La corrupción es el gran enigma sin resolver de España. Desde hace años, nuestro país no avanza en relación a esta problemática que socava y debilita los cimientos democráticos. El “Índice de Percepción de la Corrupción” (IPC) 2021 publicado hoy 25 de enero, revela que los niveles de corrupción se han estancado en los últimos diez años, en medio de un entorno de abusos a los derechos humanos y deterioro de la democracia. Concretamente, España ha bajado un punto en relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un 61/100.
De acuerdo con la metodología utilizada en el IPC, una diferencia de un punto en un año no es estadísticamente significativa. Sin embargo, sí que refleja que sigue latente en España un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, y que requiere una llamada a la acción a las autoridades públicas, al sector privado y a la sociedad civil.
Los datos que se desprenden de la investigación son realmente negativos y dan muestra de que nuestro país poco está haciendo para mejorar en materia de transparencia y buen gobierno. El índice advierte que España ocupa la posición 34/180 del ranking global del IPC, junto con Lituania, lo cual supone un descenso de dos puestos con respecto al IPC2020. Por otro lado, nuestro país se ubica en el puesto número 14/27 de la Unión Europea, bajando, asimismo, dos posiciones con respecto al año pasado.
Lo cierto es que España ha empeorado notablemente a nivel comparativo en el último tiempo. El informe refleja que el país ha empeorado en relación con varios países con los que compartía una puntuación y posición similar en ediciones anteriores. Concretamente, varios de los países que en 2020 se situaban por debajo de España en el ranking como Portugal, Lituania y Corea del Sur, ahora superan a nuestro país, y aquellos que tenían puntuaciones superiores pero que sin embargo se encontraban cercanos en el ranking, este año se han alejado. Por su parte, en el contexto de la Unión Europea, y también a nivel comparativo, España ha sido adelantada por dos países con los que siempre ha mantenido una relación pareja: Lituania y Portugal.
La corrupción, estancada a nivel mundial
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de este año revela que los niveles de corrupción están paralizados en todo el mundo. Si bien la corrupción adopta formas muy diferentes de un país a otro, los puntajes de este año revelan que todas las regiones del mundo están estancadas cuando se trata de combatir la corrupción en el sector público. El informe advierte que este año, el promedio mundial se mantiene sin cambios por décimo año consecutivo, en solo 43 de los 100 puntos posibles. A pesar de los múltiples compromisos, 131 países no han logrado avances significativos contra la corrupción en la última década. Además, dos tercios de los países puntúan por debajo de 50, lo que indica que tienen graves problemas de corrupción, mientras que 27 países están en su puntuación más baja de la historia.
El índice clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción experta de la corrupción en el sector público de cada uno, medido a través de datos de 13 fuentes externas, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios), en la que solo se miden los siguientes aspectos: soborno, desvío de fondos públicos (malversación), preponderancia de funcionarios públicos que utilizan la función pública para el provecho personal, funcionamiento de las instituciones públicas para prevenir la corrupción y hacer cumplir las normas, la existencia de exceso de burocratización que permitan incrementar las oportunidades de corrupción, formas de acceso a la función pública y existencia de nepotismo, enjuiciamiento efectivo de funcionarios, protección legal de denunciantes, periodistas e investigadores, captura del Estado por intereses privados y acceso de la sociedad civil a la información sobre asuntos públicos. Los resultados dejan mucho que desear: la puntuación media global se mantiene en 43 puntos por décimo año consecutivo y dos tercios de los países no llegan a 50/100.
Corrupción, derechos humanos y democracia en la mira
El problema no es solamente la corrupción. A medida que los esfuerzos por mayor transparencia se estancan en todo el mundo, los derechos humanos y la democracia también están bajo asalto, analiza el informe. Esto no es casualidad. El último análisis del IPC muestra que la protección de los derechos humanos es crucial en la lucha contra la corrupción: los países con libertades civiles bien protegidas generalmente obtienen una puntuación más alta en el IPC, mientras que los países que violan las libertades civiles tienden a obtener una puntuación más baja. Es una relación directa e indisociable.
El panorama se ve complicado en las proyecciones a largo plazo. La pandemia aún no ha terminado, y expertos de Transparency International advierten que, si los gobiernos continúan utilizando la pandemia de Covid-19 para erosionar los derechos humanos y la democracia, la corrupción podría empeorar a mayor velocidad. La entidad identificó que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones más bajas en el índice. Conforme se erosionan los derechos y libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción. Por ello, Transparencia Internacional reclama a los gobiernos a cumplir sus compromisos en materia de corrupción y derechos humanos y llama a la población del mundo entero a unirse y exigir el cambio.
Los resultados que hemos obtenido este año son inaceptables. A medida que pasa el tiempo los indicadores sólo empeoran deteriorando el tejido social y las bases de la democracia que tanto nos costó conseguir. En el caso de nuestro país, el estudio considera que una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y competitividad. Por eso, este año TI-España señala una vez más que reducir la corrupción es fundamental para garantizar la integridad política y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
En este sentido, en palabras de Silvina Bacigalupo, Presidenta de Transparency International España: “La corrupción es un riesgo constante que impide la realización de los derechos fundamentales y erosiona las instituciones que velan por la garantía de los mismos también en Estados que consideran consolidados sus sistemas democráticos y que aparentemente no presentan problemas de protección de derechos humanos. Mitigar y controlar este riesgo que supone la corrupción no depende únicamente de los gobiernos, sino que es preciso un esfuerzo coordinado de todos los actores sociales, políticos y económicos.” Y ha concluido que “es necesario replantearse el modelo actual de gobierno abierto. De poco nos sirven agendas muy ambiciosas y participativas si después no existe voluntad, capacidad y ejecución por parte de los Estados para poder cumplir sus compromisos. La agenda legislativa en España no puede esperar más y debe ser un compromiso político sin excepción para lograr avanzar”.
