Según el comunicado del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, en las Naciones Unidas se está elaborando un tratado para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. La ECCJ, las ONG y los sindicatos esperan que la Unión Europea (UE) desempeñe un papel constructivo en las negociaciones respaldadas por las Naciones Unidas.
Esta petición llega un día después de que miembros del Parlamento Europeo preguntaran al Comisario designado de Justicia, Didier Reynders, que pasos tomaría para garantizar que las empresas que operan en la UE cumplan con estándares de derechos humanos y de medio ambiente, y para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de abusos corporativos. El Sr. Reynder admitió que las medidas voluntarias no están funcionando para promover una conducta empresarial más responsable, mientras tanto la sociedad civil espera que su equipo presente una propuesta legislativa en materia de debida diligencia para la UE.
Las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos abajo firmantes, piden una legislación comunitaria eficaz que establezca un marco obligatorio de derechos humanos y de diligencia debida sobre el medio ambiente para las empresas, las compañías y las instituciones financieras que operan u ofrecen un producto o servicio dentro de la UE. Esa legislación debería establecer el deber de las empresas de respetar los derechos humanos y el medio ambiente y exigir a las empresas y a las instituciones financieras que identifiquen, prevengan, mitiguen y rindan cuentas de los abusos y los daños en sus operaciones, actividades, productos, servicios, cadenas de suministro y exportaciones nacionales y mundiales.
Algunas empresas e instituciones financieras ya están tomando medidas para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones globales, filiales, carteras y/o cadenas de suministro. Sin embargo, demasiadas otras están relacionadas con abusos graves. Las condiciones de trabajo explotadoras, incluidas la esclavitud moderna y el trabajo infantil; la discriminación y la violencia por motivos de género; las violaciones de los derechos sindicales y de los trabajadores; la corrupción y la evasión fiscal; la contaminación tóxica; la destrucción desenfrenada de los bosques; la crisis climática; la apropiación de tierras y los desalojos de pueblos indígenas y comunidades locales; y los ataques violentos contra los defensores de los derechos humanos, del medio ambiente y de la tierra, están muy extendidos en las cadenas de valor mundiales de las empresas que realizan actividades empresariales en la UE. Las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, los trabajadores y sus sindicatos, los defensores de los derechos humanos y los grupos marginados tienden a verse particularmente afectados.
La política y la legislación actuales de la UE no abordan adecuadamente este reto. A pesar de la creciente atención que se presta a estas cuestiones, en la UE todavía no existen leyes intersectoriales que exijan a las empresas e instituciones financieras que identifiquen, prevengan, mitiguen y den cuenta de las violaciones de los derechos humanos y de los daños ambientales de sus operaciones, filiales o cadenas de valor. La ausencia de tales leyes hace imposible que las empresas sean legalmente responsables cuando descuidan su responsabilidad de respetar los derechos humanos y el medio ambiente. Mientras tanto, los consumidores de toda la UE compran productos y servicios contaminados por los abusos y la devastación del medio ambiente, y millones de ahorradores invierten sus ahorros (de pensiones) en empresas que están detrás de estos abusos. Es hora de cambiar esto, la confianza en un enfoque voluntario para promover el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente por parte de las empresas ha demostrado ser insuficiente y no evita las violaciones de los derechos humanos y los daños ambientales.
Por lo tanto, ¿Qué pide la sociedad civil y cómo cambiaría las cosas?
La debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente es un concepto familiar para las empresas y los gobiernos. La norma ya ha sido establecida en detalle en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en las Directrices de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable, así como en las Directrices de la OCDE sobre diligencia debida para sectores específicos y generales. Tras la adopción por Francia de una ley de vigilancia en 2017, otros países están adoptando o debatiendo una legislación similar. Varias empresas, a veces apoyadas por iniciativas de múltiples partes interesadas, ya cuentan con sistemas para aplicar estas directrices. Ha llegado el momento de que la UE se base en estos precedentes y armonice las expectativas con respecto a las empresas jurídicas, protegiendo tanto los derechos humanos como el medio ambiente.
Los titulares de derechos, en particular los trabajadores, sus sindicatos y las comunidades afectadas, deben participar en la negociación y aplicación de los planes de diligencia debida. Debido a su influencia como accionistas, los inversores deben tratar activamente de garantizar que dichos planes estén en marcha. Si una empresa no respeta sus obligaciones y se producen abusos, deben existir vías para que rinda cuentas ante los tribunales y para que las víctimas de abusos reciban justicia y recursos. En definitiva, se necesita una nueva legislación vinculante de la UE que aumente la protección de las personas y las comunidades, los trabajadores y sus representantes, los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente.
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