Un asunto capital en el sector de la Responsabilidad Social o RSE/RSC/Sostenibilidad el control de los proveedores. El prestigioso periódico británico The Guardian ha realizado una investigación y ha concluido que proveedores de Samsung y Panasonic están cometiendo abusos laborales en Malasia. En concreto, se denuncia que trabajadores de las cadenas de suministro de estas reconocidas marcas de electrónica estarían siendo engañados, explotados y mal pagados.
Las dos compañías han iniciado investigaciones para tener más detalles de lo que ocurre en sus proveedores. Los relatos de los trabajadores al medio inglés detallan que éstos habían sido engañados acerca de la paga, tenían sus pasaportes confiscados y se les había dicho que debían pagar grandes multas si querían regresar a Nepal antes del final de su contrato.
The Guardian habló con 30 inmigrantes nepaleses que fabricaban productos para Samsung y Panasonic. Algunos de los que trabajan para Samsung son empleados directamente por la empresa, pero la mayoría son contratados a través de una empresa de suministro de mano de obra. Los trabajadores que ensamblan o fabrican piezas para Panasonic están empleados por empresas de subcontratación."Me duele el corazón",les dijo un joven que trabaja en una fábrica que fabrica microondas para Samsung. "No me dieron el trabajo que me prometieron. Estoy haciendo un trabajo muy difícil. No tengo el salario que dijeron que recibiría".
Tanto Panasonic como Samsung prohiben a sus proveedores confiscar pasaportes o cobrar a los trabajadores migrantes las cuotas de reclutamiento. Sin embargo, todos los hombres entrevistados por el reconocido periódico afirmaron que pagaron hasta 1.000 libras a agentes de reclutamiento en Nepal para asegurar sus empleos en Malasia. Todos ellos también afirmaron que sus pasaportes fueron confiscados a su llegada al país, ilegal según la ley laboral de Malasia. Los trabajadores dijeron que esto restringe su libertad de movimiento y los deja abiertos a la detención de las autoridades. Sin sus pasaportes, los trabajadores dijeron que no podían dejar libremente su trabajo y regresar a su país sin pagar multas equivalentes a tres o cuatro meses de sueldo básico.
