La Comisión de Industria, Investigación y Energía aprobó el pasado martes 29 de septiembre, por 50 votos a favor, 13 en contra y 12 abstenciones, su posición sobre los criterios y la metodología para seleccionar los proyectos energéticos de interés común. Se impulsarán aquellas iniciativas que busquen impulsar el hidrógeno y la captura de carbono.
La Unión Europea no financiará más proyectos de gas natural

Las y los eurodiputados, a través de diferentes iniciativas, están comprometidos con detener la emergencia climática y contribuir a la protección del medioambiente. En este sentido, se definieron las normas actualizadas para seleccionar los proyectos energéticos que deben recibir ayudas tienen como objetivo que las infraestructuras energéticas transfronterizas sean sostenibles y estén en consonancia con el Green Deal de la UE.

Concretamente, la Comisión de Industria, Investigación y Energía aprobó el pasado martes 29 de septiembre, por 50 votos a favor, 13 en contra y 12 abstenciones, su posición sobre los criterios y la metodología para seleccionar los proyectos energéticos de interés común (PCI), como las líneas de transmisión de alta tensión, los gasoductos, las instalaciones de almacenamiento de energía o las redes inteligentes, que se beneficiarían de procedimientos administrativos acelerados y podrían recibir fondos de la UE.

Los PCI son proyectos de infraestructuras que se consideran esenciales para cumplir los objetivos de la UE en el ámbito de la energía, como la mejora de la interconexión entre los mercados nacionales, el aumento de la competitividad, la seguridad del suministro y el fomento de las energías renovables. De este modo, los representantes europeos han decidido apoyar la financiación del desarrollo de infraestructuras de hidrógeno, como los electrolizadores, así como la captura y el almacenamiento de carbono. También insisten en la necesidad de apoyar la participación pública en el proceso de selección. Los proyectos elegibles también deben impulsar la integración del mercado y aumentar la seguridad del suministro.

Asimismo, se definió que los proyectos basados en el gas natural ya no podrán recibir financiación de la UE. Sin embargo, una excepción temporal permitirá, bajo estrictas condiciones, que los proyectos de gas natural de la cuarta o quinta lista de PCI puedan acogerse a un procedimiento de autorización acelerado. Por otra parte, se propuso que los proyectos seleccionados deberían ayudar a los Estados miembros a abandonar los combustibles fósiles sólidos como el carbón, el lignito, la turba y el esquisto bituminoso, dicen los eurodiputados. También plantean financiar proyectos que reutilicen las infraestructuras de gas natural existentes para el transporte o el almacenamiento de hidrógeno.

Cabe destacar que lo propuesto en la sesión del día de ayer tiene sus comienzos hace ya más de un año. En una resolución del 10 de julio de 2020, el Parlamento Europeo pidió una revisión del reglamento de las redes trans europeas de energía (RTE-E), que establece las directrices de la UE para las infraestructuras energéticas transfronterizas y esboza el proceso de selección de los proyectos de interés común (PCI).

El eurodiputado Zdzisław Krasnodębski afirmó que: "El objetivo de esta revisión es alinear el Reglamento de las RTE-E con los objetivos del Green Deal europeo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que las prioridades de la Unión de la Energía siguen siendo válidas y deben seguir reflejándose en las normas que rigen el apoyo a los proyectos de infraestructuras energéticas importantes. Aparte de los criterios generales de sostenibilidad, los proyectos seguirán siendo evaluados en función de su contribución a la seguridad energética, la integración del mercado y la asequibilidad para los usuarios finales"

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las y los consumidores no serán penalizados. Al respecto, los eurodiputados reiteraron que los proyectos elegibles tienen que estar en línea con el principio de "eficiencia energética primero", que estipula que el ahorro de energía es la forma más fácil de ahorrar dinero para los consumidores y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El coste de los proyectos debe garantizar que los usuarios finales no sufran una carga desproporcionada, especialmente si eso puede conducir a la pobreza energética. Por último, la legislación no debe afectar al derecho de un país a determinar cómo utilizar sus recursos energéticos y definir su propia combinación energética.

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