para su firma el 6 de febrero de 2007. Entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Esta Convención proporciona una definición del delito de desaparición forzada, y establece las acciones que deben emprender los Estados para prevenirlo, para investigarlo y para que se procese a los responsables.
¿Qué impacto tiene en las sociedades y en las personas el delito de desaparición?
El informe de Amnistía explica que esta violación de DD.HH tiene un efecto enorme en la vida de sus seres queridos y en su comunidad. En primer lugar, las familias a menudo son emocionalmente incapaces de pasar página y aceptar la desaparición de sus seres queridos. Muchos familiares sufren una fuerte angustia psicológica, que en ocasiones da lugar también a enfermedades físicas. Los niños no son inmunes a esa angustia. Además, las familias a menudo afrontan enormes consecuencias económicas, especialmente cuando la víctima era el principal sustento de la familia. Incluso cuando no lo es, muchas familias se encuentran en situaciones económicas apuradas durante la búsqueda.
En segundo lugar, el aislamiento social y cultural al que se enfrentan las familias queda con frecuencia sin documentar. Por ejemplo, mientras que, en ciertas culturas, las viudas cuentan con un sistema de apoyo bien establecido en las comunidades, las esposas de las víctimas de desaparición permanecen en ocasiones en un limbo.
Ante este flagelo que nos muestra el gran fracaso de la humanidad, los Estados deben comprometerse a poner fin a la práctica de la desaparición forzada tomando medidas para respetar, proteger y hacer realidad el derecho de las personas a no ser objeto de desaparición forzada. Además, deben abordar la cuestión de la impunidad y deben garantizar que los responsables comparecen ante la justicia. En este sentido, Amnistía Internacional pide a los Estados, en primer lugar, ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En segundo lugar, que acepten la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias de personas y Estados Partes de acuerdo con los artículos 31 y 32 de la Convención. Asimismo, que apliquen la Convención en la legislación nacional, de acuerdo con el derecho y las normas internacionales y, por último, que los Estados adopten un plan exhaustivo y a largo plazo para prevenir y eliminar la desaparición forzada, lo cual incluye el establecimiento de programas de formación efectivos para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y para personal de otro tipo.
