La transición ecológica gana terreno entre la ciudadanía andaluza no solo como respuesta a la crisis climática, sino también como una oportunidad para el mercado laboral. El V Informe del Observatorio de Transición Justa (OTJ), promovido por fundación Moeve y Red2Red, revela que el 61,4% de los andaluces confía en que este proceso pueda crear nuevos empleos en su entorno.
El dato supone un avance considerable respecto a 2024, cuando esta percepción alcanzaba al 41% de la población. Tras dos ediciones consecutivas al alza, Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma con mayores expectativas de creación de empleo asociada a la transición ecológica. El porcentaje supera en 5,3 puntos la media española, situada en el 56,1%.
El Observatorio de Transición Justa presentó este miércoles en la Cámara de Comercio de Sevilla su quinto estudio sobre la percepción social de este proceso en Andalucía. La iniciativa busca generar conocimiento y favorecer el diálogo entre los diferentes actores implicados para contribuir a una transformación ecológica que incorpore criterios de justicia social.
Uno de los resultados destacados de esta edición es el grado de aceptación alcanzado por el hidrógeno verde, que cuenta con el apoyo del 70,6% de la población consultada. Según los resultados difundidos por el Observatorio, se consolida así como la tecnología emergente con mayor nivel de aceptación ciudadana.
En cuanto al conocimiento general del proceso, los resultados permanecen en niveles similares a los de 2025. El 46,1% de los andaluces afirma saber qué significa el concepto de transición ecológica. La cifra se encuentra por encima de la registrada durante las primeras ediciones del estudio y refleja una presencia progresivamente mayor de esta cuestión en el debate público.
El cambio climático también mantiene un amplio reconocimiento social. Un 77,5% de las personas encuestadas considera con seguridad que está ocurriendo. Sin embargo, la importancia atribuida a combatirlo convive a corto plazo con otras preocupaciones que afectan directamente a los hogares, como el acceso a la vivienda y el aumento del coste de vida.
El informe pone especialmente el foco en cómo debe gobernarse este proceso. El 95% de la ciudadanía andaluza reclama algún grado de participación en las decisiones relacionadas con la transición ecológica, bien mediante mecanismos de consulta o compartiendo la toma de decisiones con las autoridades competentes.
Los encuestados rechazan, por el contrario, un modelo en el que el papel de la población quede limitado a recibir información procedente de instituciones y personas expertas. Este resultado sitúa la participación como uno de los elementos centrales para afrontar un proceso cuyos principales desafíos tienen también una dimensión territorial y distributiva.
Teresa Mañueco, directora de fundación Moeve, destacó durante la presentación que las cinco ediciones del estudio permiten observar con mayor rigor cómo está evolucionando la percepción social sobre la transición justa en Andalucía. Según explicó, el objetivo es que la información obtenida sirva a los diferentes actores para diseñar estrategias que permitan avanzar en la transformación ecológica de la región implicando al conjunto de la sociedad.
La presentación incluyó una mesa redonda en la que participaron Esperanza Fitz Luna, presidenta de AMESEMAP; Gabriela Reyes, de la División de Tecnologías Energéticas y Descarbonización de INERCO; y Blanca Miedes, profesora titular de Economía Aplicada y miembro de COIDESO. El encuentro estuvo moderado por Paula Ruiz, responsable de Proyectos de Transición Ecológica de fundación Moeve.
El debate apuntó a la necesidad de abordar de manera conjunta los obstáculos económicos, sociales y formativos que todavía condicionan el avance hacia una transición justa en Andalucía. Entre las cuestiones planteadas estuvieron la eliminación de barreras que afectan a las personas y a las pequeñas y medianas empresas, la capacitación en nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la competitividad empresarial y la creación de espacios estables de participación ciudadana.
La finalidad, según las participantes, pasa por favorecer que la sociedad pueda involucrarse de manera informada en las decisiones relacionadas con una transformación que tendrá efectos sobre el empleo, la actividad económica y los territorios.
La quinta edición del Observatorio incorpora además novedades metodológicas. Para elaborar el informe de 2026 se realizaron 3.284 encuestas telefónicas y online en el conjunto de España, entre enero y febrero de este año.
En Andalucía se contó con una muestra específica y representativa de 575 personas. Además de mantener las dimensiones que el Observatorio analiza desde 2022, esta edición añade un nuevo bloque de preguntas destinado a conocer cómo percibe la ciudadanía su vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático y cuál considera que es su capacidad para adaptarse a ellos.
Los resultados dibujan así un escenario en el que las expectativas económicas vinculadas a la transición ecológica crecen, pero también lo hace la demanda de protagonismo social. El reto que plantea el informe no se limita al despliegue de nuevas tecnologías: incluye cómo distribuir sus oportunidades y cómo incorporar a ciudadanía, empresas y territorios en las decisiones que determinarán el alcance de esta transformación.
