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La era de la COVID-19 ha marcado el 2020 y seguramente los años que vendrán también. La incertidumbre provocada por la pandemia y los efectos que está teniendo en los ODS ha hecho que las alarmas recaigan también sobre el futuro de la sostenibilidad. La incertidumbre es claramente el factor invariable de todos los escenarios y en este marco las preguntas son más que las respuestas. ¿La COVID-19 será capaz de reforzar la apuesta por el desarrollo sostenible o diluirá el impulso que éste ha ido cogiendo durante los últimos años? ¿Los ODS podrán llevarse a cabo o se verán truncados en este nuevo escenario? ¿La agenda 2030 seguirá siendo la brújula hacia el desarrollo sostenible?

Si bien creemos que en Europa lo peor de la pandemia ya ha pasado, aún no ha terminado. Muchas regiones del mundo aún no han alcanzado los picos de contagio y las medidas sanitarias aún son inciertas. La nueva normalidad y la reconstrucción de la economía está en el centro de las preocupaciones de casi todas las administraciones. A pesar de que aún no hay datos concretos, todo apunta a que la sostenibilidad se posicionará como uno de los pilares de la recuperación para asegurar una mayor resiliencia en el futuro. Así lo muestran las diferentes iniciativas propulsadas por los organismos europeos y nacionales en el ámbito medioambiental o las medidas de protección social implantadas en nuestro país que consolidan el mensaje de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”.

Esta apuesta por la sostenibilidad requerirá hacer frente a los desafíos que encierra el desarrollo sostenible y que se han acelerado a consecuencia de la irrupción de la COVID-19. En este sentido, desde la Red Española del Pacto Mundial han resaltado tres grandes retos que serán clave para la construcción de un mundo mejor después de la pandemia:

  1. Reducir las desigualdades a través de un enfoque de DD.HH.

Los Derechos Humanos una vez más vuelven a estar en el centro de la escena como eje vector de todas las políticas. En el plano de los derechos humanos, la pandemia es una prueba para las sociedades, los gobiernos, las empresas, las comunidades y los individuos que deberán hacer frente unidos a las desigualdades que ya existían y que están siendo acrecentadas por la crisis actual: la desigualdad económica, racial, de género, etc. Y es que, la COVID-19, además de estar impactando en mayor grado en los colectivos más vulnerables como las mujeres, el colectivo LGTBI o las personas con discapacidad; está generando una ola de estigmatización, discriminación, racismo y xenofobia contra determinados grupos nacionales y étnicos que es urgente frenar.

Este aumento de las desigualdades deberá ser afrontado desde un enfoque de derechos humanos tanto por parte de la administración pública, a través de la actualización del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos; como por el sector privado, a través de campañas de sensibilización y formación y recursos y herramientas que faciliten la implementación de los Principios Rectores. De esta forma, no sólo lograremos asegurar la erradicación de la discriminación hacia estos colectivos y su plena igualdad e integración en la sociedad, sino que también estaremos más cerca de alcanzar las metas marcadas en la Agenda 2030, de las cuales un 92% están vinculadas a los principales tratados de derechos humanos.

  1. Cerrar la brecha de financiación de la Agenda 2030

La financiación de la Agenda 2030 ya era un reto antes de comenzar la crisis. Su déficit anual se estimaba entre 2 y 4 billones de dólares hasta 2030, una brecha económica que ya resultaba difícil de cerrar incluso a pesar del incremento en ISR (Inversión Socialmente Responsable) que se producía antes de la pandemia.  Aunque todavía no hay datos certeros de 2020, según varios estudios esta tendencia al alza parece no haber sido interrumpida durante los primeros meses de la recesión, en los que los fondos con criterios ASG produjeron mayores rendimientos. Sin embargo, la realidad es que la crisis económica amenaza el crecimiento de las inversiones privadas pues la deuda de las empresas sigue aumentando a niveles sin precedentes y seguimos lejos de alcanzar la financiación necesaria para hacer realidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para asumir tal desafío, será clave el apoyo a las empresas por parte tanto de las administraciones públicas como del sistema financiero a través de líneas de crédito especiales y otros instrumentos que les ayuden a garantizar la continuidad de sus actividades. Asimismo, será necesaria una mayor educación sobre inversión responsable, de modo que aquellos fondos que apuesten por criterios ASG sean cada vez más valorados y frecuentes.

  1. Aumentar la ambición en la lucha contra el cambio climático

El confinamiento ha frenado el consumo, pero no la contaminación ambiental. Pese al freno que sufrió la economía mundial, el cambio climático sigue avanzando. Esta crisis ha puesto de manifiesto la insuficiencia de la respuesta mundial a las emergencias climáticas y de biodiversidad: a pesar de haberse comprometido a mantener el aumento de la temperatura mundial en 1,5ºC, el mundo sigue en una peligrosa senda de 3ºC.

Debido a la magnitud, el alcance y el ritmo de la pandemia, existe actualmente un riesgo importante de que la respuesta a la crisis de COVID-19 absorba la mayor parte del capital político y los limitados recursos financieros y desvíe la atención de la aplicación de las contribuciones determinadas a nivel nacional.

Por ello, países y sector privado deben reafirmar sus compromisos con el desarrollo sostenible y la adopción de medidas ambiciosas en relación con el clima como el establecimiento de objetivos basados en la ciencia o el impulso de políticas habilitadoras que se ajusten a una trayectoria de 1,5ºC y una economía de cero emisiones de carbono.

La sostenibilidad tiene grandes retos por delante en este nuevo escenario post COVID-19 y un compromiso para mejorar nuestras sociedades orientando este cambio hacia la justicia social y ambiental.

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