Convergència i Unió llevó al Congreso de los Diputados una proposición de ley, este pasado martes, por la que se instaba al Gobierno a adoptar una serie de medidas para el apoyo al emprendimiento y a la economía social pero el PP la rechazó por no cumplir con "la dimensionalidad y transversalidad necesaria". El portavoz de Asuntos Sociales y de Empleo de CiU, Carles Campuzano, la defendió, ante un hemiciclo frío y con más de la mitad de las butacas vacías, afirmando que "es una iniciativa que forma parte de la lógica de la innovación social".
Carles Campuzano, durante su intervención el Congreso de los Diputados expuso que: "este proyecto pretende movilizar todas las energias de la sociedad para hacer frente a viejos y nuevos problemas. Lo hacemos porque reconocemos que hay empresas con vocación social, empresas que están convencidas que desde la lógica de mercado pueden combatir problemas como pueden ser el desempleo juvenil, eficiencia energética, financiación del tercer sector...etc. Hay empresas que reclaman en los términos que formula esta iniciativa y nos piden que seamos capaces de crear una política pública de apoyo a esta realidad. No nos inventamos nada, se aspira a crear un marco legal que reconozca esta actividad.No se trata de contraponer la empresa mercantil frente a la empresa de la economía social, sino de ser capaces de reconocer que hay personas que aspirar a combinar lo mejor de estos dos mundos".
El portavoz de Cooperación del PP, Ignacio Uriarte, resaltó la importancia de este tipo de estructuras empresariales pero también la complejidad de su tipología, objetivos o forma de funcionamiento, informa Europa Press. "Todos estamos de acuerdo en el gran beneficio que estas empresas aportan a nuestra sociedad, y que es nuestra responsabilidad acompañarlas y visualizarlas. Pero ese debate también se está realizando en la UE y debemos ser inteligentes a la hora de promover o delimitar figuras en un escenario europeo y global infinitamente competitivo".
Esta propuesta pretendía crear la figura mercantil de la “sociedad de responsabilidad limitada de interés general” bajo la cual se podrían inscribir empresas que tengan un “objetivo social de interés común como razón de ser de la acción comercial”. Del mismo modo, recogía que el emprendimiento social se diferenciaría del resto en que existiría una limitación en el reparto de dividendos, de manera que en cada ejercicio social tan sólo podrá repartirse un 30 por ciento del beneficio obtenido. También proponía la creación de la figura del “inversor de proximidad”, inversores individuales que aportan a “título personal o a través de una sociedad unipersonal” su capital, conocimientos técnicos u asesoramiento con el fin de obtener una rentabilidad a medio plazo. Además, la proposición fomentaba que este tipo de inversiones tuvieran una deducción del 30 por ciento por el capital aportado o por el préstamo participativo suscrito en el impuesto de la renta, así como en el del impuesto de sociedades.
Sin embargo, para el Partido Popular la propuesta de CIU "no cumple con la dimensionalidad y transversalidad necesaria" para un tema de este calibre. Junto a Convergència i Unió votaron a favor de la tramitación tanto el PNV como UPyD y la mayor parte del Grupo Mixto, mientras que el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) se abstuvieron.
