La corrupción sigue siendo uno de los grandes desafíos sin resolver en España. Durante años, el país ha mostrado poco progreso en abordar esta problemática que debilita los pilares democráticos. El "Índice de Percepción de la Corrupción" (IPC) 2021, publicado el 25 de enero, confirma que los niveles de corrupción en España se han mantenido estancados en la última década, en un contexto de vulneración de derechos humanos y deterioro democrático. Este año, España ha obtenido 61/100 puntos, un descenso de un punto respecto al año anterior.
Aunque, según la metodología del IPC, una variación de un punto no es estadísticamente significativa, refleja que persiste un nivel de corrupción que afecta negativamente el funcionamiento de las instituciones democráticas. Este dato debe servir como un llamado a la acción para autoridades públicas, el sector privado y la sociedad civil.
Desempeño de España: preocupante y en declive
Los resultados del IPC son preocupantes. España ocupa la posición 34 de 180 países, empatando con Lituania, lo que supone un retroceso de dos posiciones respecto al 2020. A nivel europeo, el país se sitúa en el puesto 14 de 27 dentro de la Unión Europea, también descendiendo dos posiciones.
El informe muestra un deterioro en comparación con otros países. Naciones que en 2020 ocupaban posiciones inferiores, como Portugal, Lituania y Corea del Sur, ahora han superado a España. A nivel de la UE, la situación es particularmente alarmante, ya que países tradicionalmente comparables como Lituania y Portugal han avanzado, mientras España retrocede.
Estancamiento global en la lucha contra la corrupción
A nivel global, el IPC revela que la corrupción sigue estancada. Aunque la corrupción adopta distintas formas en cada país, el informe subraya que todas las regiones han registrado pocos avances significativos en la última década. El promedio mundial se mantiene en 43 puntos sobre 100, y dos tercios de los países puntúan por debajo de 50, lo que indica problemas graves de corrupción. Además, 27 países registraron su puntaje más bajo en la historia del índice.
El IPC clasifica a los países según la percepción de la corrupción en el sector público, utilizando 13 fuentes de datos externas. Entre los aspectos evaluados se encuentran el soborno, la malversación de fondos públicos, el nepotismo y la captura del Estado por intereses privados, entre otros. Los resultados son claros: la corrupción continúa siendo un obstáculo para el desarrollo y la gobernanza eficaz.
Corrupción, derechos humanos y democracia: una relación indisociable
El problema no es solo la corrupción. El informe subraya que, a medida que los esfuerzos por lograr una mayor transparencia se estancan, los derechos humanos y la democracia también están en peligro. Los países con libertades civiles bien protegidas suelen obtener mejores puntuaciones en el IPC, mientras que aquellos que vulneran estas libertades registran puntajes más bajos.
La pandemia de Covid-19 ha exacerbado este escenario. Transparency International advierte que, si los gobiernos siguen utilizando la pandemia como excusa para erosionar los derechos humanos, la corrupción podría agravarse aún más rápidamente. Los países con una débil protección de las libertades civiles están viendo un aumento en sus niveles de corrupción, lo que favorece el avance del autoritarismo.
Un llamado urgente a la acción
Los resultados de este año son inaceptables. Cada vez más, los indicadores muestran un deterioro del tejido social y de los principios democráticos. España, como una de las 15 economías más grandes del mundo, debería aspirar a superar los 70 puntos en el IPC para mantener su imagen y competitividad. Transparency International España reitera que reducir la corrupción es esencial para garantizar la integridad política y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparency International España, enfatiza: “La corrupción es una amenaza constante que impide el ejercicio de los derechos fundamentales y erosiona las instituciones democráticas, incluso en aquellos Estados que se consideran consolidados. Mitigar este riesgo requiere un esfuerzo coordinado de todos los actores sociales, políticos y económicos”. Bacigalupo concluye que es fundamental replantear el modelo de gobierno abierto: "Las agendas ambiciosas no tienen valor si no se ejecutan con voluntad política y capacidad efectiva. La agenda legislativa en España no puede esperar más”.
