La realidad socioeconómica que ha dado la bienvenida al nuevo milenio ha generado un planteamiento diferente en la relación entre la empresa y la sociedad. Su objetivo es armonizar su fin económico con aspectos sociales y medioambientales con el fin de evitar las desigualdades que la globalización está generando.
Este artículo pretende explicar las áreas y dimensiones de este concepto.
Ricardo Fernández García
Según el código de gobierno de la empresa sostenible desarrollado en España por el IESE, la Fundación Entorno y PricewaterhouseCoopers, empresa sostenible es aquella que integra los siguientes valores o principios: sostenibilidad (búsqueda permanente del desarrollo económico, la integridad medioambiental y el bienestar social), visión a largo plazo, diversidad (de opiniones, culturas, perspectivas, edades y sexos en su organización y en las relaciones con su entorno), apertura en el diálogo con las partes interesadas (stakeholders), integridad y responsabilidad.
Por tanto, podemos concluir que las áreas de responsabilidad corporativa son básicamente cuatro:
· la económica
· la sociocultural
· la medioambiental
· unas adecuadas condiciones de trabajo
Sólo las empresas competitivas y que generan beneficios son capaces de contribuir a largo plazo al desarrollo sostenible creando riqueza y empleo sin poner en peligro las necesidades sociales y medioambientales de la sociedad. De hecho, únicamente las empresas rentables son sostenibles y tienen capacidad de llevar a cabo prácticas socialmente responsables.
Tradicionalmente esta responsabilidad se ha traduce en la búsqueda del máximo beneficio y el máximo valor para el accionista así como una óptima eficiencia y productividad. En otras palabras, maximizar los beneficios y la producción con los recursos de los que se disponen.
Para ello se compara el coste de la utilización de unos recursos con la obtención de unos resultados. Entre los costes suele incluirse el coste de materias primas, energía, recursos financieros, laborales, etcétera, y entre los resultados los ingresos. Ciertamente se deberían incluir algunos costes habitualmente “ocultos”, que ahora paga la sociedad en su conjunto pero que deberían ser sufragados por quien los genera como, por ejemplo, el deterioro del medio ambiente, el coste de las bajas laborales, el estrés de los directivos o la degradación moral de los empleados.
Un ejemplo que aplica al medio ambiente pero que puede ser trasladable a cualquier ámbito, lo tenemos, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992 se suscribió la "Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo". En su punto 16 se recoge que "Las autoridades nacionales deben tratar de promover la internacionalización de los costos medioambientales y la utilización de instrumentos económicos teniendo en cuenta el enfoque que, en principio, los que contaminan deben asumir el costo de la contaminación sin menoscabo del interés público y sin distorsionar el comercio ni la inversión internacional."
Aún hoy en día, se marginan las exigencias medioambientales, de seguridad y salud o sociales, en base a supuestas razones económicas. Se estaba de acuerdo en que las cosas se podían hacer mejor, pero entonces salían demasiado caras. El argumento, aunque quizás coyunturalmente era cierto, era en el fondo falso. No salían caras debido a la tolerancia de la sociedad, en otras palabras, no se gravaban los daños producidos por una mala gestión ambiental, laboral o social.
Aunque resulte paradójico, RSC persigue la mejora productiva. No pretenden producir menos o peor para dañar menos, sino de como producir mejor y más disminuyendo el impacto generado. Y no olvidemos un detalle, cuanto más eficientes seamos, más competitivos seremos.
El progreso es incompatible con la suciedad y con el deterioro de las condiciones sociales, de seguridad y salud o laborales. Por ello los gobiernos están empezando a cobrar una tasa o impuesto (quien no conoce el lema “quien contamina paga”) cuyo valor sea proporcional al impacto medioambiental, social o laboral generado, eliminando la explotación gratuita de los recursos públicos. El valor de la tasa se transfiere al precio final de sus productos, y serán los consumidores quienes finalmente deberán optar por dejar de comprar los bienes en cuestión y preservar los recursos naturales o continuar comprando pero a su verdadero coste.
En resumen, un comportamiento responsable de la empresa implicaría desde el punto de vista económico crear valor:
· Para el accionista o propietario garantizando un uso adecuado de su capital y el cumplimiento de sus intereses.
· Para el cliente, atendiendo a sus demandas ofreciendo precios competitivos y bienes y servicios de calidad (atención de quejas, consultas, sugerencias…).
· Para los proveedores, pagando precios justos por sus productos o servicios y sin abusar del poder de mercado.
· Para los empleados, disponiendo de las adecuadas condiciones de trabajo, pagando salarios justos, proporcionando beneficios sociales, formación, estabilidad en el empleo y motivación.
· Para la sociedad en su conjunto preservando y creando empleo y teniendo un comportamiento medioambiental sostenible.
Según los Principios del Gobierno Empresarial (Corporate Governance en idioma ingles) de la OCDE, el gobierno corporativo o empresarial:
· lo conforman el "conjunto de relaciones entre la dirección de una empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas.
· ha de proveer "la estructura para establecer los objetivos de la empresa, establecer los medios para alcanzarlos y controlar los resultados." Y añade el texto: "El buen gobierno corporativo debería ofrecer los estímulos adecuados al consejo de administración y la dirección para perseguir los objetivos que sean en interés de la compañía y sus accionistas, y debería facilitar un control efectivo.
La existencia de un sistema efectivo de gobierno corporativo, en el seno de una empresa individual y a través del conjunto de la economía, ayuda a lograr el grado de confianza necesario para el correcto funcionamiento de una economía de mercado".
La importancia del gobierno organizacional es más visible cuando falla. Fallos corporativos en economías desarrolladas en los años recientes, junto con otros en el sector voluntario, han mostrado que la manera en que una organización es dirigida y controlada por un amplio espectro de organizaciones e individuos, desde accionistas o donantes a su personal o de aquellos que pueden depender de las actividades de la organización.
El crecimiento de la responsabilidad social, especialmente en empresas, ha ocurrido en parte en respuesta a fallos en el gobierno organizacional. Habiendo recibido una respuesta inicialmente escéptica de algunas partes, la responsabilidad social está siendo ahora incorporada de forma creciente a los sistemas de gestión de riesgo de las principales compañías. Los gobiernos están incrementando la exploración en mecanismos regulatorios, fiscales y de mercado adecuados para fomentar el gobierno responsable. ONGs y otras organizaciones de partes interesadas también han comenzado a comprometerse para ellos mismos mejorar sus prácticas de responsabilidad social. Todos los sectores han estado trabajando, tanto en asociaciones formales como informales, para mejorar el gobierno.
La sistematización de la responsabilidad social de las organizaciones, por tanto busca construir el interés y las preocupaciones de las partes interesadas dentro del proceso mediante al cual la organización es dirigida y controlada. Mientras los desafíos del gobierno global sólo pueden ser resueltos a través de los apropiados mecanismos institucionales a nivel global, este proceso será asistido con el apoyo y cooperación de organizaciones de todos los sectores. La responsabilidad social de las organizaciones es un componente esencial de este proceso.
Desde al menos, la mitad del siglo veinte, el modelo dominante de gobierno global ha sido a través de naciones autónomas libremente cooperando a través de las instituciones de las Naciones Unidas.
Bajo este modelo:
· La legitimidad del sector público deriva del consentimiento popular y la rendición de cuentas (accountability) democrática; sus responsabilidades incluyen el desarrollo de políticas, las regulaciones y la prestación de servicios.
· La legitimidad del sector privado deriva de la entrega de bienes y servicios, incluyendo la creación de riqueza; sus responsabilidades son principalmente el obedecer la ley y pagar los impuestos determinados por el sector público. Adicionalmente, las actividades filantrópicas de las compañías, una larga tradición tanto en países en desarrollo como en desarrollados, a menudo son respetadas.
· La legitimidad del sector voluntario deriva de las misiones sociales declaradas por la organización, como es la caridad; sus responsabilidades se centran en una administración fiel de los fondos donados de acuerdo a sus misiones.
Sin embargo la globalización, considerada como la extensión del alcance geográfico de las actividades y fuerzas económicas, es una de las tendencias que desafía el modelo dominante de gobierno global.
En este sentido, la globalización incluye la extensión de los mercados para bienes o servicios, desde un país local a todo el mundo, la expansión de la cadena de suministro para abarcar en principio cualquier ubicación, el gran aumento del movimiento de la mano de obra y el crecimiento de la inversión extranjera directa.
La globalización ha resultado en un aumento en el poder y la influencia del sector privado y en una relativa debilidad del rol del sector público. Los años 90 del pasado siglo, especialmente en su segunda mitad, fueron testigo de niveles sin precedentes de inversión extranjera directa por el sector privado, así como un aumento en el número de grandes fusiones y adquisiciones transnacionales.
El concepto de responsabilidad social ha emergido para responder constructivamente y más sistemáticamente a estos desafíos.
Se debe de crear una declaración de misión y visión que resuma las metas y aspiraciones de la empresa por la que transpiren los valores y la cultura de la organización y las estrategias utilizadas para alcanzar sus metas. Es interesante compartir esta declaración, que debe de ser periódicamente revisada, con los empleados clientes, inversores, proveedores de servicios. El siguiente paso es integrar la misión a la visión, es decir que la declaración no sea papel mojado.
Se ha auditar regularmente la gestión del negocio. Esta evaluación puede contemplar aspectos como la situación de la empresa con relación a la misión y sus metas. Esta evaluación puede ser hecha internamente o por terceros para obtener una validación independiente.
La tarea de construir organizaciones responsables no se realiza sobre un vacío moral, sino a partir de los niveles alcanzados por la conciencia común de la humanidad. Y, a pesar de que las formulaciones de los Derechos Humanos evolucionan actualizándose ante las nuevas problemáticas, constituyen sin duda un momento de madurez en la conformación de aquella conciencia común.
Lo que hoy en día se plantea es un nuevo paradigma de empresa en el que el respeto a los estándares mínimos internacionales de derechos humanos pasa a ser un elemento intrínseco al proceso de construcción de la empresa socialmente responsable. Ello es así porque se ha dejado atrás la concepción clásica según la cual únicamente los estados y los individuos pueden ser responsables de abusos a los derechos.
Las empresas se enfrentan a cuestiones complicadas, por ejemplo el modo de determinar qué responsabilidades caen dentro de su competencia y no de los gobiernos, cómo asegurarse de que sus socios comerciales están respetando los valores que ellas consideran fundamentales, y cuál es el enfoque que deben adoptar y cómo trabajar en países donde son frecuentes las violaciones de los derechos humanos.
En otras palabras, como podemos garantizar un adecuado cumplimiento de derechos humanos y valores fundamentales en la legislación nacional e internacional con las esas cadenas de producción y cadenas de subcontratación en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y en sectores tan involucrados con mano de obra intensiva como la construcción, textil, calzado, juguetes.
En la percepción y en la práctica de la gestión de este ámbito de la RSE se han producido, en una mirada global y generalizadora, cambios y modificaciones.
En una primera fase reactiva, centrada principalmente en los años ochenta y noventa, las empresas empezaron a hacer referencia a los derechos humanos en sus códigos corporativos como reacción a la vigilancia de determinadas organizaciones y medios de comunicación que denunciaban ejemplos de mala gestión por parte de determinadas empresas, principalmente transnacionales del sector textil y de la extracción. Un número creciente de empresas europeas y de distintos sectores económicos empezaron a construir su responsabilidad relativa a los derechos humanos adoptando un código de conducta o una declaración de principios, principalmente en países de la OCDE.
Posteriormente, y desde que Reebok adoptara en 1987 el que fuera el primer código de conducta corporativo, un número creciente de empresas europeas ha respondido a esta cuestión desarrollando no sólo un discurso en sus páginas web sino poniendo en práctica políticas concretas de derechos humanos. En esta segunda fase proactiva, son actualmente cada vez más las empresas que adoptan políticas corporativas sobre derechos humanos. Hacen un diagnóstico de los riesgos en términos de derechos humanos y empiezan a poner en marcha mecanismos, metodologías y sistemas internos y externos de evaluación. Hoy en día, el gran tema de debate es sin embargo cómo medir la eficacia de la gestión en clave de derechos humanos. En este sentido, las empresas recurren a indicadores que deben permitirles evaluar su cumplimiento con relación a los derechos humanos y corregir determinadas prácticas o procesos incorrectos.
En el campo internacional es imprescindible tener presente la aprobación en agosto de 2003 de las normas sobre responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales respecto a los derechos humanos, en el seno de la subcomisión para la protección y promoción de los derechos humanos, respaldadas recientemente por una resolución de la Comisión de derechos humanos de Naciones Unidas. En ella "se reconoce que el funcionamiento responsable en las empresas transnacionales y otras empresas comerciales y una legislación nacional efectiva pueden contribuir a promover el respeto de los derechos humanos y ayudar a canalizar los beneficios de las empresas hacia ese objetivo y, por lo tanto, la Comisión pide al secretario general que designe un representante especial sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales por un periodo inicial de dos años y que tenga el siguiente mandato: señalar y aclarar normas unificadas sobre responsabilidad empresarial y rendición de cuentas en relación con las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos; desarrollar más la función de los Estados en la regulación y arbitraje efectivos en relación con la función de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, incluso mediante la cooperación internacional".
Por lo general, especialmente en lo que atañe a los Derechos Humanos creo existe la conciencia de haber llegado a un momento en el que se ha hecho imprescindible el establecimiento de nuevas relaciones, de nuevas colaboraciones entre el tercer sector y el mundo empresarial, en la línea de la corresponsabilidad y la construcción de proyectos de manera conjunta. En esta construcción, en la que la empresa responsable está en constante interacción interna-externa, es indispensable el diálogo con los grupos de interés. Se trata pues de un reto a la capacidad de anticipación y de compromiso tanto de unos como de otros. Porque no hay RSE sin respeto a los derechos humanos y éste es visto como parte integrante de la actividad empresarial responsable.
Se entiende por acción social como una manera de concretar el compromiso empresarial con la comunidad local en la que se inserta la organización.
La RSE cuenta, entre los componentes de su dimensión externa, con la integración de las empresas en su entorno local. Aunque los límites de este entorno puedan ser algo difusos, parece obvio que el grupo de interés que aquí entra en juego son las comunidades directamente afectadas por las operaciones de una empresa.
Las maneras de contribuir al desarrollo de las comunidades en que se insertan las empresas son diversas: se proporcionan puestos de trabajo a la población local, salarios, prestaciones e ingresos fiscales; acciones de mantenimiento y regeneración del entorno físico en colaboración con organizaciones en defensa del medio ambiente; el ofrecimiento de plazas adicionales de formación profesional; la contratación de personas socialmente excluidas; el patrocinio de actividades deportivas o culturales a nivel local o la realización de donaciones para obras de beneficencia.
Una forma obvia de hacerlo es dando prioridad en la contratación a los propios vecinos. Otra forma común de financiación es financiar instalaciones de uso público, a veces mediante acuerdos especiales con las entidades locales. Esta forma de integración de la RSE es muy significativa en comunidades pequeñas y en países menos desarrollados. En esos casos, el papel de las empresas es muy importante y, cuando se gestiona adecuadamente, crea un vínculo de lealtad muy sólido entre la compañía y la comunidad.
Esos vínculos de lealtad y la reputación de una empresa en su lugar de ubicación y su imagen como contratista y productor, y como partícipe de la vida local, tienen una influencia obvia en su competitividad. Y esto es más importante en el caso de las pymes, que suelen depender más de la zona circundante para sus contrataciones y su clientela.
No demos dejar este punto sin recoger la enorme diferencia entre el concepto español donde tiene más tradición la teorización y una práctica de la acción social global, sin explicitar tanto su vínculo con el anglosajón que centra esta dimensión de la implicación local y comunitaria de las empresas. Por ello en España las consideraciones del entorno social cercano (vecino) a la empresa son relativamente reducidas.
Como se indicaba más arriba, la acción social se puede entender como una de las formas de que dispone la empresa para plasmar sus compromisos con la comunidad local. En España, la concepción más extendida de lo que se entiende por acción social es la dedicación de recursos empresariales a proyectos que tienen que ver con el apoyo a personas desfavorecidas, y eso es una parte de lo que se entiende por responsabilidad de las empresas.
Los recursos dedicados suelen ser de muy diverso tipo (productos y servicios, capital humano, empleo, financiación...), y se destinan principalmente a servicios sociales, salud, educación, formación profesional y empleo.
Existe otra visión, también desde el mundo empresarial, que distingue tres grandes vectores dentro de la acción social:
· El primero recoge todo aquello que son esponsorizaciones, patrocinios de aquellas cosas que las administraciones públicas no pueden llegar. Por ejemplo, todo lo que son actividades culturales, es decir, que van desde la música, el teatro, la pintura, bellas artes...
· El segundo incluye temas puros de acción social, como puede ser cooperación con organizaciones sociales, ONG, etc., aportando a la sociedad algunos excedentes que pueden ser absolutamente complementarios a las actividades de ONG y las administraciones.
· El tercero agrupa aquellos temas que pueden hacer que la vida pueda ser por un lado más eficiente para las compañías, pero desde luego más satisfactoria para las personas, como puede ser, por ejemplo, la compatibilización de vida personal con vida laboral, con carrera profesional, etc.
La definición de RSE de la Comisión Europea incide en la idea de que es una integración en las operaciones comerciales y las relaciones con los interlocutores y por tanto pone la responsabilidad social en el núcleo de la empresa frente a otros planteamientos, que a veces podamos ver por ahí, que inciden más en la acción periférica y social de la empresa hacia terceros. Va más allá de la pura filantropía o de la acción social por la cual la empresa revierte en la sociedad, de forma más o menos generosa, parte de los beneficios procedentes de su actividad en el mercado. La acción social no implica una transformación profunda de la empresa, que sí es obligada en los proceso de cambio hacia una empresa socialmente responsable.
La afirmación del Libro Verde de la Comisión en relación con los vínculos que las multinacionales pueden establecer con las comunidades locales en las que se insertan a través de sus filiales, "El establecimiento de relaciones positivas con la comunidad local y la consiguiente acumulación de capital social es especialmente importante para las empresas no locales. Las sociedades multinacionales utilizan cada vez más estas relaciones para cimentar la integración de sus filiales en los distintos mercados en que están presentes. El conocimiento de los agentes locales, las tradiciones y los recursos del entorno local es un activo que las empresas pueden capitalizar justifica que se aborde la cooperación al desarrollo.
No podemos reducir la cuestión al hecho de que la acción social de las empresas multinacionales pueda interpretarse en clave de cooperación al desarrollo, el sector privado tiene un decisivo papel que jugar en la estrategia de partenariados público-privados para abordar el reto del desarrollo en los países más retrasados.
Ahora bien, supuesto que las políticas de empresa no tienen en cuenta fronteras geográficas cabe considerar que, en paralelo con la dimensión de la comunidad local, hay un entorno social amplio, cuyos intereses no son fáciles de identificar, pues no se puede identificar el interlocutor que los represente. Sin embargo, la RSE presupone un compromiso de tener en cuenta estos intereses.
Las empresas, junto con otros actores, tienen cierta responsabilidad por la situación actual de las personas y pueblos que se ven afectados por sus actuaciones. El único modo de compensar este impacto difuso es aceptar un compromiso con los derechos humanos y aquellos valores que garantizan condiciones de trabajo y de vida dignas. Solucionar la pobreza, la desasistencia y la miseria no es únicamente un anhelo moral, es también un correcto criterio económico que está en la base de un sano crecimiento posible del modelo capitalista.
Ya desde la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro, consideran indispensables las alianzas entre gobiernos, sector privado y sociedad civil para alcanzar el desarrollo sostenible.
El Derecho Universal a la Salud está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La pobreza es uno de los principales factores de riesgo para la mala salud. Los procesos de producción utilizados en manufactura, pueden también contribuir a la mala salud. Aunque las compañías en países desarrollados pueden moverse hacia procesos productivos más seguros, aquellas de países en desarrollo, no siempre son capaces de hacerlo.
En la medida que nuevas tecnologías y métodos industriales de producción y estilos de vida modernos se han desarrollado, nuevas condiciones de salud han surgido. Un ejemplo de esto es la obesidad. Mientras en un sentido la obesidad puede ser el resultado de elecciones individuales, se debe reconocer también que es resultado de la falta de ejercicio inherente a la vida moderna, junto con la abundante disponibilidad de alimentos ricos en azúcares y grasas. Las responsabilidades de los individuos, las compañías y el sector público son actualmente materia de un activo debate.
Enfermedades tales como tuberculosis, VIH/SIDA y malaria, tienen un impacto desproporcionado en el mundo en desarrollo. Una razón para esto es que los tratamientos disponibles pueden ser muy caros; este es un tema a ser abordado principalmente por las compañías farmacéuticas y el sector público.
Adicionalmente, hoy se ve cada vez más como una responsabilidad de todas las organizaciones asegurar que se tienen implantadas políticas en VIH efectivas, de forma que apoyen a sus empleados. Las ventajas obvias de este enfoque incluyen una fuerza de trabajo más saludable y más capaz.
Los aspectos de salud en los productos de consumo también han sido crecientemente puestos bajo el escrutinio público. El tabaco es un ejemplo de un producto que, incluso cuando es utilizado según esta previsto, se ha probado que daña la salud de sus consumidores y de aquellos que están alrededor de ellos.
Las directrices de las Naciones Unidas para protección del consumidor, se basan en ocho principios que legitiman internacionalmente los intereses de los consumidores: el derecho al acceso a bienes y servicios básicos, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a elegir, el derecho a ser escuchados y reclamar, el derecho a la educación como consumidor, así como el derecho a la sostenibilidad.
Las corporaciones deberían ayudar a implementar los principios de producción y consumo sostenible, según lo establecido por tratados nacionales e internacionales. El derecho del consumidor a una producción y un consumo sostenibles están especificados, entre otros, en la Declaración de Río, en el Informe Brundtland y en la Unión Europea.
La responsabilidad empresarial en el ámbito de la corrupción se encuentra recogida en el Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, que establece como delito que las empresas sobornen funcionarios públicos.
Por otro lado, relacionado con este aspecto, las empresas deberán tomar las medidas que sean necesarias, dentro del marco de sus leyes y reglamentos relativos a la contabilidad, a la publicación de estados financieros y las normas de auditoría, con el fin de prohibir el establecimiento de cuentas fuera de libros, la realización de transacciones extracontables o insuficientemente identificadas, el registro de gastos inexistentes, la existencia de partidas con una incorrecta identificación de su objeto, así como la utilización de documentos falsos, con el fin de corromper a agentes públicos extranjeros o de ocultar dicha corrupción.
Se ha de asegurar que todas las referencias comerciales hechas a los productos y/o servicios de la empresa sean específicas, correctas y justas, promover el uso del producto con seguridad y responsabilidad facilitando la mayor cantidad de información posible sobre sus productos, prohibir el uso de técnicas comerciales no-éticas y respetando la privacidad de sus clientes.
Otras ideas pueden ser hacer inversiones de su empresa en instituciones socialmente responsables o utilizar tarjetas de crédito, telefonía, etc. provistos por empresas con causas sociales.
.- Desarrollo de la comunidad.
Se puede lograr mediante varias vías:
· Hacer del "Compromiso con la comunidad" una prioridad en la gestión, involucrándose e invirtiendo en ella utilizando los servicios brindados por organizaciones comunitarias.
· Favorecer el voluntariado de acuerdo con el tipo de trabajo requerido y la habilidad necesaria para ejecutarlo, facilitándoles tiempo, apoyando la viabilidad de los proyectos o eventos locales y fomentando el apoyo de los trabajadores, proveedores y clientes o asociándose a otras empresas de la comunidad.
· Educación. Ofrecer apoyo a escuelas locales, establecer relaciones con una o varias escuelas, impartiendo charlas a alumnos y profesores, invitando a los alumnos a visitar la empresa.
Es de señalar que entre las dimensiones de la RSE, esta es la que está más regulada, más normalizada como muestra, por ejemplo, los acuerdos multilaterales de medioambiente como son el Protocolo de Kyoto contra el cambio climático, el Protocolo de Montreal para la defensa de la capa de ozono o el Convenio de Basilea que prohíbe la exportación de residuos tóxicos y de residuos radiactivos a países no miembros de la OCDE, que son de obligado cumplimiento y por tanto, legislación en sí mismos.
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, 8ª CONFERENCIA DE LAS PARTES COP - 2006
El sector privado posee conocimientos y recursos tecnológicos importantes para la diversidad biológica, así como destrezas de gestión, investigación y comunicaciones más generales cuya movilización podría facilitar la aplicación del Convenio.
La experiencia demuestra que las empresas que desarrollan prácticas de protección medioambiental son, a medio y largo plazo, más competitivas en el mercado internacional, en la medida en que el respeto de las normas en este ámbito estimula la innovación y la modernización de los procesos y los productos, y fomenta el uso de tecnologías más limpias. Del mismo modo, las empresas internacionalmente competitivas están en mejores condiciones de invertir en nuevas tecnologías, más eficaces y limpias.
Veamos algunas de sus facetas:
La agenda medioambiental de las empresas tiene una historia hasta cierto punto paralela a la de la responsabilidad en relación con las comunidades locales. Durante las últimas dos décadas hemos asistido a la creciente concienciación y preocupación por el impacto y las consecuencias medioambientales del desarrollo y crecimiento económicos.
En 1987, el Informe Brundtland, Nuestro futuro común, resalta un concepto que habría de tener una importante aplicación pocos años después: el de "desarrollo sostenible". Ya en su punto de arranque se subrayaba cómo muchas tendencias del desarrollo hacen que cada vez sea mayor el número de personas pobres y vulnerables, y deterioran el medio ambiente. La conciencia de estos hechos amplió nuestra visión del desarrollo. Dejamos de verlo en el contexto restringido del crecimiento económico de los países en desarrollo y nos dimos cuenta de que hacía falta una nueva vía que sostuviera el progreso humano no sólo en ciertos lugares y durante ciertos años, sino en todo el planeta y hasta un futuro lejano.
De este modo, el "desarrollo sostenible" se convierte en un objetivo no sólo de las naciones "en desarrollo", sino también de las naciones industriales". Desde ese presupuesto se define el concepto: "Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias".
La conciencia del impacto ecológico de las actividades industriales y económicas ha transformado nuestra forma de ver el desarrollo. Los procesos de industrialización y de control de la naturaleza, que se pudieron ver alguna vez como la clave del progreso, han mostrado su cara oscura. El deterioro medioambiental afecta en términos visibles y mesurables a las comunidades que lo sufren directamente y de modos imprevisibles e incalculables a todo el planeta.
Todo esto supone obligar a las generaciones futuras a costear nuestro propio bienestar, y privarlas de recursos insustituibles. Desde esta perspectiva, la única reacción posible, si no se contempla la renuncia a las cotas de consumo alcanzadas, es contribuir a un modelo de crecimiento económico ambientalmente sostenible.
Como era previsible, dado que los problemas que están sobre la mesa son de tales dimensiones que requieren un enfoque global y estrategias que impliquen a los poderes públicos gubernamentales y también a empresas y a ciudadanos, las referencias a esta cuestión están repartidas básicamente entre gobiernos, empresas y sindicatos. Se mencionan, como medidas a desarrollar el fomento de los planes de prevención, aunque se reconoce que, en ocasiones, excede el ámbito de la RSE, ya que se deriva de la legislación vigente:.
El cumplimiento del principio de “quien contamina paga”. Así la directiva de 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad por daños al medio ambiente. La transposición de dicha directiva, tendría que suponer, a juicio de la administración pública, un impulso, un incentivo o un mandato muy serio dirigido a los operadores para que adopten políticas de prevención en las empresas, puesto que se establece la obligación directa del operador no sólo de reparar el daño medioambiental, cuando se produzca, sino de activamente prevenir los daños medioambientales bajo el principio de precaución (que rige la política de investigación y de salud y protección al consumidor de la UE).
El concepto de desarrollo sostenible, se utiliza normalmente para abordar la necesidad de encontrar un equilibrio entre las prioridades del desarrollo económico, el progreso social y la protección ambiental. Existe una historia significativa de acuerdos internacionales sobre la necesidad del desarrollo sostenible. La Conferencia de la ONU de 1972 sobre el Ambiente Humano, produjo una declaración haciendo público el reconocimiento de los impactos adversos de la humanidad en el mundo natural.
La publicación de 1987, “Nuestro Futuro Común”, el informe de la Comisión Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo (el Informe Brundtland), se basó en esto y definió el desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
Sostenibilidad puede definirse como la capacidad de las actividades humanas para continuar dependiendo de los sistemas ambientales globales indefinidamente. Muchas personas, especialmente de países en desarrollo, no tienen satisfechas sus necesidades básicas como comida, vestuario, refugio y trabajo. Más allá de ellas, estas personas tienen legítimas aspiraciones para una mejor calidad de vida. En algunas zonas, los temas ambientales están socavando seriamente la capacidad de alcanzar metas sociales y económicas, y en ciertas instancias, están amenazando la supervivencia humana en sí. La preocupación por el estado del medioambiente, como un tema que afecta la prosperidad actual y futura de la humanidad, está así en el núcleo del debate sobre desarrollo sostenible.
El origen de muchos de los principales problemas ambientales está en las actividades industriales del mundo desarrollado, y el proceso de desarrollo en sí puede producir problemas medioambientales; estos pueden limitar la consecución de objetivos de desarrollo a largo plazo en el mundo en desarrollo.
Los acuerdos internacionales sobre la importancia del desarrollo sostenible se han reafirmado a través de la Conferencia de ONU de 1992 sobre Medioambiente y Desarrollo, que en la Declaración de Río estableció una agenda para el sector público en el siglo XXI (Agenda 21), para buscar el desarrollo sostenible. En el año 2000, la Asamblea General de la ONU adoptó las Metas de Desarrollo del Milenio, abarcando el desempeño económico, social y ambiental. Esto fue seguido en 2002 por la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (WSSD), la que entre otras cosas propuso que el sector público y privado deberían trabajar asociadamente en la búsqueda de la sostenibilidad. El enfoque de desarrollo sostenible, ha llevado al reconocimiento de que todas las organizaciones del sector público, privado y voluntario deberían abordar los problemas de la sostenibilidad.
También existe una preocupación por el medioambiente por su propio derecho, independiente de las implicaciones para el desarrollo humano. Para algunos, el centro de la preocupación es el impacto negativo sobre el disfrute del medioambiente natural; para otros, el mundo natural tiene un valor en sí. Desde cualquiera de estas perspectivas, es importante abordar la fuente de esto impactos, que provienen en parte del sector público, pero en particular del sector privado de fabricación y otras operaciones.
El cambio climático es uno de los principales temas ambientales. De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que funciona bajo el auspicio de la Organización Mundial de Meteorología (WMO) y el Programa de Medioambiente de Naciones Unidas (UNEP), el aumento en las temperaturas globales pronosticado, probablemente tendrá severas consecuencias para todas las sociedades humanas, así como para el medioambiente natural. La escala de estos impactos, desde el aumento en el nivel de los océanos, destrucción costera, desplazamiento de poblaciones, fallos en los cultivos, hasta el aumento de la desertificación, hacen del cambio climático, el tema individual más importante que debiera enfrentar la humanidad durante el próximo siglo.
Los gases de invernadero, y especialmente el dióxido de carbono resultante de la combustión de los combustibles fósiles, son los principales implicados en los complejos procesos que han llevado al aumento de las temperaturas. La actividad industrial intensiva en el uso de energía y el consumo de alta intensidad, son temas importantes a ser abordados por todas las organizaciones.
Mientras el sector productor de energía, tiene claramente una responsabilidad en trabajar activamente buscando la disponibilidad práctica de fuentes de energía alternativas, todas las organizaciones tienen la responsabilidad de minimizar su dependencia del carbón. Utilizando menos energía, por supuesto, reducirá los costes asociados. Sin embargo, el cambio climático sólo podrá ser afrontado si los gobiernos, consumidores y el sector privado, trabajan juntos activamente para abordar este tema.
Sin ella, difícilmente se conseguirá concienciar a consumidores y usuarios de lo que son los productos ambientalmente más sostenibles y, por tanto, que pueda haber una conciencia como la que en otros países se ha desarrollado, que llegan incluso a reflejarse en las encuestas de actitudes de boicot activo a la compra de productos cuando se ha detectado algún tipo de problema que ha calado en la opinión pública.
Señalar que el acceso a la información, participación del público y acceso a la justicia en el dominio del medioambiente está reglamentado por la Unión Europea en el Convenio de Aarhus.
El fomento de la inversión socialmente responsable, o la promoción de sistemas de certificación ambiental facilitan, sin duda, esta educación y participación.
Entre otros tenemos:
· Respecto a la producción, se han de adoptar principios de protección al medio ambiente, realizando de forma periódica auditorías ambientales, estableciendo una política ecológica de compras y motivando a todo el personal a colaborar en temas ambientales
· Se deben de minimizar los residuos creando un programa de reciclaje, reduciendo el consumo de papel y fomentando el uso de productos reciclados y evitando en lo posible el uso de productos que generen residuos.
· Prevención de la contaminación, se deben de reducir, en lo posible, el uso de productos tóxicos sustituyéndolos por productos alternativos menos peligrosos, gestionando adecuadamente los residuos peligrosos o realizando auditorías ambientales
· Uso eficiente de la energía y del agua. Se ha de disponer de una auditoría de los usos de la energía. De esta forma podremos usar sistemas de iluminación inteligente (sensores, temporizadores…), aplicar técnicas eficientes para administrar el uso de la energía o de promover uso de otras tecnologías eficientes para reducir el consumo de energía. Otras medidas son hacer buen mantenimiento del sistema de climatización, reparando regularmente las pérdidas de agua, instalando dispositivos para economizar agua o reduciendo su uso en áreas externas como en la jardinería regando menos el césped.
· Generando un proyecto ecológico de forma asociada con proveedores y clientes mediante la creación de un sistema de reciclaje, utilizando técnicas de construcción ecológicamente correctas, examinado el diseño de sus productos y servicios
La RSE, en su vertiente interna, afecta de modo general a la gestión de las personas que trabajan en la empresa. Los procesos de contratación, la formación del personal, la seguridad y salud en el trabajo, las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, etc., son puntos de reflexión sobre el grado de implantación de buenas prácticas en este ámbito de la responsabilidad social en las organizaciones.
Y vale la pena también tener presente que el hecho de que la empresa desarrolle su actividad en un entorno social específico implica que dispone de una determinada regulación legislativa a todos los niveles (comunitaria, estatal o autonómica). Ese contorno legislativo dibuja el inicio de la RSE: qué prácticas puede implementar voluntariamente la empresa para mejorar su entorno laboral más allá del estricto cumplimiento de la ley:
Conviene recordar que, en un contexto de elevada competencia por la mano de obra cualificada, las empresas tienen aquí un poderoso medio para captar y retener a buenos trabajadores. Un clima laboral excelente es una vía para ejecutar esta vertiente de la RSE en la empresa y, a su vez, garantizar la viabilidad técnica de una empresa que necesariamente depende del personal que la integra.
En este apartado habría que distinguir, por una parte, las consideraciones generales sobre la relación entre RSE y negociación y convenios colectivos, o el diálogo social y, por otra, las referencias a las decisiones concretas tomadas en el seno de los acuerdos interconfederales para la negociación colectiva.
Veamos las posturas de partida de sindicatos y patronal:
· Para los sindicatos, la RSE no puede sustituir el diálogo con los trabajadores y de ninguna manera puede ser una alternativa a la legislación laboral ni a la negociación colectiva.
· Para la patronal, el convenio colectivo es una norma de obligado cumplimiento para todos los afectados horizontalmente con un convenio de eficacia general, o relativa según sea el caso, pero son normas que obligan a las partes y la responsabilidad social es otra cosa, no tiene "absolutamente nada que ver" con la obligatoriedad normativa.
En relación con la visión que tradicionalmente se ha adjudicado a los sindicatos en relación con la RSE, una cierta actitud de sospecha y de falta de entusiasmo con las políticas en torno a la responsabilidad empresarial, sus representantes reconocen que aún no se trata de un tema popular, pese a que han realizado esfuerzos de divulgación (jornadas, reuniones...) porque se han empezado a ver que puede ser una herramienta potente en el marco de la negociación colectiva.
Prueba de ello es que los dos grandes sindicatos españoles muestran su sintonía con las indicaciones de la confederación sindical europea, que ha animado a que la negociación colectiva tenga un papel dinamizador de los compromisos propios de la RSE, y funcione como cauce para la participación de los trabajadores en su diseño.
Ser familiarmente responsable en lo que atañe a la conciliación es una oportunidad. Los empleados tienen que tener vida después del trabajo.
Sería conveniente una mayor flexibilidad en las empresas, empezando por una legislación laboral más flexible.
Con una legislación laboral y unos convenios rígidos, como ocurre en España, difícilmente se puede ser familiarmente responsable ni establecer entre el personal las necesarias diferencias que permiten un trato justo y equitativo. Por ello, quizás, se debería de ir hacia convenios de empresa mucho más que a los de sector.
El aprendizaje continuo también puede leerse en clave de RSE y, consiguientemente, puede convertirse en un elemento diferenciador de la empresa a la hora de atraer y retener personal cualificado. La formación continua es un elemento más de una gestión responsable de los recursos humanos.
Aunque tradicionalmente las medidas relativas a la salud y seguridad en el lugar de trabajo se han abordado principalmente a través de instrumentos legislativos y medidas ejecutorias, la creciente tendencia a subcontratar tareas a contratistas y proveedores, derivadas de la propia globalización, hace que las empresas dependan en mayor medida del comportamiento de sus contratistas en este ámbito.
Cuanto hablamos de seguridad y salud estamos hablando de los tres ámbitos tradicionales:
· En primer lugar, los referidos a la seguridad y salud de los empleados: la salud laboral, la prevención de riesgos laborales...
· En segundo lugar, lo relacionado con el fruto de la propia producción empresarial, como la vigilancia sanitaria para que los productos o mercancías generados por las empresas no afectasen directa o indirectamente a la salud de los ciudadanos.
· En tercer lugar, la interacción de la producción con el medio ambiente: cómo los problemas de contaminación pueden ser factores de producción de enfermedad.
· La responsabilidad social de las empresas o las empresas como promotoras de salud es un camino que interesa tanto a la salud pública como a las empresas. Así las empresas son un buen sitio para poner en marcha programas de salud para los trabajadores, al ser un lugar en donde hay un grupo con intereses comunes.
La mínima incidencia en una auditoría, o no respuesta, o detección de trabajo infantil o trabajo forzado, debería significar la resolución de la relación contractual de forma inmediata.
La participación del trabajador en la empresa plantea un enfoque diferente de relaciones entre clases sociales. La participación supone la corresponsabilidad en la marcha de la empresa. Desde ese tipo de planteamiento se ha llegado a hablar de hasta tres niveles de participación:
· participación en los beneficios cuando éstos superan una cierta cota.
· participación en la propiedad si el reparto de los beneficios no es posible en razón de la necesidad de autofinanciar la empresa a través de los beneficios retenidos que han pasado a formar parte del capital social de la empresa.
· participación en la gestión bien derivada de la propiedad de capital, dentro de la más pura lógica capitalista, o como derecho derivado de la simple condición de trabajador: la cogestión, que supondría una cierta paridad de capital y trabajo en los órganos de decisión de la empresas.
Las medidas de inserción o integración dibujan un territorio compartido con la acción social y la implantación de la empresa en las comunidades locales.
Convencionalmente, al hablar de integración se da por hecho que se hace referencia a la de colectivos desfavorecidos, al apoyo a la inserción laboral de colectivos en situación de exclusión social y no solamente las personas discapacitadas.
También estaríamos hablando, por ejemplo, de los inmigrantes, de las mujeres víctimas de violencia de género y de otros colectivos que tienen muy difícil acceso al mundo del trabajo. No se trata sólo de ventajas en términos de aceptación social y reputación, sino también en términos de competitividad.
Se incluye igualmente la recolocación de las personas con discapacidad sobrevenida (accidentes laborales, etc.) con el fin de aprovechar sus conocimientos y experiencia, rentabilizando así la formación en él invertida, y no sólo con darles una prestación económica e invitarles a salir del mercado de trabajo.
Es de señalar que la labor de integración que pueden llevar a cabo los agentes empresariales no debe de suplir la que debe desarrollar la administración pública.
En relación con el papel o las medidas que se cree debería desarrollar la administración pública, se apuntaron algunas cuestiones bien concretas. Por ejemplo:
· arbitrar una ley nacional de las empresas de inserción, que permitiría corregir el desequilibrio que supone que algunas comunidades autónomas tengan regulado este sector y otras no.
· en relación con la contratación pública, la inclusión de cláusulas sociales que permitiesen discriminar positivamente a favor de las empresas de inserción. Todo ello para poder superar los recelos que, desde el sector empresarial, pueda haber en relación con el trabajo con empresas de inserción.
A la empresa le da un poco de miedo empezar a trabajar con las empresas de inserción si no las conoce y no ve que son eficaces y que los trabajadores hacen su trabajo seriamente.
¿Cómo la Administración puede impulsar? Pues desde el estímulo, la bonificación, pero sobre todo la discriminación positiva en contratos públicos, a la empresa que demuestra ser responsable de acuerdo a unos estándares homologados y homologables (por ejemplo la metodología GRI o la futura norma ISO 26000).
Por otra parte, la Fundación Empresa y Sociedad, una de las entidades españolas más representativas del interés empresarial por la acción social señala en sus "propuestas a los responsables de las políticas públicas para facilitar e impulsar el trabajo de las grandes empresas en los ámbitos de la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de entornos, productos y servicios, y el empleo de personas con discapacidad". Veamos algunas de ellas:
· Promover la creación de un centro de recursos sobre empresa y discapacidad, que integre la información existente y la enfoque hacia la práctica empresarial.
· Acometer un plan de comunicación que permita informar activamente a las empresas sobre los contenidos relacionados con la discapacidad que más les afectan.
· Potenciar el debate estratégico sobre empresa y discapacidad, destacando mediante casos empresariales la oportunidad que representa para su desarrollo como empresas.
· Impulsar el diálogo con empresas y su participación directa en los principales grupos de trabajo y órganos de participación institucional sobre discapacidad.
· Simplificar y flexibilizar las normas, los trámites y los procedimientos administrativos existentes sobre empresa y discapacidad.
· Incidir sobre los principales factores que afectan a la empleabilidad de las personas con discapacidad.
· Impulsar la introducción de materias sobre discapacidad en los planes de estudios de las principales disciplinas educativas relacionadas."
Si, como se ha visto en el epígrafe anterior, las prácticas responsables de contratación, particularmente las no discriminatorias, facilitan la contratación de personas pertenecientes a minorías étnicas, trabajadores de mayor edad, mujeres, desempleados de larga duración y personas desfavorecidas, la pregunta es: ¿cómo se gestiona esa pluralidad?
La gestión de la diversidad, a priori, tendría que suponer no sólo la eliminación de cualquier tipo de discriminación, sino además el reconocimiento de su diversidad (étnica, cultural, religiosa...). Se trata, pues, de enriquecer la cultura organizacional, con un nuevo valor, que se podría revelar en un corto plazo, como una ventaja competitiva.
Señalar que en el contexto legislativo europeo, la directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la puesta en marcha del principio de igualdad de trato entre las personas, sin distinción de raza o de origen étnico prohíbe toda discriminación directa o indirecta entre las personas, prohíbe el "acoso", considerado una forma de discriminación, y autoriza la toma de medidas específicas para compensar las desventajas con que se topan las personas discriminadas.
Aunque se cuenta con un instrumento jurídico potente (y la directiva europea ofrece dos elementos valiosos: por un lado, se repartía más equitativamente la carga de la prueba de la discriminación y, así, al demandante sólo se le pide establecer la presunción de la discriminación, quedando para el demandado el demostrar que la disparidad en la situación en cuestión se justifique por criterios legítimos; y, por otro lado, se suspendía toda posibilidad de despido del demandante y de los testigos que interviniesen mientras durase la investigación), la situación no evolucionará si por parte de las empresas o de los sectores de actividad específicos, no se asumen acciones voluntarias de lucha contra la discriminación y de valoración de la diversidad étnica y cultural.
Conviene recordar algunos casos tales como la explotación de mano de obra infantil que involucró a algunas multinacionales en Asia y que forzaron cambios de comportamiento de las empresas afectadas.
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño
Artículo 32
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:
· Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
· Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;
· Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.
En este sentido, destacan las estremecedoras cifras arrojadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que indica que el trabajo infantil involucra a unos 246 millones de niños en todo el mundo. De ese total, unos 179 millones de niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, lo cual pone en peligro su integridad física, mental y moral.
La globalización de los negocios y la validación de la Responsabilidad Social como herramienta estratégica de diferenciación y garantía de una buena gestión, han contribuido al avance de nuevas temáticas en el ámbito laboral. Una de ellas es la inclusión de políticas de equidad de género en la empresa.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Artículo 23.- Igualdad entre hombres y mujeres
La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución.
El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado.
Según la Organización Internacional del Trabajo, la equidad de género implica un trato equivalente para los trabajadores hombres y mujeres, acorde con sus respectivas necesidades.
Puede incluir la igualdad de trato o un trato diferente, pero que sea considerado equivalente en cuanto a derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.
Así mismo señala que la equidad de género significa que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y de los hombres reciben la misma consideración, se les reconoce el mismo valor y son apoyados por igual. No quiere decir que las mujeres y los hombres vayan a identificarse, sino que sus derechos, sus responsabilidades y oportunidades no deben depender de que hayan nacido hombres o mujeres.
Se debe avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, donde primen los méritos y habilidades de las personas para asumir un cargo, por encima de su sexo, condición social, edad o nacionalidad.
En años recientes, la publicidad negativa respecto de la explotación de trabajadores, ha propiciado que muchas compañías asuman algunas responsabilidades por las prácticas laborales de sus proveedores y subcontratistas, a través de sus cadenas de suministro, cuando los gobiernos fallan en hacer el trabajo adecuadamente. A este respecto, algunas compañías han adoptado códigos de prácticas laborales que aplican a través de sus cadenas de suministro. A menudo, el propósito de estos códigos es mostrar que es posible hacer negocios éticamente, en países donde sus gobiernos no protegen adecuadamente los derechos humanos. Veamos algunos factores:
· Diversidad.- Se debe de incorporar la diversidad como un valor esencial adoptado por la empresa. Muchas de las declaraciones de diversidad incluyen referencias específicas al carácter no discriminatorio con relación a la raza, sexo, edad, religión, ascendencia, nacionalidad, estado civil, orientación sexual, discapacidad física o mental y condiciones de salud.
· Acoso sexual.- Se debe de establecer una política en contra del acoso. Esta no es sólo una actitud social, sino una exigencia legal. Cualquier queja debe de ser investigada objetivamente y si procede, sancionada
· Entrenamiento / Capacitación / Desarrollo profesional. Se deben de promover el desarrollo de carreras profesionales creando un programa de asesoramiento por medio del cual sus colaboradores más antiguos puedan transmitir su experiencia profesional adquirida y aconsejar sobre la carrera.
· Delegación de la autoridad. Se debe de apoyar la iniciativa individual, apoyando a sus empleados a aportar nuevas ideas, tomar decisiones y ser creativos. Un buzón de sugerencias, o un programa formal de recompensa y reconocimiento, pueden ser los medios para llevar a la práctica esta política. Se debe de delegar la autoridad para que sus colaboradores logren sus retos. Esto los motivará a trabajar en equipo y a tomar decisiones más adecuadas.
· Remuneración e incentivos. Se debe de crear un programa de participación en los resultados de la empresa, siempre ligado al logro de los objetivos grupales e individuales. Deben de tener metas alcanzables y claramente establecidas. Este incentivo puede consistir en un bonus, en la entrega de acciones o de futuros.
· Reducción de estructura y despidos. En lo posible, se han de evitar los despidos. En caso de ser necesarios, se debe de comunicar las intenciones, identificar alternativas de reubicación o transferencia de los empleados aprovechando así su experiencia, y dé explicaciones de la razón de la permanencia a quienes mantuvo en su puesto.
· Equilibrio entre trabajo y familia. Se deben de procurar que las metas empresariales que no interfieran en la vida familiar de sus colaboradores, por ejemplo evitando en lo posible reuniones fuera del horario de oficina o viajes sin aviso previo dando la posibilidad a sus colaboradores de ajustar sus agendas a sus necesidades personales.
· Salud/ Seguridad/ Bienestar. Se debe de promover la salud personal, la seguridad y el bienestar favoreciendo modos de vida saludables.
· Derechos Humanos. Se debe de considerar los derechos humanos al elegir a sus proveedores de productos y/o servicios, busque trabajar con asociados que compartan con su empresa la preocupación de dar un tratamiento justo a los trabajadores. Muchas empresas crean sus propios Códigos de Conducta. Su gran mayoría incorpora las leyes laborales locales y patrones de conducta internacionalmente aceptados. Se ha de comunicar nuestras expectativas a nuestros proveedores solicitando de ello un compromiso formal.
Una forma de abordar este tema es en el marco de los principios éticos que han de orientar el comportamiento empresarial en un contexto en el que no son extrañas las situaciones de desigualdad entre las partes: pues buenas prácticas, el cumplimiento de la legislación.; el intento de mejora continua, la fidelización de la relación cliente-proveedor, es decir, estabilidad en toda la cadena de suministros, generar una trazabilidad del producto de manera que haya una estabilidad, que no sea únicamente el factor económico el que decida a quién vendo y a quién compro y cómo vendo y cómo compro; la información adecuada y fidedigna de los productos y servicios, es decir, cómo voy a transmitir, qué información voy a dar de mi producto para que mi cliente efectivamente pueda percibir de dónde sale, de dónde viene y qué es lo que lleva, qué procesos ha habido."
Esa "fidelización de la relación cliente-proveedor" supone, en el fondo, modificar las perspectivas con las que se abordan las relaciones con los proveedores. A corto plazo, cuanta mayor presión se realice sobre el otro, mayores pueden ser las ventajas que se obtengan. Pero ahí no interesa tanto mantener las relaciones con el proveedor cuanto sacar de él el máximo partido posible. Pero se puede buscar la cooperación, en una perspectiva temporal más dilatada, pretendiendo que el producto final mejore siempre en calidad gracias a la acción concertada de proveedor y cliente. Esta segunda perspectiva pide el establecimiento de una alianza y unos vínculos más estables.
· Responsabilidad Social Corporativa. Una nueva cultura empresarial. Dr. Ricardo Fernández García. Editorial Club Universitario. ISBN 13: 978-84-8454-777-8. 2009
· Libro “Obligaciones de la empresa con la sociedad. Dr. Ricardo Fernández García. Editorial Club Universitario. ISBN 13: 978-84-8454-604-7.2008
· Manual de prevención de riesgos laborales para no iniciados. 2ª Edición revisada y ampliada. Dr. Ricardo Fernández García. Editorial Club Universitario. ISBN 13: 978-84-8454-697-9. 2008
Autor: Dr. Ricardo Fernández García
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