La obligación establecida en Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad ha provocado que la información en responsabilidad social mejore con respecto a años anteriores, aunque en la mayoría de las empresas la información está orientada a una exposición de logros empresariales y buenas prácticas, alejada del objetivo de rendición de cuentas que busca la ley. Las áreas con menor grado de transparencia son derechos humanos, corrupción y fiscalidad.
La Ley de Información no Financiera ha tenido efectos positivos, pero aún falta avanzar

El estudio del Observatorio de RSC, “La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35. Análisis del ejercicio 2018“, que se ha presentado hoy de manera virtual, analiza la calidad de la información reportada por las empresas del IBEX 35 en los ámbitos de buen gobierno, corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medioambiente y clientes y consumidores. El estudio además pone el foco en el impacto que la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad ha tenido en el reporte de estas empresas.

El análisis concluye que, pese a que la entrada en vigor de la ley 11/2018 ha tenido un efecto de mejora en aquellos aspectos que recoge le ley, la calidad de la información, sin embargo, no alcanza un nivel adecuado en ninguna de las áreas analizadas.

La puntuación obtenida por las empresas del IBEX 35 se sitúa en 33,62 puntos sobre 100 (26,41 año 2017) siendo las 5 primeras empresas en el ranking: Endesa, REC, Iberdrola, Repsol y Banco Santander. Las 5 últimas empresas del ranking son: Acerinox, Técnicas Reunidas, Viscofán, ACS e IAG.

Clientes y consumidores, seguido de los aspectos laborales, son las áreas sobre las que mejor informan las empresas del IBEX 35. Por el contrario, las áreas con menor grado de transparencia son las relacionadas con los derechos humanos, corrupción y fiscalidad.

Efecto positivo de la Ley 11/2018 pero aún mucho camino por recorrer para una rendición de cuentas real

La entrada en vigor de la Ley 11/2018 ha supuesto que empresas que el año anterior no informaban sobre determinadas cuestiones, este año, hayan hecho un esfuerzo para incluir la información requerida por la ley en el denominado “Estado de Información No Financiera” (incluido en el informe de gestión consolidado). Sin embargo, al no establecer la ley la metodología de presentación de esa información, la empresa, en la mayoría de los casos, se limita a una descripción genérica sin aportar, datos cuantitativos que mejoren la calidad de la información.

La información no resulta homogénea entre el conjunto de empresas analizadas al variar mucho el grado de detalle y por la utilización de indicadores y metodologías  dispares que no cumplen, en muchos casos, con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad que exige la ley. Tampoco se puede considerar que se adapten a los estándares GRI, citados por prácticamente todas las empresas como referencia de reporte para el estado de información no financiera. Estos incumplimientos son omitidos en la práctica totalidad de los casos en la verificación externa del documento, lo que indica que la labor de los verificadores también es manifiestamente mejorable.

Otras conclusiones que destacar:

Fiscalidad responsable

El análisis realizado por el Observatorio de RSC concluye que, pese a que las empresas del IBEX35 aportan más cantidad de información sobre su fiscalidad que en años anteriores, la información no es precisa ni cuenta con el desglose suficiente para evaluar el cumplimiento del compromiso con una fiscalidad responsable.

Así de las 18 empresas que tienen presencia en paraísos fiscales [2], solamente 6 facilitan algún tipo de explicación acerca de los motivos de esta presencia. 30 empresas de las 35 del IBEX tienen presencia en nichos fiscales, pero solo 4 (Endesa, Repsol, Banco Santander e Indra) reconocen a efectos fiscales su presencia en estos territorios.

Otra cuestión no menos preocupante es la información que sobre los impuestos pagados aportan las empresas. Si bien 15 empresas presentan información del impuesto de sociedades pagado por país, ninguna informa sobre el tipo nominal y el tipo efectivo, cuota, base imponible y resultado contable antes de impuestos por país, aspectos básicos junto con la facturación en el país y el número de empleados para poder verificar si la empresa está o no realizando estrategias de elusión fiscal.

En un contexto de crisis social y económica, que va a necesitar de ayudas públicas para afrontar las consecuencias de la crisis, se hace más necesario que las empresas aporten una mayor y mejor transparencia de esta información. Países de nuestro entorno como Dinamarca, Polonia o Francia, ya han anunciado que aquellas empresas que eludan impuestos a través de paraísos fiscales no serán elegibles para las ayudas económicas tras la crisis del Covid-19.

Sin avances en la rendición de cuentas sobre derechos humanos

Sigue siendo el aspecto que peor parado sale en el análisis. Cada vez son más las empresas que aprueban políticas corporativas en materia de derechos humanos, pero sigue sin haber apenas información sobre cómo garantizan la no vulneración de los derechos humanos, especialmente en sus cadenas de suministro globales.

En el contexto actual de pandemia por la Covid-19 muchas empresas afrontan un reto extraordinario para seguir desarrollando su actividad, pero no deben dejar de asegurar el respeto de los derechos humanos. Instituciones internacionales como el Parlamento Europeo, y ONG como European Coalition for Corporate Justice, entre otras, dejan claro que una sólida reconstrucción económica y social debe basarse en una conducta empresarial responsable.

Solo 9 empresas de las empresas analizadas aportan información sobre la realización de auditorías específicas a sus proveedores en materia de derechos humanos.

Es llamativo que aún la mayoría de las empresas siguen sin interiorizar que los riesgos en materia de derechos humanos son los originados por sus operaciones o actividades hacia las personas y el medioambiente, y no el riesgo que supone para la empresa bien sea reputacional, legal o penal. Solo 12 presentan información sobre los riesgos identificados y solo 8 además incluyen riesgos derivados de sus relaciones comerciales, productos o servicios.

Especialmente negativa resulta la información sobre mecanismos de acceso al remedio en caso de vulneración de derechos humanos, ya que solamente 3 empresas, Repsol, Telefónica y Endesa, admiten contar con este tipo de mecanismos.

Pocas empresas pasan a la acción en la lucha contra el cambio climático

Existe un compromiso manifiesto de las empresas del IBEX 35 en la lucha contra el cambio climático, sin embargo, este se circunscribe fundamentalmente a medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Tan solo 7 empresas cuentan con un plan de acción e identifican medidas de adaptación al cambio climático.

Prácticamente todas las empresas aportan información sobre las emisiones de GEI, aunque la evolución es positiva en solo 12 empresas en el caso de emisiones de alcance 1 y de 20 empresas en emisiones de alcance 2. La información sobre otros contaminantes emitidos a la atmósfera es puramente anecdótica. 26 empresas informan de medidas de reducción, pero solo 15 informan del grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

Cada vez más se establece una relación entre las consecuencias del cambio climático y la aparición y propagación de enfermedades infecciosas, como la Covid-19. En este contexto las empresas, actores fundamentales en la lucha contra el cambio climático, deben caminar, como el resto de la sociedad, hacia una transición ecológica. Para ello deben contar además de compromisos, con planes de acción efectivos, cuantificables y medibles y ser capaces de informar cómo están respondiendo a este enorme reto común. Abordar la emergencia climática va a ser trascendental para la reconstrucción y para ello es necesario el compromiso firme y la acción de la empresa en preservar y mejorar el capital natural y el uso eficiente de los recursos. Indicadores como la demanda de la energía o el crecimiento en emisiones son indicativo de que no se está avanzando al ritmo deseado. Es necesario avanzar hacia una economía circular. En este sentido 20 empresas presentan un compromiso en materia de Economía Circular, habiendo suscrito muchas de ellas el Pacto por la Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica. De ellas 15 presentan planes de minimización de residuos, pero tan solo 7 presentan objetivos cuantificables.

No es posible saber si las empresas están tomando medidas eficaces en la lucha contra la corrupción

El impacto social y coste económico de la corrupción hace necesario que las grandes empresas cuenten con procedimientos de debida diligencia acordes a la naturaleza y magnitud de los riesgos en los que pueda incurrir. Sin embargo, pese a que las empresas del IBEX 35 cuentan con compromisos y políticas en materia de lucha contra la corrupción, en la mayor parte de los casos no aportan información sobre procedimientos de gestión de los riesgos de corrupción a los que se enfrentan en su ámbito de actividad. 9 empresas informan que evalúan los riesgos en corrupción, pero son solo 5 empresas las que identifican cuáles son estos riesgos.

Si nos centramos en los controles internos de lucha contra la corrupción, ninguna de las empresas del IBEX 35 presenta información suficiente sobre resultados de la auditoría anticorrupción, y menos aún sobre las medidas adoptadas a consecuencia de la auditoría. Si a esto sumamos que, 14 empresas están supuestamente implicadas en un total de 26 casos de corrupción en España y en otros países y que 20 empresas están supuestamente involucradas en  casos relacionados por competencia desleal activos durante el ejercicio 2018, no es posible determinar si las medidas de lucha contra la corrupción que afirman tener las empresas del IBEX 35 están siendo eficaces.

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