El agua, como elemento esencial para la vida, debería ser gestionada y protegida como un bien común, un recurso accesible a todos, pero que no puede ser apropiado por ninguno. Esta idea fue reiterada recientemente por Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos. El mensaje es claro: frente a la creciente escasez de agua y las amenazas del cambio climático, urge adoptar enfoques más inclusivos y sostenibles para la gestión de este recurso vital.
Uno de los puntos más destacados del informe es la necesidad de establecer una clara diferenciación entre el agua destinada a fines vitales y aquella empleada con fines económicos. El relator subraya que el agua debe ser priorizada para garantizar la supervivencia humana y de los ecosistemas, por encima de su uso en actividades lucrativas o industriales. Este planteamiento busca evitar que los intereses económicos pongan en peligro el acceso equitativo al agua potable y al saneamiento, derechos fundamentales que deben estar garantizados para todos.
El uso abusivo del agua con fines económicos, como en la agricultura intensiva o la minería, ha generado impactos ambientales devastadores en diversas regiones del mundo. Por ello, Arrojo-Agudo propone que se apliquen criterios específicos de gestión para asegurar que los ecosistemas acuáticos sean conservados, protegiendo no solo a las generaciones actuales, sino también a las futuras.
Un elemento clave para garantizar una gestión equitativa y sostenible del agua es la participación pública. El informe del relator aboga por una planificación y gestión a nivel de cuenca que involucre a las comunidades locales y los sectores más vulnerables. El objetivo es asegurar que las decisiones sobre la distribución y uso del agua no se tomen de manera exclusiva por entidades privadas o gubernamentales, sino que respondan a un interés común.
Además, se enfatiza la importancia de gestionar los servicios de agua potable y saneamiento bajo un enfoque no lucrativo. En muchas regiones, la privatización de estos servicios ha resultado en un aumento de tarifas y una disminución del acceso, afectando de manera desproporcionada a las comunidades más pobres. Arrojo-Agudo insta a que estos servicios sean accesibles para todos, independientemente de su capacidad económica.
Los pueblos indígenas y las comunidades rurales han sido históricamente los más afectados por la explotación indiscriminada de los recursos naturales, incluyendo el agua. El relator especial llama a respetar sus derechos tanto al agua como a la tierra, reconociendo sus conocimientos tradicionales en la gestión sostenible de los recursos. En muchos casos, estas comunidades han protegido los ecosistemas acuáticos durante siglos, y su participación en las decisiones de gestión es fundamental para la preservación de estos territorios.
El cambio climático ha exacerbado la escasez de agua en diversas regiones, intensificando la competencia por este recurso. Ante este escenario, Arrojo-Agudo recomienda implementar incentivos económicos que promuevan el uso eficiente y responsable del agua. Este enfoque busca penalizar el uso abusivo y garantizar que quienes deterioren los ecosistemas acuáticos sean responsables de su restauración, bajo principios como el de "quien contamina, paga". Además, el relator propone la recuperación de costes y la implementación de medidas de coste-eficacia para que las políticas hídricas sean financieramente sostenibles.
Finalmente, ante la creciente amenaza del cambio climático, resulta urgente desarrollar planes de adaptación que integren la planificación hidrológica, territorial y urbanística. Estos planes deben basarse en el principio de precaución, priorizando la conservación de los ecosistemas acuáticos y garantizando su resiliencia frente a eventos climáticos extremos, como sequías o inundaciones. Para proteger a los sectores más vulnerables, como los pequeños agricultores, se sugiere la implementación de seguros agrarios que mitiguen los riesgos asociados a la variabilidad climática.
El agua es un bien común esencial que debe ser gestionado con responsabilidad, equidad y sostenibilidad. Las recomendaciones del relator especial de la ONU apuntan hacia una nueva ética de gestión del agua, donde la vida y los ecosistemas se sitúen en el centro de las políticas hídricas. Solo a través de la participación pública, la protección de los derechos de las comunidades vulnerables y la implementación de criterios claros para su uso, podremos asegurar que este recurso vital esté al alcance de todos y permanezca protegido para las generaciones futuras.
