El aumento del servicio de la deuda en los países en desarrollo está intensificando las brechas de género y amenazando millones de medios de vida. Según informa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hasta 55 millones de empleos ocupados por mujeres podrían verse comprometidos a corto plazo como consecuencia de las políticas de ajuste derivadas del endeudamiento.
El informe, titulado ¿Quién paga el precio? Desigualdad de género y deuda soberana, analiza datos de 85 países y advierte de que el incremento de los pagos de intereses está obligando a los gobiernos a recortar inversiones en servicios esenciales como la sanidad, el bienestar social y los sistemas de cuidados. Estas decisiones, lejos de ser neutras, tienen un impacto directo y más severo sobre las mujeres.
Como señaló Alexander De Croo, “la deuda soberana no es un problema matemático, sino humano”, subrayando que la reducción del gasto público limita el acceso a servicios básicos y traslada la carga de los cuidados a los hogares, donde recae mayoritariamente sobre las mujeres, restringiendo sus oportunidades económicas.
Los datos recogidos por el PNUD reflejan una tendencia alarmante. A medida que los países pasan de niveles moderados a altos de endeudamiento, el número de empleos femeninos en riesgo podría ascender hasta 92,5 millones. Además, se prevé una caída del 17% en el ingreso per cápita de las mujeres, mientras que el de los hombres apenas se ve afectado, ampliando así la brecha salarial de género.
El impacto no se limita al ámbito económico. El informe también advierte de un deterioro significativo en la salud pública. En concreto, estima un aumento del 32,5% en la mortalidad materna, lo que supone 67 muertes adicionales por cada 100.000 nacimientos. Asimismo, la esperanza de vida se reduce tanto en mujeres como en hombres, reflejando la presión creciente sobre los sistemas sanitarios.
Estos retrocesos suponen un freno —e incluso una reversión— de décadas de avances en desarrollo humano, en un contexto global marcado por múltiples crisis.
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo insisten en que la gestión de la deuda debe incorporar de forma sistemática el análisis de impacto de género. En palabras de Raquel Lagunas, cuando el gasto público se ve condicionado por el pago de la deuda, “las mujeres son las primeras en perder: sus empleos, sus servicios y su seguridad económica”.
El organismo internacional aboga por proteger la inversión en infraestructuras sociales y sistemas de cuidados, así como por aplicar presupuestos con enfoque de género que permitan medir cómo afectan estas decisiones a la población.
Este análisis se enmarca en el programa EQUANOMICS del PNUD, que impulsa reformas fiscales y económicas orientadas a garantizar que las políticas públicas contribuyan a la igualdad de género. En este sentido, la organización hace un llamamiento a gobiernos e instituciones financieras internacionales para priorizar el desarrollo humano y evitar medidas de austeridad que profundicen las desigualdades.
