ley información no financiera

Con este primer artículo se inicia una serie en la que, a lo largo de las próximas semanas, los participantes del Seminario Permanente de la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial, irán abordando temáticas vinculadas tanto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como sobre la Normativa de Información No Financiera. En Diario Responsable, nos sentimos muy honrados de esta colaboración con una institución tan prestigiosa como es la Universidad Pontifica de Comillas.
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Todas las empresas dependen de los activos de capital natural y los servicios del ecosistema ya sea directamente o a través de sus cadenas de suministro, pero esta relación de la empresa con la biodiversidad no está suficientemente reflejada en la información no financiera.
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Tenemos que darnos la enhorabuena. En su reciente presentación del informe de supervisión de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018, la Comisión Nacional del Mercado de Valores admite “una mejora en la calidad” en lo que concierne al estado de información no financiera (EINF) y estimula a las entidades a “seguir en esta línea”.
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Hace tiempo que quiero escribir este post sobre el “diálogo con grupos de interés” en el ámbito de la RSC y la Sostenibilidad. Y lo quiero hacer porque, como consecuencia de las leyes y de los códigos de autorregulación ya en vigor, el tiempo de las reuniones de media mañana, organizadas exclusivamente por las áreas de RSC con un grupo reducido más o menos afín de personas, asociaciones y ONG’s (con foto incluida) y al margen de las áreas de negocio, está cerca de terminar.
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A finales de diciembre de 2018 se aprobó la Ley de información no financiera y diversidad. La información es uno de los factores más relevantes para avanzar en la implantación de políticas en responsabilidad social y esta Ley sin lugar a dudas va a contribuir a la consecución de este objetivo. Por un lado la Ley incorpora empresas que estaban al margen del debate de la responsabilidad social. Por otro el hecho de informar supone reflejarse y posicionarse ante el mercado y la opinión pública lo que puede tener consecuencias sobre la reputación y valoración de la empresa. Los avances en Buen Gobierno acontecidos en las dos últimas décadas tienen como causa directa la obligación de informar sobre estos aspectos por parte de las empresas cotizadas.
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