Según el académico de la Universidad de Vigo, Xavier Labandeira, los impuestos energético-ambientales (IEA) son absolutamente necesarios para una verdadera transición ecológica, en el caso particular español, se arrastran serios problemas estructurales debido a unos bajos niveles impositivos históricos, la sorprendente falta de actuación durante la crisis económica y la recuperación, y la descoordinada acción autonómica.
Ambos académicos de la Universidad de Vigo y la UNED destacan, según propuestas del informe ‘Impuestos energético-ambientales en España: Situación y propuestas eficientes y equitativas’, la necesidad de un impuesto sobre los billetes de avión que prevea una devolución para las rentas más bajas, la igualación al alza de los tipos impositivos de la gasolina y el diésel o un impuesto sobre el uso de los vehículos por carretera, haciendo especial hincapié en el escaso uso en España de este tipo de fiscalidad clave para la transición energética.
Desde la UNED, Labeaga defiende un impuesto especial para diésel y gasolina, así como paquetes compensatorios para los hogares con menos recursos. Además, señala que los tipos impositivos sobre los carburantes en España han evolucionado a la baja, representando según sus palabras, una auténtica “anomalía” y aclara que ya no hay pretextos para colocarnos en sintonía con los países de la región si se pretende acometer una transición justa.
La conclusión del informe es que la aplicación de los IEA redundaría en el ahorro energético, con efectos en general favorables sobre medioambiente, bienestar y eficiencia. Los datos apuntan a que en España, la huella recaudatoria promediaría unos 5.000 millones de euros, y se conseguirían reducciones de demanda energética y emisiones de CO2 próximas al 5%, teniendo impactos sobre PIB, empleo, bienestar y precios modestos y positivos en muchos casos. Pero la realidad es que a nivel central, los sucesivos gobiernos españoles han sido reacios a utilizar los IEA y cuando lo han hecho ha sido para resolver problemas regulatorios y recaudatorios puntuales.
Están en juego importantes factores externos, no solo ambientales, que tienen que ver con el transporte por carretera, las necesidades recaudatorias del gobierno español o los problemas asociados a dependencia energética y volatilidad de precios. Ante este contexto, el informe aconseja una importante reforma de la fiscalidad aplicada sobre el transporte rodado, que además sea equitativa. De hecho, a corto y medio plazo, se propone que las acciones se orienten a incrementar la capacidad recaudatoria y de corrección de externalidades de los impuestos existentes, a través de la igualación al alza de los tipos impositivos de gasolina y diésel o el impuesto de matriculación, como otra figura importante para incentivar la transición hacia un transporte más sostenible a corto y medio plazo.
Los autores van un paso más allá, consideran que a largo plazo será necesaria una transformación más profunda de los impuestos aplicados sobre el sector, porque los impuestos actuales no tienen capacidad para abordar adecuadamente la mayoría de los efectos externos asociados al transporte. Por ello, los autores recomiendan los impuestos sobre el uso del vehículo, con tipos impositivos variables en función de la localización, el momento del día y el tipo de vehículo. Pero esto no lo es todo, el estudio propone un impuesto a los billetes de avión similar a los que ya tienen otros países europeos, teniendo en cuenta los niveles de renta, se incluiría la devolución personalizada por debajo de cierto nivel de renta y con un límite anual de vuelos.
En el acto de presentación del estudio, participaron además de los autores, Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones; Ramón Castresana Sánchez, director de la Fundación Iberdrola; Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Gonzalo Sáenz de Miera, director de Cambio Climático de Iberdrola; Isabell Buschel, coordinadora de Transport and Environment España; Bruno Estrada, economista adjunto a la secretaría general de CCOO; Alicia Cantero, responsable de Incidencia Política de Greenpeace; y Joaquín González-Blas, director de Energía de Alcoa.
