El análisis llevado a cabo por más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, revela que entre la Unión Europea y los Estados Unidos son responsables del coste de más de la mitad (el 54,3%) de los daños que causarán los desastres climáticos en los países en desarrollo del sur. Una conclusión que se presentará en la COP 25 que se celebrará en Madrid del 2 al 13 de Diciembre bajo presidencia de Chile.
Esta investigación muestra claramente cuánto se debe y por quién, siendo una oportunidad crucial para los países ricos y las industrias contaminantes que han provocado en mayor medida la crisis cumplan con su responsabilidad frente a los más afectados por los desastres climáticos. Las organizaciones que han trabajado sobre este tema, consideran que los gobiernos que acuden a la COP 25 deben acordar de forma urgente innovadoras fuentes de financiación, como son los nuevos impuestos a los combustibles fósiles y a las transacciones financieras, para poder contar con recursos económicos que entregar a gran escala a los países que ya están en la primera línea de la crisis climática y que por ello tienen que incurrir en grandes costes que les generan mayor deuda pública y más empobrecimiento.
Como ejemplo, se destaca el caso de Mozambique, uno de los países del sur de África que actualmente experimentan una crisis alimentaria que afecta a 45 millones de personas. A principios de 2019, muchas comunidades fueron golpeadas por dos ciclones sin precedentes, Idai y Kenneth, que mataron a 648 personas, desplazaron a millones de mozambiqueños y destruyeron hogares, infraestructuras y cultivos, causando daños por 2,7 millones de euros.
Tras el exhaustivo análisis, las organizaciones han calculado la "parte justa" de responsabilidad de cada país basándose en las contribuciones históricas de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de su capacidad para tomar medidas climáticas en relación a sus ingresos nacionales. Teniendo en cuenta ambas variables, el informe muestra que Estados Unidos debe proporcionar, al menos, el 30,4% de las pérdidas y daños que causará el cambio climático, seguido de la UE, con el 23,9%. India, en comparación, sólo sería responsable del 0,5%, dado que los cálculos se hicieron con el año 1950 como referencia para calcular las emisiones contaminantes.
Para compensar las estimaciones del coste económico en pérdidas y daños en los países en desarrollo, se debería proporcionar financiamiento nuevo y adicional de 45.300 millones de euros para 2022, que aumentarían a 272.000 millones en 2030, a través del Mecanismo Internacional de Pérdidas y Daños de Varsovia (WIM) que se aprobó en la Cumbre del Clima de 2013. Desde su aprobación, ambas organizaciones aseguran que no se ha logrado concretar soluciones para su financiación y sugieren nuevas tasas a sectores económicos muy contaminantes, tales como gravámenes aéreos y marítimos, impuestos a la extracción de petróleo, gas y carbón o un impuesto sobre transacciones financieras.
El estudio también estima que en Europa deberían reducirse la emisiones de gases con efecto invernadero en torno al 160% por debajo de los niveles de 1990 para 2030, para ello se requiere acciones tanto dentro de la región europea como fuera de sus fronteras. Dos medidas que estas organizaciones proponen es proporcionar a los países en desarrollo financiación, tecnología y desarrollo de capacidades para apoyar la mitigación, la adaptación y los esfuerzos para abordar las pérdidas y daños asociados con el cambio climático. Otra de ellas es apoyar el desarrollo de un plan de solidaridad global para permitir la descarbonización rápida, el desarrollo sostenible y compatible con el clima para todos, incluidas especialmente las personas más pobres del mundo, que viven en países en desarrollo.
La directora de Programas de Alianza por la Solidaridad-Action Aid, Cristina Muñoz, señala: “Es importante ser conscientes de que en la actualidad no hay una voluntad política real de poner freno a la emergencia climática ni a poner en marcha un sistema de justicia climática como es este fondo, que no vemos que se materialice en compromisos y contribuciones hoy ya imprescindibles, pero la sociedad civil le está diciendo a los gobiernos que no podemos esperar y este mensaje debe quedar claro en la COP 25. A ver si su lema, ‘Tiempo de actuar”, se convierte una realidad”.
Entre las propuestas que establecen para la COP 25, destacan:
