Cada verano se repite el mismo guion: hectáreas calcinadas, pueblos evacuados, hidroaviones sobrevolando llamas y un debate político que se apaga en septiembre hasta que vuelve a arder al año siguiente. Como directora de un máster en Ingeniería y Gestión Ambiental, quiero aclarar algo que los datos muestran con bastante claridad: España no tiene un problema de incendios, tiene un problema de gestión, y ese problema se puede medir en cifras.
En 2009, año en que la inversión pública en prevención tocó su máximo histórico, España destinó 364 millones de euros a evitar que el monte ardiera. Desde entonces el gasto ha caído más de un 50%, hasta los 143,8 millones de 2024, cifra que suma lo aportado por todas las administraciones. El Plan estatal de prevención aprobado para 2025 —solo la parte del Gobierno central, sin las comunidades autónomas— fijó apenas 115,8 millones, un 68% menos que en 2009. Y el problema no es únicamente cuánto se presupuesta: España no aprueba unos Presupuestos Generales nuevos desde 2023, así que la partida estatal de gestión forestal sigue congelada por ley mientras no haya unas cuentas que la actualicen. Ni siquiera se ejecuta lo poco que hay disponible: de los 70,9 millones habilitados para gestión forestal en la primera mitad de 2025, solo se llegaron a pagar 2,7 millones.
El gasto en extinción, en cambio, se mantiene estable en torno a 417 millones anuales, y solo en 2025 España gastó hasta 6.700 millones apagando fuegos que no se previnieron a tiempo. Del total de los recursos públicos dedicados a la lucha contra incendios, el 78% se destina a extinción frente a un 12% a prevención. Es una proporción que no resiste ningún criterio técnico: cada euro invertido en prevención puede ahorrar hasta diez en extinción y reparación de daños. Apagar un incendio cuesta de media entre 10.000 y 19.000 euros por hectárea; evitarlo cuesta una fracción de eso.
Detrás de este desequilibrio hay personas concretas. Un bombero forestal en Castilla y León cobra un sueldo base de unos 1.150 euros, apenas por encima del salario mínimo. En Madrid, el salario de referencia lleva congelado en 1.300 euros desde 2010. En la Comunitat Valenciana,en torno al 30% de las plazas de las unidades forestales están sin cubrir. Miles de estos profesionales trabajan solo cuatro meses al año y cada octubre buena parte de la plantilla queda despedida hasta la siguiente campaña. No podemos pedirle a un colectivo que nos proteja del fuego mientras cobra menos de lo que ese fuego termina costando.
A la falta de medios se suma un marco normativo que se ha ido superponiendo en capas hasta convertirse en un obstáculo. La Comisión Europea confirmó el pasado mayo que no tiene previsto reforzar la gestión de las masas forestales, mientras la Red Natura 2000, la PAC y la normativa autonómica imponen trámites cruzados para algo tan básico como limpiar matorral. El 72% del monte español es de titularidad privada, muchas veces con dueños que ni siquiera saben que lo son. Nadie gestiona lo que desconoce, y nadie desbroza lo que tarda meses en autorizarse.
La solución no puede depender de un único actor. Necesitamos una alianza real entre ayuntamientos, diputaciones y ciudadanía. Los primeros conocen el territorio de cerca; las segundas aportan capacidad de coordinación; y los vecinos, con el pastoreo, la recogida de leña o el simple mantenimiento de sus fincas, siguen siendo la primera barrera que durante siglos mantuvo el monte limpio sin coste público.
Esa alianza pasa por tres compromisos: recuperar la inversión preventiva perdida en década y media, con condiciones laborales dignas para guardas y bomberos; simplificar de verdad el laberinto de permisos que hoy frena la gestión activa; y endurecer sin ambigüedades las penas para quien provoca un incendio de forma intencionada.
El monte español no necesita más aviones en agosto. Necesita que en febrero, cuando nadie mira, alguien esté desbrozando, pastoreando y vigilando. Esa es la unidad que nos falta.
