La asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras SEOPAN, advierte que, para efectivamente cumplir con los ODS, se deberá invertir una gran suma de dinero en infraestructuras prioritarias medioambientales y sociales, en los próximos 10 años. España presenta un panorama complejo para cumplir los ambiciosos objetivos de desarrollo del milenio propuestos por la ONU.
España debería invertir 103.000 millones de euros para cumplir los ODS

El país se encuentra lejos de poder alcanazar las metas propuestas por la ONU para 2030. España sigue en mínimos históricos de inversión pública, los cuales en la actualidad equivalen al PIB al de 1980. A pesar de la recuperación de la contratación pública del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2019, el volumen contratado por nuestras Administraciones Públicas en 2019 es de 9.890 M€, un 42% inferior al realizado con anterioridad al inicio de la consolidación fiscal en 2010. Esta situación implica que, a este ritmo de inversión y contratación, los ODS quedan cada vez más lejos.

SEOPAN se centrá en el cumplimiento de los ODS número 3,6,9,11 para afirmar que es urgente que se realice inversión pública en materia de infraestructura. Según Julián Núñez, presidente de SEOPAN, “La coyuntura de gasto y previsiones de nuestra agenda social (pensiones, salud y educación) no permite incrementar un 40% la inversión pública para cumplir dichos Objetivos, por lo que la única opción viable es recuperar el modelo concesional, en desuso desde 2012, y poner en valor los activos públicos que tenemos mediante la participación de los usuarios directos en su sostenibilidad económica, en particular nuestra red de carreteras, al igual que hacen el resto de países de la Unión Europea”.

El ODS 3 relacionado a “Salud y Bienestar” es el primero que analiza y sostiene que, para alcanzarlo, será preciso reducir a la mitad las lesiones y muertes por accidentes de tráfico, que, según la Asociación Española de la Carretera (AEC) se concentran en un 78% en las vías convencionales, implicando un coste por daños personales de más de 10.000 M€/año. En este sentido, y debido a que las medidas regulatorias y de innovación enfocadas a mejorar la seguridad vial están en decadencia, será necesario invertir en esta infraestructura 2.200 millones de euros.

Avanzando con los ODS, para lograr el ODS 6 “Agua limpia y saneamiento” y terminar con 29 años de incumplimiento de la directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, habría que invertir 3.506 M€ en infraestructuras de depuración, ya que, actualmente, solo un 32% de nuestros municipios de más de 10.000 habitantes dispone de sistemas de depuración terciarios y las sanciones de la Comisión Europea (CE) desde 2018 representan 32,7 M€.

Por su parte, el ODS 9 “Industria, Innovación e Infraestructura” queda lejos si se tiene en cuenta que en el periodo 2008/2018 las pérdidas en distribución de agua han aumentado del 24% al 26% mientras que la inversión en la red se ha reducido un 40% (datos del Instituto Nacional de Estadística). España tiene la cuota de transporte ferroviario de mercancías más baja de la UE, aun siendo este medio de transporte 5 veces más eficiente que el resto de modos. De este modo, habría que invertir 2.898 M€ en mejorar la calidad de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua, 7.000 M€ en conservación de carreteras y 7.650 M€ en infraestructuras regionales y transfronterizas de transporte ferroviario.

Del mismo modo los ODS 11 y 15 están lejos de ser alcanzados para España. En primer lugar, el número 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, ya que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, varias regiones españolas superan límites de contaminación anual además de que un 22% de las viviendas siguen sin servicios de depuración y un 4% sin servicios de alcantarillado. A pesar del incremento de la población urbana, se ha reducido a cero la inversión pública en transporte. Por otro lado, el ODS 15 reclama luchar contra la desertificación, la sequía e inundaciones que, en el caso de España, son causa de las mayores catástrofes naturales (los daños en bienes, personas y pérdidas pecuniarias ascienden a 5.320 M€ desde 1981). Además, el 72% de la superficie española sufre estrés hídrico severo y un 50% está en riesgo de desertización. Hacer frente a estos retos, requeriría invertir 2.910 M€ en infraestructuras para prevenir la desertización y la sequía.

Es claro entonces que, para alcanzar los tan afamados ODS, no lacanza con meras declaraciones de buenas intenciones, sino que, por el contrario, invertir en obra pública será central para que estos objetivos no sean meras utopías.

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