Diversos factores tales como el impulso legislativo del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la UE, la concienciación y madurez de los inversores y el desarrollo de la dimensión social de la inversión ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) para superar el impacto del COVID-19 han generado un gran crecimiento en las finanzas sostenibles en nuestro país. Así lo muestra el estudio “La Inversión Sostenible y Responsable en España 2021”, elaborado por Spainsif, que cuenta con el patrocinio de DWS. El documento sostiene que en España la Inversión Sostenible y Responsable (ISR) ha alcanzado una cifra récord: 345.314 millones de euros gestionados en España durante 2020. Esto ha supuesto un incremento del 21% respecto a 2019, y por primera vez los activos ASG (54%) superan a los tradicionales.
El estudio ha sido elaborado a partir de 42 respuestas recibidas, 25 de entidades nacionales y 17 de gestoras y propietarios de activos internacionales, al cuestionario en base a la metodología de Eurosif. Según los datos analizados, del total del volumen en inversión sostenible, 228.551 millones de euros corresponden a entidades nacionales y 116.763 millones a activos de organizaciones internacionales comercializados en España.
Otro de los resultados de la investigación muestra que la integración ASG ha alcanzado la cifra de 154.433 millones de euros, siendo la estrategia más usada a la hora de la inversión, con un 45% de los activos, seguida de las exclusiones, con 64.039 millones de euros (19%) y del ‘screening’ basado en normas, con 44.991 millones de euros (13%).
Durante la presentación del estudio, Francisco Javier Garayoa, director general de Spainsif, ha señalado que el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles y la legislación van a ser los mayores impulsores de la Inversión Sostenible durante los próximos años, con la aprobación del Reglamento de Taxonomía, la modificación del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR por sus siglas en inglés), el proceso de revisión de la Directiva de Información No Financiera que pasa a denominarse Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) o el impulso del Bono Verde Europeo. También ha destacado el aumento de la inversión minorista frente a la institucional, que ha pasado del 19% al 21% en 2020.
En esta misma línea, Elena Arveras, Policy Officer for Sustainability Reporting en la Comisión Europea, ha expuesto que la futura Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ayudará a homogeneizar la información en sostenibilidad para que sea más fiable y comparable, y permitirá identificar a los inversores y a la sociedad en general a aquellas empresas que sean más sostenibles. Arveras ha indicado que las nuevas obligaciones de reporting de sostenibilidad propuestas por la Comisión Europea están siendo examinadas por los colegisladores europeos, y previsiblemente serán adoptadas en la primera mitad de 2022, y ha comentado los principales cambios introducidos por la propuesta.
Por su parte, Joaquín Garralda, presidente de Spainsif, ha apuntado que “el Estudio Anual de Spainsif ha evolucionado considerablemente desde la primera edición de 2009, al igual que lo ha hecho la inversión sostenible, y se ha pasado de estrategias de exclusión o ‘best in class’ a estrategias más sofisticadas que tienen en cuenta detalles más rigurosos de la ASG”. Por último, Garralda ha considerado que “es necesario mejorar el ‘reporting’ para evitar el ‘greenwashing’ y que las compañías vean la inversión sostenible como una oportunidad de diferenciación”.
