La economía global comenzó 2026 con una trayectoria que parecía sólida, aunque incierta. Cinco meses después, el panorama es más complejo. La guerra en Oriente Medio ha desestabilizado los mercados energéticos y ensombrecido las perspectivas de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional advirtió que su pronóstico dependerá de la duración y la magnitud del conflicto, así como de la rapidez con que se recuperen la producción y el transporte de energía.
El último lustro se ha caracterizado por un entorno cambiante y alejado de un esquema de estabilidad en la toma de decisiones. Atravesamos una década marcada por una sucesión de crisis que prácticamente se superponen: pandemia, guerras, tensiones geopolíticas y disrupciones tecnológicas.
El resultado es un entorno fragmentado, incierto y acelerado. Pero también decisivo, porque la empresa tiene un papel crucial y una oportunidad única: no solo mantener su estrategia social, sino reforzarla, y con ello potenciar su competitividad, resiliencia y capacidad de generar valor a largo plazo. Si nos detenemos a analizar los retos climáticos y especialmente los sociales veremos cómo siguen creciendo.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) del año pasado en Brasil y la Cumbre Social Mundial en Doha concluyeron con un enérgico llamamiento a alinear la ambición climática con la justicia social. En sus respectivas declaraciones políticas, los líderes reafirmaron que la descarbonización debe ser inclusiva y que el desarrollo sostenible requiere restaurar la confianza en las instituciones y los mercados.
Sin embargo, evaluaciones recientes sugieren una creciente brecha entre la ambición climática y la realidad socioeconómica. Según datos de un estudio reciente del Observatorio de Transición Justa, el 80% de la población española cree con total seguridad que el cambio climático está ocurriendo, mientras que el 56% considera que combatirlo debe ser una prioridad de actuación. Hay una consecuencia directa también derivada de esta afirmación: la transición ecológica entra en una fase más social, territorial y vinculada a beneficios concretos. El reto ya no se plantea únicamente en términos tecnológicos o normativos, sino también desde una mirada más amplia: cómo impacta en el empleo, la salud, la vivienda, la movilidad, la resiliencia de los territorios y el bienestar cotidiano. El empleo gana peso como palanca social: El 56% de la ciudadanía la señala como una oportunidad en este ámbito, lo que supone 16 puntos más que en 2024. También gana peso la percepción de la transición como motor de modernización, cohesión y crecimiento. El consenso climático continúa siendo amplio, aunque pierde intensidad cuando la transición se percibe como alejada de las necesidades cotidianas de la ciudadanía.
SERES lleva dos décadas trabajando desde la perspectiva de la sostenibilidad y su dimensión social, aunque no entendidas como una obligación, sino como palancas generadoras de valor y como la clave para lograr empresas sólidas en el presente y futuro, y una sociedad más fuerte, justa y sana. Nuestra ambición radica en querer poner el foco en la necesidad de avanzar hacia una transición que no solo impulse la sostenibilidad ambiental, sino que también garantice empleo de calidad, inclusión social y cohesión territorial, con las personas en el centro del proceso de transformación. En este proceso, el diálogo social y la participación sindical son elementos clave para orientar esta gran transformación. La transición justa debe entenderse como el eje que integra ambición climática, cohesión territorial y trabajo decente, convirtiendo el empleo en una palanca estratégica para construir un futuro más sostenible, inclusivo y socialmente justo. Parte de ese trabajo se ha materializado en una guía que se estructura en torno a cuatro pilares de impacto —empleo digno y reconversión laboral, inclusión y equidad, desarrollo territorial y cohesión regional, y cadena de valor y ecosistema— y tres habilitadores transversales: gobernanza y responsabilidad, participación y diálogo social, y medición, transparencia y reporte. Integrar este enfoque no solo reduce riesgos, sino que fortalece la competitividad, la cohesión territorial y la relación con los grupos de interés.
Dar respuesta a este escenario requiere colaboración entre actores. Las alianzas se convierten en palancas para avanzar donde ninguna organización puede hacerlo sola. Solo desde la colaboración será posible multiplicar impacto, escalar soluciones y responder a retos sociales cada vez más complejos y transversales.
