Desde la Generalitat Valenciana se ha impulsado la firma de un acuerdo con varias empresas que comercializan distintos servicios del sector energético para evitar cortes de agua, luz y gas a personas y familias en riesgo y en exclusión social. Estas familias podrán solicitar un informe de los servicios sociales municipales para paralizar el proceso de suspensión del suministro mientras la Generalitat gestiona el pago de las facturas adeudadas.
El acuerdo ha sido suscrito este miércoles por los representantes de Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola, y por el president de la Generalitat, Ximo Puig, en un acto al que también han acudido la consellera de Vivienda, María José Salvador, y la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, cuyo departamento coordina las políticas de lucha contra la pobreza energética.
Ximo Puig, president de la Generalitat, ha recalcado la esencialidad de este acuerdo porque "mejora la vida de las personas con más necesidades", y ha resaltado que el objetivo del Consell con este convenio es lograr que las familias valencianas "tengan un invierno digno", y no tengan la "pobreza energética entre sus preocupaciones".
El president ha asegurado que desde el Gobierno valenciano se va a seguir trabajando para que la pobreza energética "no exista en la Comunitat Valenciana", para lo que se ha puesto en marcha un Plan Valenciano de la Lucha contra el Empobrecimiento Energético, en el que además de acuerdos con las comercializadoras también se contemplan ayudas directas a los ciudadanos.
La vicepresidenta del Consell ha destacado la importancia de acuerdos como los de hoy que permiten que las grandes empresas se comprometan con lo que es un "derecho constitucional" de los ciudadanos y ha manifestado el compromiso del Consell en seguir trabajando para que se sumen el resto "con iniciativas de responsabilidad social corporativa como ésta, que evitará los cortes de suministros básicos o al menos avisará a los servicios sociales para que adopten medidas de protección social".
Este acuerdo beneficiará inicialmente a 12.000 hogares, aunque el objetivo es llegar a los 50.000. Las ayudas para evitar la pobreza energética será en los casos de corte de suministro eléctrico o de gas de 75 euros por recibo mensual y hasta un máximo de 300 euros por consumidor y año, y en caso de corte de agua potable, hasta 15 euros por recibo mensual y un máximo de 60 euros por consumidor y año. Asimismo podrán ser objeto de ayudas los costes ocasionados para restablecer los suministros en el caso de que se haya producido su corte.
Los servicios sociales de los ayuntamientos adheridos serán los encargados de detectar los hogares en situación de vulnerabilidad, con serias dificultades para el pago del suministro de electricidad o de gas, o que ya hayan sufrido un corte de suministro a su vivienda habitual, y de ser así realizarán una valoración para determinar si pueden ser beneficiarios de la ayuda.
De ser así, lo pondrá en conocimiento de las empresas suministradoras y de la administración autonómica y se paralizará el procedimiento de suspensión del suministro mientras se gestiona el pago de las facturas adeudadas. Asimismo si reúne los requisitos, los servicios sociales lo pondrán en conocimiento de la comercializadora y de la Conselleria y se paralizará el procedimiento de suspensión del suministro mientras se gestiona el pago de las facturas adeudadas.
