En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, Oxfam Intermón ha vuelto a poner el foco en la situación de más de medio millón de personas que residen en España en situación administrativa irregular. La organización pide al Gobierno que active fórmulas alternativas para impulsar una regularización extraordinaria, ante la falta de avances de la proposición de ley que permanece bloqueada en el Congreso de los Diputados.
La iniciativa legislativa popular que dio origen a esta propuesta contó con el respaldo de 700.000 firmas ciudadanas y el apoyo de más de 900 organizaciones sociales. Además, la regularización extraordinaria ha recibido el aval público tanto de la Iglesia como de representantes de la CEOE, recuerda la ONG.
“Si la aritmética parlamentaria no permite sacar adelante una ley que garantice derechos a personas que ya viven en nuestro país pero carecen de ellos, el Gobierno debe explorar otras fórmulas ya utilizadas en el pasado”, señala María José Gascón, responsable de Migraciones de Oxfam Intermón. En este sentido, la organización recuerda precedentes como las regularizaciones extraordinarias impulsadas en contextos de emergencia, como la derivada de la dana en Valencia.
Garantizar el empadronamiento, una pieza clave
Entre sus demandas, Oxfam Intermón subraya la necesidad de asegurar el derecho al empadronamiento en todos los municipios, un trámite imprescindible para acceder tanto a la regularización como a otros derechos y deberes básicos. Sin este paso administrativo, miles de personas quedan atrapadas en un círculo de exclusión legal y social.
La ONG insiste en que existen razones éticas y prácticas de peso para avanzar en esta medida. La más relevante, apunta, es la dignidad y la justicia hacia una parte significativa de la población que vive en un limbo legal, expuesta a situaciones de explotación, desprotección y exclusión efectiva de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación durante, al menos, dos años. Según una encuesta reciente de Oxfam Intermón, la irregularidad administrativa es percibida como la segunda mayor fuente de desigualdad en España, solo por detrás de la brecha entre ricos y pobres. En una escala de cero a diez, la desigualdad entre personas nacidas en España y migrantes en situación irregular alcanza una media de 7,3 puntos. Esta percepción es aún mayor entre las personas de origen extracomunitario (7,8) que entre quienes han nacido en España (7,3).
“España es un país donde la migración ha sido clave en nuestro pasado y sigue siéndolo en la construcción del presente y del futuro”, afirma Gascón. La organización recuerda que la población migrante es un factor determinante del crecimiento demográfico, que se sitúa en el 4,2%, y que las personas extranjeras aportan alrededor del 10% de los ingresos a la Seguridad Social, frente a apenas un 1% del gasto, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Riesgos del nuevo reglamento de extranjería y el contexto europeo
Oxfam Intermón advierte también de que el número de personas en situación irregular podría aumentar de forma significativa debido al nuevo reglamento de extranjería. En particular, alerta del impacto sobre las personas solicitantes de asilo que, si reciben una resolución negativa, pierden la antigüedad necesaria para regularizarse por la vía del arraigo. Actualmente, el tiempo medio de espera para este trámite ronda el año y medio.
En el plano europeo, la organización expresa su preocupación por el deterioro de las garantías y los derechos en las políticas migratorias de la UE. Según Oxfam Intermón, decisiones recientes del Consejo de la Unión Europea, como la ampliación de detenciones, las prohibiciones de entrada o los acuerdos con terceros países para centros de retorno, suponen un retroceso sin precedentes. A ello se suma el acuerdo para sustituir las reubicaciones por contribuciones financieras, que, a juicio de la ONG, rompe el ya frágil equilibrio entre solidaridad y responsabilidad.
La organización valora la postura del Gobierno español, que se ha opuesto o abstenido en estas decisiones, pero le insta a que ese compromiso con los derechos humanos se traduzca, a nivel nacional, en una aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo que priorice la protección efectiva de los derechos de las personas migrantes, según subraya Oxfam Intermón.
