Si añadimos a los desempleados e inactivos que quieren trabajar, hay casi 10 millones que están en una situación potencialmente vulnerable ante el empleo. Y solo seis de cada diez saldrá de ella durante este año. El 40%, unos cuatro millones de personas restante quedará atrapado en el desempleo y la precariedad laboral.
De estos cuatro millones de personas (172.000 menos que el año anterior), 1,53 millones (273.000 menos) estarán en riesgo de seguir sin empleo y otros 2,47 millones (101.000 más que en 2016) estarán en riesgo de pobreza en el trabajo. Además, hay que tener en cuenta que el 75% de ellos no percibe prestación alguna. Los datos pertenecen al segundo estudio de Vulnerabilidad y Empleo elaborado con datos de 2017 por Accenture, Fedea y diferentes entidades sociales que colaboran con la iniciativa Juntos por el Empleo de los más Vulnerables, como Cruz Roja Española, Inserta F. Once, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Tomillo y Foessa.
El estudio ofrece más cifras negativas. Por ejemplo, que de los 4,78 millones de personas que pertenecen a colectivos vulnerables y viven en hogares de bajos ingresos y/o hogares de baja intensidad laboral, solo 780.000 saldrán de esta situación de especial vulnerabilidad ante el empleo, los 4 millones restantes tienen alta probabilidad de seguir en la trampa del desempleo o la precariedad laboral en los 12 meses siguientes.
En cuanto a su perfil, el 50% de la población vulnerable se encuentra entre 35 y 54 años; más del 57% son mujeres; un 59% sólo tiene estudios iguales o inferiores a la ESO (primera etapa de la secundaria) y un 28,3% de las personas especialmente vulnerables ante el empleo en España reside en Andalucía, seguida de la Comunidad Valenciana (11,4%), Cataluña (10,5%) y la Comunidad de Madrid (10,1%).
Si hablamos de las que sufren pobreza aún trabajando, el 57,5% de las personas que seguirán atrapadas en una situación de precariedad laboral son mujeres con estudios iguales o inferiores a la ESO, y más de la mitad reside entre las comunidades de Andalucía, Valencia, Cataluña y Madrid. El estudio define esta precariedad refiriéndose a personas que acumulan a lo largo del año contratos de corta duración y/o jornadas laborales reducidas, que no les permiten tener ingresos que alcancen un salario mínimo (el umbral salarial se ha establecido en un salario mensual a tiempo completo equivalente inferior al 60% de la mediana).
De los 5,5 millones de trabajadores en situación de precariedad, un 60% se encuentra entre 24 y 45 años. Hay más mujeres que hombres (58%) y aunque el 4% sólo tiene estudios iguales o inferiores a la ESO, se observa que más de un tercio tiene estudios superiores y el 90% ni está inscrito como desempleado ni percibe prestación alguna. Además, 1,7 millones vivían en hogares de bajos ingresos o baja intensidad laboral y, de estos, casi 1 millón residía en hogares donde ni siquiera se percibían prestaciones.
El concepto de empleo vulnerable fue introducido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y engloba a los trabajadores autónomos y a las ayudas familiares. sobre el empleo total. Estos empleos están sometidos con frecuencia a precariedad y tienen un acceso limitado a la protección social. La OIT (2017) estima que un 46% del empleo a nivel mundial/global se ajusta a este definición (1.500 millones de personas).
