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La compañía española se ha comprometido a prestar atención a los clientes en situación de vulnerabilidad y a colaborar, según las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas

Iberdrola ya cubre en España a todos sus clientes residenciales (7,35 millones) de la suspensión del suministro eléctrico y/o de gas por impago de la factura, en el marco de los diversos convenios sellados con Administraciones Públicas, ONG y asociaciones o del procedimiento puesto en marcha por la compañía en 2015 para la protección a clientes vulnerables, lo que ratifica su compromiso con los ciudadanos económicamente más desfavorecidos de nuestro país.

Desde finales de julio de 2015, Iberdrola ya ha firmado 53 convenios con comunidades autónomas, federaciones de municipios y provincias, ayuntamientos, ONG y asociaciones para la protección de estos clientes:

Castilla y León -y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) de esta región-, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cantabria, Andalucía, Región de Murcia, la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), Extremadura -y la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMPEX)-, por un lado;

Bilbao, Castellón, Vitoria, Alicante, Valencia, Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Almassora, Elche, Cáceres, Logroño, Torrevieja, Talavera de la Reina, Gijón, La Unión, Caravaca, Mancomunidad de Servicios del Noroeste de Murcia, San Sebastián, Cehegín, Sevilla, A Coruña, Torre Pacheco, Irún, Lasarte, Salamanca, Calahorra y Lorquí, por otro;

También Cruz Roja de Murcia, Cáritas de Murcia, Cáritas de Plasencia, Cruz Roja de La Rioja, Cáritas de Coria-Cáceres, Cruz Roja de Extremadura, Cruz Roja de Canarias, Cáritas Diocesana de Menorca, Cruz Roja Baleares, Cruz Roja Galicia, Cruz Roja Cataluña, Accem Asturias y Accem Madrid. Y, finalmente, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP).

La protección es de aplicación a todos aquellos consumidores que tengan contratado el suministro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola y que estén considerados clientes en situación de vulnerabilidad.

Esta firme apuesta de Iberdrola, en el marco de su compromiso con los principios de solidaridad y servicio a la comunidad, responde a la aprobación y aplicación en 2015, por parte de la compañía, de un procedimiento de protección a clientes económicamente vulnerables en nuestro país, en consonancia con la nueva Política General de Responsabilidad Social Corporativa (RSC/RSE) del Grupo.

El objetivo de esta política, impulsada desde el Consejo de Administración de Iberdrola, es establecer los principios básicos y el marco general de actuación para la gestión de las prácticas de responsabilidad social corporativa que asume la compañía, así como servir de base para la integración de la responsabilidad social en el modelo de negocio del Grupo y en su estrategia.

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