España es uno de los países más desiguales de la Unión Europea. La crisis financiera internacional de la pasada década modificó los parámetros de distribución de la renta, generando una nueva situación estructural cuya corrección, durante los últimos seis años, ha sido muy lenta. Los estudios académicos avanzan que las condiciones de distribución y redistribución de la renta en nuestro país empeoran muy rápidamente durante las crisis y se corrigen muy despacio durante las recuperaciones. El resultado de este proceso es que, si encadenamos varias crisis seguidas, la desigualdad se convierte en permanente. Con la crisis de precios del año 2022, que amenaza con prolongarse a lo largo de 2023, España corre el riesgo de empeorar todavía más la situación. Con una inflación media del 8,7% en 2022, los salarios apenas crecieron un 2,8%, de manera que la pérdida de poder adquisitivo de los mismos alcanza los seis puntos porcentuales. Una devaluación salarial que se acentúa en el caso de los salarios más bajos, que están, en estos momentos, a niveles de 2014, en lo peor de la devaluación social vivida durante los años del ajuste.
Mientras esto ocurre, los indicadores existentes en materia de beneficios empresariales apuntan a un fuerte repunte de los mismos, con beneficios récord en algunos sectores como el financiero y el energético, pero con una tendencia generalizada al alza: en 2022, los beneficios crecieron seis veces más que los salarios.
De consolidarse esta situación, la desigualdad en España corre el riesgo de perpetuarse en un modelo de bajos salarios, fuertes beneficios e incremento de la pobreza laboral: España es uno de los países de la Unión Europea con más trabajadores pobres: el 12,7% en 2021. La situación amenaza con agudizarse con las subidas de los tipos de interés, que ahogan a las familias endeudadas, particularmente a las de rentas bajas y medio bajas. En términos de consumo, la situación no es mejor: la inflación castiga más directamente a las familias con menos ingresos, al elevarse los precios de productos en los que gastan más porcentaje de sus rentas. El resultado es que la cesta de la compra para una familia de bajos ingresos incrementó sus precios en un 12%, mientras que para una familia acomodada lo hizo un 10%.
Una situación, en definitiva nada halagüeña para los sectores más vulnerables y, en especial, para nuestros jóvenes, que ven cada vez más lejos las posibilidades de construir una vida autónoma. España es uno de los países de la Unión Europea donde la edad de emancipación es más tardía, rondando ya los 30 años de promedio, mientras que sus vecinos europeos pueden acceder a una vida autónoma entre tres y cuatro años antes de promedio.
Mientras todo esto ocurre, las personas más ricas no dejan de hacer crecer su patrimonio. El fenómeno no es exclusivo de nuestro país: el 63% de la riqueza producida en el mundo desde 2020 se concentra en las manos del 1% más rico, y la pobreza global, que llevaba 25 años en una fuerte tendencia descendente, ha vuelto a aumentar. En España, si en 2008 el 1% más rico acumulaba el 15% de la riqueza, ahora acapara el 24%.
La situación generada por la crisis de precios necesita de una intervención decidida para corregir los perniciosos efectos de la desigualdad. En su último informe, Intermón Oxfam plantea una batería de medidas dirigidas a corregir la alta desigualdad, a través de una adecuada política fiscal que corrija las desigualdades patrimoniales, incluyendo los impuestos a la riqueza y a los beneficios empresariales extraordinarios, entre otros, así como la puesta en marcha de una política de rentas que permita equilibrar el terreno de juego, incluyendo el aumento del Ingreso Mínimo Vital, el Salario Mínimo Interprofesional y el resto de prestaciones sociales. Oxfam insiste en la necesidad de reforzar la negociación colectiva para lograr un pacto salarial que permita a los salarios recuperar el poder adquisitivo perdido durante el año 2022 y, todo parece indicar, el año 2023.
Si estas medidas, o similares, no se ponen en marcha, la desigualdad aumentará de manera estructural y toda la sociedad pagará las consecuencias. Todos los estudios recientes sobre el particular señalan que las sociedades más desiguales no sólo tienen mayores problemas psicosociales, sino que además son más proclives a crecer menos en términos económicos. No se trata por lo tanto sólo de una determinada concepción de la justicia social, sino de una manera de entender el bienestar común y el interés general, porque, si nos basamos en la evidencia, nos convienen sociedades más igualitarias.
