España ha subido cuatro puntos en relación con el año 2018 cuando obtuvo 58/100 puntos. El informe correspondiente al año 2019 indica que la puntuación es 62/100. Esto muestra, al menos de forma indiciaria, que, en términos de percepción de expertos, las primeras sentencias recaídas en varios de los escándalos de corrupción aflorados en los últimos años, así como la moción de censura a la que se ha visto expuesta el anterior gobierno como consecuencia de una de las sentencias más importantes y de repercusión internacional conllevando por primera vez en democracia a un cambio de gobierno, han tenido un impacto importante. Sin embargo, ello no permite afirmar que España haya mejorado en la implementación de mecanismos de prevención de la corrupción, ni que todavía se hayan llevado a cabo las reformas legales necesarias.
Por otra parte, si bien se muestra una mejora en relación a años anteriores, expertos de Transparency International (TI) explicaron que para que los cambios sean estadísticamente significativos, un país debe ir en línea ascendente durante 4 años consecutivos. España ha avanzado, pero aún no es suficiente. Silvina Bacigalupo Saggese, presidenta de TI España afirmó sobre esto: "es una buena señal, pero es una señal que indica necesidad de acción".
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) ha estudiado180 países, de entre los cuales España ocupa la posición número 30. Por otro lado, España se ubica, junto con Portugal, en el puesto número 13 entre los 28 países de la Unión Europea. Si bien el panorama ha mejorado en el último año, los expertos de TI España consideran que una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y su competitividad a nivel global.
Resulta central para el funcionamiento democrático que los estados sean sistemáticos en la lucha por la corrupción. En este sentido, TI España señala una vez más que reducir la corrupción es fundamental para garantizar la integridad política y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, además, sostienen que: "la prevención de la corrupción no es una tarea titánica, no es ni costoso ni inaccesible” por eso debe estar entre las prioridades de los gobiernos. Resulta interesante rescatar del informe, que el IPC del 2019 demuestra que existe una relación directa entre dinero, política y corrupción. En este sentido, los expertos indican que los países que obtienen un buen resultado en el IPC cumplen altos estándares en sus respectivas regulaciones sobre la financiación de las campañas electorales, así como con procesos amplios y participativos de consultas. Los países con las regulaciones más exhaustivas en financiación de los partidos políticos y campañas electorales y con mayor transparencia respecto de estos aspectos, tienen una puntuación media de 70 en el IPC. Por el contrario, los países donde las regulaciones no existen o su cumplimiento es deficiente obtienen una media de 34 y 35, respectivamente.
Siguiendo este análisis, actualmente que España ha recuperado el ordinario funcionamiento del parlamento y formado gobierno tras las últimas elecciones generales, se debe promover especialmente el diseño de una estrategia holística de prevención y lucha contra la corrupción, que permita superar el diagnóstico de los escándalos de corrupción y pasar a la acción en la implementación de los necesarios mecanismos de prevención resultantes del análisis profundo de las causas concretas que en España han dado lugar a los escándalos de corrupción en democracia. No debemos olvidar que tal como resaltan los miembros de TI: “La lucha contra la corrupción es la lucha por la igualdad de derechos”
