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El quinto informe sobre la situación de los pueblos indígenas “Derechos a tierras, territorios y recursos”, divulgado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA) advierte que, pese a que el mundo reconoce cada vez más a la naturaleza en el corazón de las culturas indígenas y valora los conocimientos tradicionales sobre la conservación del medio ambiente, deja fuera de la hoja de ruta para el desarrollo sostenible los derechos colectivos de estos pueblos.

Desde diferentes campos como la academia o la cooperación internacional numerosas veces se ha puesto en cuestión el concepto de “desarrollo” ¿desarrollo para quién? O mejor dicho ¿ a costa de qué? En esta línea es que cabe preguntar también acerca del lugar que ocupan los pueblos indígenas en la tan aclamada Agenda 2030. El quinto informe sobre la situación de los pueblos indígenas “Derechos a tierras, territorios y recursos”, divulgado recientemente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA) afirma que mientras las garantías en el plano de los derechos humanos para los pueblos originarias no sean efectivas no se lograrán las metas de desarrollo.

Los pueblos indígenas se han distinguido históricamente por su relación respetuosa con la naturaleza, que ha demostrado ser menos mucho menos dañina en términos de degradación del planeta. Hoy, el mundo aprecia cada vez más esos conocimientos tradicionales de conservación del medio ambiente y es consciente de lo que pueden aportar a las estrategias de mitigación del cambio climático; sin embargo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible no reconoce ampliamente todos los derechos de esas comunidades.

Según datos presentados por Naciones Unidas, los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades que el resto de las personas de vivir en la pobreza extrema y actualmente representan casi el 19% de los pobres extremos que viven con menos de 1,90 dólares al día. Sobre este punto, el documento afirma que garantizar plenamente los derechos y territorios indígenas ayudaría a reducir la pobreza y contribuiría a la seguridad alimentaria, además de que impulsaría el desarrollo al estimular la inversión en proyectos sostenibles.

Elliot Harris, subsecretario general de DESA, afirmó que: “La Agenda 2030 ofrece oportunidades para promover los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, también ayudaría a combatir y mitigar el cambio climático y su impacto. Pero tienen muchas brechas y pueden implicar riesgos para los pueblos indígenas, por ejemplo, la Agenda 2030 no reconoce plenamente los derechos colectivos en relación con las tierras y los recursos o con la salud, la educación, la cultura y las formas de vida”.

Los derechos colectivos no son iguales en todas las latitudes. Estos se encuentran en el corazón de las comunidades indígenas.  Los derechos humanos son una parte central de la Agenda 2030 y se refieren a muchas áreas prioritarias para los pueblos indígenas, no obstante, dejan fuera numerosos desafíos. En este sentido, el informe advierte que los proyectos de desarrollo que van en detrimento del medio ambiente socavan los derechos de las comunidades indígenas al progreso y la seguridad, al margen de amenazar sus territorios y recursos. Es común también que se sacrifiquen los derechos de la población indígena por inversiones que favorecen a los turistas extranjeros sobre los medios de vida y los derechos humanos de los pueblos originarios, como ha ocurrido en Botswana, Kenya, Rwanda y Tanzania, entre otros países.

Asimismo, la minería y la tala ilegales son otras actividades que afectan enormemente a las comunidades indígenas. Ecuador, Brasil y Venezuela son algunos de los países afectados por estas prácticas delictivas, cuyos responsables han llegado incluso a anunciar en las redes sociales la venta de tierras en la Amazonía brasileña. Otro aspecto que destaca el informe es el preocupante aumento de asesinatos a referentes indígenas defensores de sus derechos. El documento advierte que se han incrementado los conflictos en sus territorios, así como las agresiones y violencia impunes contra los indígenas defensores del medio ambiente.“Los ataques a sus comunidades han provocado la migración y desposesión y, en los casos de los pueblos cuyas tierras cruzan las fronteras nacionales, suelen colocarlos en un alto riesgo de apatridia”, alertó el subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales.

Para los autores de la publicación, resulta urgente que la Agenda 2030 no olvide a las comunidades indígenas. Es por esto, que el estudio presenta varias recomendaciones entre las que destacan:

  • Los Estados deben incluir el reconocimiento de los derechos consuetudinarios o la tenencia de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos en sus datos sobre derechos seguros de tenencia de la tierra en los informes de los Objetivos de Desarrollo
  • Los títulos de propiedad de la tierra de las comunidades indígenas deben proteger su derecho al consentimiento libre, previo e informado para participar en todas las decisiones que afecten a sus tierras y recursos.
  • Los gobiernos deben obtener más datos desglosados por etnia e identidad indígena a través de censos y encuestas de hogares para que se aborden mejor los problemas que enfrentan comunidades específicas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo
  • Los gobiernos deben establecer mecanismos permanentes, abiertos e inclusivos de consulta, participación y representación de los pueblos indígenas en el ámbito local, además de instrumentar procesos regionales, nacionales e internacionales relacionados con los ODS para garantizar que tengan la oportunidad de contribuir y beneficiarse de ellos.

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