Diversas organizaciones ambientales han reclamado al Gobierno español que acelere las políticas para reducir las emisiones de metano y refuerce la transparencia en torno a este problema climático. Según denuncian ECODES, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables y Mighty Earth, España continúa sin contar con objetivos específicos para reducir este gas en el marco de su política climática nacional.
Las entidades han dirigido una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para pedir la creación de un grupo de trabajo que reúna a administraciones públicas, comunidad científica, sociedad civil y sector privado con el objetivo de coordinar medidas eficaces frente a las emisiones de metano.
El metano (CH4) está considerado uno de los gases de efecto invernadero más peligrosos a corto plazo debido a su elevado poder de calentamiento, hasta 80 veces superior al del dióxido de carbono en determinados periodos temporales. A pesar de ello, las organizaciones critican que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 no incorpora metas concretas para reducir estas emisiones.
Además, los colectivos ambientales advierten de que España acumula retrasos en la aplicación del Reglamento europeo sobre el metano, especialmente en el sector energético. Según recuerdan, el país tiene una responsabilidad relevante como gran importador de gas y petróleo dentro de Europa.
Según informa la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe Global Methane Tracker 2026, gran parte de las emisiones de metano del sector energético podrían reducirse utilizando tecnologías ya disponibles. El organismo calcula que podrían recuperarse hasta 200.000 millones de metros cúbicos de gas fósil al año mediante medidas de control de fugas y emisiones.
Las organizaciones también ponen el foco sobre el impacto del fracking. Aunque esta práctica está prohibida en España por sus efectos ambientales, denuncian que el país sigue importando hidrocarburos obtenidos mediante fracturación hidráulica en terceros países, especialmente desde Estados Unidos. Por ello, reclaman avanzar hacia la prohibición de la compra de combustibles fósiles procedentes de esta técnica extractiva.
En este contexto, las entidades consideran prioritario que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente impulse un Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Metano que abarque todos los sectores emisores y que contemple una reducción del 45% respecto a los niveles de 2020 antes de finalizar la década, en línea con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
