La subsistencia de más de 1.000 millones de personas que habitan en unos 100 países está amenazada por la desertificación y las sequías, según datos Naciones Unidas. Son fenómenos que están teniendo grandes impactos en áreas como Centroamérica, donde al cambio climático se suma que están aumentando las superficies dedicadas a monocultivos que consumen mucha agua y de los que son propietarias grandes transnacionales. Así lo denuncia Alianza por la Solidaridad-ActionAid en el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, que se celebra este miércoles 17 de junio.
Informe basado en cuatro investigaciones desarrolladas de manera coordinada en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Colombia por la organización, bajo el título de “Amargo negocio: la caña de azúcar”, pone de manifiesto que la mala práctica de los monocultivos, con un gran impacto socio-ambiental, está asociada a un incremento de la inseguridad alimentaria de las poblaciones, propiciando el aumento de las migraciones desde las regiones afectadas, a la vez que provocan la escasez de agua, su contaminación por agroquímicos, aumentan la deforestación y propician la destrucción de la biodiversidad.
El estudio, realizado conjuntamente con cinco organizaciones en estos países (Madreselva de Guatemala, PRO-VIDA y ASPRODE de El Salvador, APADEIM de Nicaragua y ASOM de Colombia), revela cómo el cultivo masivo de la caña de azúcar está muy lejos de generar el desarrollo económico que el sector azucarero asegura promover en las comunidades. A nivel mundial, su consumo no deja de aumentar debido, fundamentalmente, a su uso en la comida preparada (se alcanzan ya los 35 kilos per cápita al año en los países desarrollados) y también como combustible, bioetanol. Los testimonios y datos recabados reflejan que la agroindustria de la caña de azúcar destruye el entorno ambiental a cambio de salarios de miseria: el equivalente a unos cinco o seis euros al día, según el país. Al mismo tiempo, la contaminación generada por el masivo uso de agrotóxicos, destruye los cultivos de subsistencia de los pequeños agricultores.
Sólo entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua hay actualmente más de 4.300 km2 de explotación azucarera en departamentos que son de alta vulnerabilidad por falta de agua potable para sus poblaciones.
Se trata de un monocultivo que requiere la deforestación de grandes extensiones de terreno. Las organizaciones han recogido testimonios de comunidades como Tiquisate (en Guatemala), donde apenas tienen un 0,5% de sus bosques originales.
“En Tiquisate, no hay cobertura forestal. La producción agrícola y ganadera, la tala inmoderada ha reducido los recursos forestales prácticamente a nada. (…) Esto ha tenido un fuerte impacto en las condiciones climáticas, biodiversidad, conservación de recurso hídrico, el surgimiento de plagas de los cultivos y en términos generales ha significado una degradación ambiental profunda”, se señala.
A ello se suma que una hectárea de caña requiere de media 36 metros cúbicos de agua al día, mientras que una familia de cinco miembros precisa 0,6 metros cúbicos. Para obtener ese recurso en época seca (de noviembre a mayo), las empresas cañeras desvían cauces de ríos y bombean las aguas subterráneas, procesos que deterioran el terreno y favorecen más la desertificación en comunidades que precisan de esos bienes hídricos. Cuando llegan las lluvias, denuncian que les abren diques y presas y el agua inunda sus pequeños cultivos, inundaciones que arrastran la capa fértil de la tierra, favoreciendo su deterioro.
Este agronegocio, recuerda Alianza por la Solidaridad-ActionAid, se suma a los impactos del cambio climático, cada vez más evidentes en Centroamérica, con la ampliación del denominado Corredor Seco, donde están concentradas buena parte de la industria cañera. En definitiva, las comunidades denuncian que cada vez tienen menos suelos de cultivo de calidad, menos árboles, menos agua y que la que hay cada vez está más contaminada con agrotóxicos.
Alianza por la Solidaridad-ActionAid recuerda que es posible otro modelo de producción y de consumo, con una alimentación global que no implique la desertificación del planeta, y que es preciso promover modelos de negocio que no destruyan la tierra de cultivo y permitan la supervivencia de millones de personas que viven de la agricultura en los países en desarrollo.
En este sentido, Almudena Moreno, responsable del programa de Desarrollo Sostenible, señala:“La comunidad internacional debe promover una producción responsable del azúcar y otros monocultivos, imponiendo restricciones al comercio de aquellos cultivos en los que no se garantice un respeto a los derechos ambientales, que están ligados a los derechos humanos. El futuro pasa por promover un consumo responsable de productos que no colaboren en convertir el planeta en un desierto mientras, por otro lado, la alimentación se deteriora quitando medios de vida a las comunidades y haciendo que lo que consumimos sea más insano”.
