Esta investigación, basada en 18 entrevistas realizadas a mujeres que participan y lideran la defensa de ríos, bosques, acuíferos, reservas naturales o montes contra diferentes inversiones (hidroeléctrica, minas, urbanizaciones, etcétera) pone de manifiesto los diversos impactos que sufren en sus vidas, a los que se quiere poner fin con esta campaña, que durará tres años.
El Atlas de Justicia Ambiental tenía registrados a comienzos de 2019 un total de 2.688 casos de conflictos en el mundo relacionados los territorios, casi todos con empresas que, sin embargo, no están sujetas a nivel internacional a ningún tratado vinculante a nivel internacional que les obligue a cumplir los Derechos Humanos y ambientales. Por el contrario, sólo entre 2015 y 2016 se contabilizaron en la región 2.197 agresiones contra defensoras; entre ellas, las defensoras ambientales fueron las más agredidas.
El informe señala que en un 54% de los casos son agredidas por dirigentes políticos, policías, militares, jueces y fiscales, a quienes acusan de velar más por los intereses de las compañías que por la población afectada por sus proyectos. Un 13% son atacadas o amenazadas en sus entornos privados (en su comunidad, las organizaciones y las familias), dado que es muy frecuente que las empresas sigan la estrategia de generar graves divisiones en las comunidades.
La mayoría son amas de casa y campesinas, con numerosas cargas familiares, que se ven impelidas a participar en las luchas al ver los impactos que están afectando a su entorno y, por tanto, al futuro de sus hijos e hijas. “Nos sentimos con responsabilidad de cuidar la tierra y el agua para ellos”, señalan en las entrevistas. Lo hacen pese a que el activismo no es bien acogido ni en sus familias (padres, madres, esposos, hermanos...) ni en sus comunidades ni en los propios movimientos de resistencia y organizaciones, entre las que sienten que su voz no es tan valorada como la de los hombres.
Las defensoras sufren campañas públicas de desprestigio social, criminalización, difamación y estigmatización que son comunes a las de los hombres, pero en su caso tienen un marcado sesgo de género. En estas campañas se realizan ataques directos a su dignidad personal (les llaman ‘prostitutas’, ‘alborotadoras’, “malas mujeres”, les dicen que “destrozan familias’, que ‘son provocativas en su forma de vestir’, etcétera). También reciben acoso sexual por parte de sus compañeros.
Otra forma de desprestigio alude a su género, con mensajes que las califican de malas madres y malas esposas porque dejan a los hijos sin comer o su casa y marido sin atender al estar en los movimientos de resistencia. Sin embargo, todas compaginan ambas actividades. Toda las entrevistadas con familia aluden a las dificultades de estar en la lucha y atender a la vez sus hogares, con doble o triple jornada, lo que genera un impacto en su salud física y emocional. A nivel laboral, muchas pierden sus empleos o reciben ‘vetos’ para encontrar trabajo por revoltosas, lo que supone un alto coste para la economía familiar.
Varias entrevistadas denuncian que sus vidas han sido amenazadas, que son vigiladas en sus domicilios por desconocidos, que han recibido agresiones de fuerzas de seguridad. Sin embargo, salvo amenazas directas y con pruebas, afirman que no tienen ninguna protección especial, a lo que hay que añadir que la mayoría carece de recursos económicos para poderse costear los abogados que les asesoren en los trámites, si bien cuentan con el apoyo de ONGs. 
A la presentación en Madrid, han asistido dos de las protagonistas de la campaña: Ana Rutilia, desde Guatemala, y Sonia Sánchez, desde El Salvador. También ha estado presente la autora del informe, la periodista Rosa M. Tristán, la directora de Alianza por la Solidaridad, Ana Rosa Alcalde, y la responsable de la campaña DesTieRRRadas, Almudena Moreno.
La campaña DesTieRRRadas tiene entre sus objetivos, en un plazo de tres años:
