Hoy, más del 75% de la población amazónica vive en grandes ciudades de la región. Esta realidad desmonta la imagen romántica de una Amazonia exclusivamente selvática y rural. Ciudades como Manaus, Belém o Iquitos nacieron como enclaves al servicio de ciclos extractivos —del caucho al oro, de la madera al petróleo— y continúan dependiendo en gran medida de dinámicas externas. Muchas de ellas son altamente vulnerables: requieren financiación foránea, importan bienes básicos y dependen de infraestructuras energéticas contaminantes. El resultado es una urbanización frágil, desconectada de su entorno ecológico inmediato, pero profundamente impactada por su degradación.
El extractivismo no solo persiste, sino que se transforma. En lugar de reducir emisiones, las economías industrializadas optan por comprar créditos de carbono. Este mecanismo, concebido como herramienta de compensación, ha derivado en un mercado opaco y escasamente regulado que reproduce desigualdades. La lógica es inquietante: se monetiza la capacidad de absorción de carbono del bosque mientras continúan las actividades contaminantes en otras latitudes. En muchos casos, los beneficios económicos apenas llegan a las comunidades locales, generando conflictos internos y nuevas disputas por el control del territorio.
La minería ilegal es un frente crítico. El aumento del precio del oro ha incentivado el garimpo -actividad minera artesanal o a pequeña escala, frecuentemente ilegal e informal-, que avanza sobre ríos y territorios indígenas con consecuencias devastadoras. El uso de mercurio contamina las aguas, afecta la salud de poblaciones como los yanomamis y deja cicatrices irreversibles en la selva. La falta de trazabilidad del oro facilita su blanqueo en los mercados internacionales, integrando la ilegalidad en cadenas globales de valor. Así, la devastación local se conecta con la demanda global.
La agricultura extensiva completa el triángulo de presión. La expansión de la soja, el maíz y el aceite de palma ha acelerado la deforestación. En Brasil, la práctica conocida como grilagem —apropiación ilegal de tierras públicas— convierte grandes extensiones de bosque en monocultivos destinados principalmente a la exportación. Entre 1995 y 2017, el crecimiento anual de estos cultivos alcanzó el 9,2%, multiplicando el PIB regional, pero también consolidando un modelo dependiente de los precios internacionales y de la demanda externa. El bosque se transforma en mercancía y el territorio en activo financiero.
Sin embargo, la Amazonia no es solo un espacio de extracción. Es también un territorio de saberes y resistencias. Las poblaciones indígenas, afrodescendientes y ribeirinhas articulan formas de vida que combinan conocimientos ancestrales con dinámicas urbanas emergentes. En este cruce de mundos puede residir una alternativa: un modelo económico que no se base en la depredación, sino en la sostenibilidad, la bioeconomía y la centralidad de la autorepresentación.
La advertencia del líder yanomami Davi Kopenawa resuena con fuerza: si el bosque muere, moriremos todos. La economía amazónica no puede seguir orientada exclusivamente al corto plazo. Su futuro —y el del planeta— depende de reconfigurar incentivos, reforzar la trazabilidad de cadenas productivas, regular los mercados de carbono y reconocer derechos territoriales efectivos.
La decadencia no es inevitable. Pero evitarla exige abandonar la ficción de que el bosque es infinito. Cabe también sensibilización ciudadana y exposiciones como “Amazonias, el futuro ancestral” que expuso el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el año pasado son muy importantes. Hemos de tener consciencia que la Amazonia no es una periferia sacrificable del sistema global: es uno de sus pilares invisibles. Convertirla en epicentro de una transición ecológica justa es, más que una opción, una necesidad civilizatoria.
