La obligación de los Estados es llevarlos a la práctica mediante la adopción de planes de acción nacionales. El pasado 28 de julio se aprobaba el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos en España.
El fin último de un plan en esta materia debería ser el de prevenir, minimizar y abordar los potenciales abusos de derechos humanos cometidos por las empresas españolas y reforzar los mecanismos sancionatorios y de reparación para las víctimas de estos abusos. Nos preguntamos si el plan aprobado es un incentivo suficiente para modificar conductas empresariales en el respeto de los derechos humanos.
Hemos hablado con Adela Díaz, directora de la Oficina de Derechos Humanos.
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