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Una larga investigación de la ONG Alianza por la Solidaridad revela que más de 29.000 indígenas quekchí en Guatemala ven cada día cómo el Río Cahabón, junto al que viven, está perdiendo peligrosamente su caudal a causa de la construcción del complejo hidroeléctrico Renace. La multinacional española ACS es la encargada realizar parte de las obras

La ONG Alianza por la Solidaridad ha investigado el caso y denuncia los graves impactos en el medioambiente y en los derechos de las comunidades que viven en las orillas del río, así como la criminalización de los opositores al proyecto, que conllevará esta gran obra de cinco fases a lo largo de unos 30 kilómetros del cauce.

Renace, que será la hidroeléctrica más grande del país, está gestionada por el grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI), que ha subcontratado tres de las cinco fases de la construcción a la compañía española Grupo Cobra (ACS), presidida por Florentino Pérez. La vida de más de 29.000 personas de Alta Verapaz en Guatemala podría cambiar si la constructora parara las dos últimas fases que están en construcción y planificación antes de que el río se seque. 

Un aspecto esencial de la Responsabilidad Social Empresarial/Corporativa (RSE/RSC) es la consulta con los grupos de interés. Pero la empresa del todopoderoso presidente del Real Madrid la obvia. "Consideramos muy grave que no se haya realizado una consulta previa e informada a las comunidades quetchí afectadas por el proyecto como obliga la legislación internacional suscrita por Guatemala", señalan desde la ONG. COBRA/ACS, que participa en tres de las cuatro fases en marcha, no se considera responsable de los impactos de la inversión y olvida que también está sujeto a la protección de los derechos humanos, al ser responsable directo de la desaparición del caudal, y por tanto del acceso al agua y de la contaminación.

Alianza por la Solidaridad considera que la única alternativa aceptable pasa por la suspensión de las obras de RENACE IV y V hasta que se realice una evaluación exhaustiva sobre los impactos sociales, económicos y ambientales del conjunto del complejo hidroeléctrico. El proyecto ha de garantizar, además de su rentabilidad, el derecho al agua, la participación, la información, la igualdad y la no discriminación, así como los mecanismos de reparación o resarcimiento necesarios.

Puede firmar para pedir la paralización de las obras aquí 

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