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El debate medioambiental se ha caracterizado tradicionalmente por el conflicto que nace al encontrarse el progreso económico con el cuidado o la conservación del planeta y recursos naturales. Pero... ¿y las tareas del Estado y su legislación ante la conciencia colectiva?

El debate medioambiental se ha caracterizado tradicionalmente por el conflicto que nace al encontrarse el progreso económico con el cuidado o la conservación del planeta y recursos naturales.

Es tarea del Estado promover y fomentar en la medida de lo posible aquellas conductas que apoyen el medio ambiente, la sostenibilidad y la justicia social, pero aunque la legislación en muchos casos sea necesaria, no debe ser ésta la que nos guíe por el sendero sostenible o sustentable mediante normas y leyes, sino la promoción, la educación y la conciencia colectiva, pues es tarea del ciudadano exigir buenas prácticas, tanto en lo que a las personas se refiere como al medio ambiente.

El fin del problema, por tanto, no se encuentra en las leyes o normas impuestas por los gobiernos. La verdadera solución estriba en la demanda por parte de los individuos de conductas correctas.

Las iniciativas por parte del estado no sólo son positivas siempre que se organicen de forma adecuada y con coherencia, sino que además en muchos casos son necesarias, pero la última responsabilidad en una sociedad madura recae sobre los ciudadanos, quienes a través de un consumo responsable, de las empresas y de diferentes organizaciones (instituciones entre el individuo y el estado), son los que deben liderar el cambio hacia la sostenibilidad. De esta forma damos lugar a la investigación, a crear nuevas oportunidades e incentivos para las buenas prácticas de las empresas, y a generar, en definitiva, una oportunidad de mercado en lo sostenible.

Que los estados exijan buenas prácticas a las empresas es sin duda algo muy positivo, sin embargo, por todos es conocido el alto coste que representa para éstas cumplir las exigencias impuestas, que se verá repercutido inevitablemente en el precio final de los productos. Si la sociedad no está preparada para asumir este coste, las cotas únicamente dejarán a las empresas afectadas en desventaja frente a aquellas que incumpliendo los protocolos, o instaladas en otros países, ofrecen sus productos a un precio inferior.

Tan importante es por tanto la legislación como una conciencia colectiva que invite a las empresas no sólo a cumplir las cotas que se consideran deseables sino a ir más allá.

Consumir e incentivar únicamente aquellos productos y servicios que respeten el medio ambiente, las buenas prácticas en todos los ámbitos, y en definitiva un modelo de crecimiento y desarrollo sostenibles es la mejor arma y está en nuestras manos.

Demandando estos productos estaremos invitando a todas las empresas a encontrar una oportunidad de mercado en la sostenibilidad en primer lugar, y las forzaremos a que sea el único modo de producción en último término. Es necesario que el individuo, como consumidor sea consciente del poder que tiene.

Imagen vía: oxfamintermon.org

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