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La política es el conjunto de actividades de negociación y compatibilización de intereses en la toma decisiones que afectan a la sociedad, como la distribución de los recursos. La democracia, la menos mala de las formas de gobierno conocidas, se asocia a la confianza. Esta afirmación suele interpretarse como que los ciudadanos deben confiar en sus representantes, pero existe otra cara de la moneda. Los representantes electos deben confiar en los ciudadanos, algo absolutamente crucial para una cultura democrática completa que es habitualmente ignorado por los poderes del estado.
La democracia es confianza: la hora de la ciudadanía

La participación ciudadana en la gestión pública es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política. Las sociedades con una vida civil activa, con una tradición de asociacionismo, clubes o fundaciones de gran diversidad de objetivos son más estables, prósperas y felices que aquellas que delegan cualquier actividad social a sus representantes. A estas últimas las aqueja una actitud, que podríamos llamar de totalitarismo democrático; que está reñida con la verdadera democracia, que implica, que exige, participación. 

La filantropía, entendida como el desarrollo de actividades destinadas al bien común y su correlativa dedicación de recursos financieros y tiempo a tales actividades, está creciendo en todo el mundo, tanto en lo relativo al número de personas físicas implicadas como en el apartado correspondiente a los fondos destinados por particulares y empresas a tales actividades. Debemos felicitarnos por esa tendencia, porque ejercer la filantropía es una forma de ejercer la plena ciudadanía.

La actividad filantrópica se erige cada vez más en un instrumento de políticas transversales que va más allá de lo coyuntural y de la atención a las necesidades más inmediatas. En definitiva, uno de los síntomas de los tiempos es la mayor involucración de la ciudadanía en el avance de la comunidad. Podría considerarse que es la plasmación de aquella conocida frase de John F. Kennedy: “No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tú país”.

Las Entidades No Lucrativas (ENL) llevan a cabo una actividad social fundamental y necesaria: a menudo son la voz de quienes no la tienen y contribuyen a cubrir necesidades esenciales, muchas veces no atendidas ni por el sector privado ni por el sector público. Son la expresión de la acción filantrópica, de la defensa de los derechos, del compromiso, del altruismo y de la sensibilidad individual y social. Repetimos: son expresión de la ciudadanía plena y, por tanto, merecen el máximo apoyo de la sociedad.

Con una puntuación de 3,83 sobre 5, España se sitúa en la tercera división del último Global Philantropy Environment Index, estudio de referencia sobre la actividad filantrópica en el mundo elaborado por la Universidad de Indiana y Philea.

El mismo estudio analiza qué factores favorecen la filantropía. Este entorno propicio es el producto de un conjunto de condiciones interrelacionadas que son el resultado de las elecciones políticas deliberadas realizadas por el gobierno, recursos y legados históricos, culturales y sociopolíticos.

Desde la Asociación Española de Fundraising realizamos cada dos años El Estudio del Perfil del Donante, que evalúa el nivel de colaboración ciudadana con las organizaciones que trabajan en causas de interés general. Los últimos datos indican que el 39% de los ciudadanos y ciudadanas españolas han colaborado económicamente con alguna Entidad sin Ánimo de Lucro durante los últimos doce meses. Un importante porcentaje que se ha incrementado en los últimos seis años, coincidiendo con la última reforma tributaria de 2014, que aumentó los niveles de deducción de las donaciones individuales hasta 150 euros.

En el ámbito de la colaboración empresarial, con los últimos datos que ofrece la Agencia Tributaria, en 2019 más de 18.000 empresas se desgravaron, por donaciones a diferentes organizaciones sociales, un total de 200 millones de euros. Una cifra que también ha ido en aumento desde hace seis años. A pesar de ser un dato esperanzador, seguimos por debajo de nuestros vecinos europeos, sobre todo si fijamos el foco en la colaboración de las pymes con las Entidades No Lucrativas, que todavía se encuentra a un nivel embrionario.

En España, existe desde el 2002 la Ley de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Esta ley, que es una reforma mejorada de la de 1994 que redactó Jordi Solé Tura, no está exenta de polémica desde su alumbramiento. Desde aquel mismo año 2002, todos los partidos políticos que pasan por el gobierno valoran necesaria una mejora. 

Cabe reconocer que, cuando se aprobó en el 2002, fue una ley pionera, pues Francia no la aprobaría hasta al año siguiente, inspirándose en la ley española. La ley de Jean-Jacques Aillagon sería referente en toda Europa con porcentajes de deducción mucho más elevados. 

En la actualidad, ha llegado al Congreso una propuesta de reforma de la Ley del 2002 que fue admitida a trámite con el 90% de los votos de los grupos parlamentarios. Propone un aumento de las deducciones fiscales para las donaciones de personas físicas y jurídicas, en particular para el micromecenazgo, aumento de los límites a las donaciones deducibles y ampliación del concepto de donación incorporando las donaciones de servicios, por ejemplo. 

Las organizaciones del Tercer Sector han realizado de forma conjunta una serie de propuestas y se han presentado por todos los grupos un número relevante de enmiendas que conforman una amplia base para negociar.

Mecenazgo y Estado de Bienestar

Apoyar el mecenazgo significa reforzar y consolidar el Estado de Bienestar. El estado, todos los poderes públicos, tienen una obligación constitucional ineludible, pero las entidades no lucrativas permiten complementar esta obligación y dan la oportunidad a los ciudadanos de implicarse directamente en el bien común y aumentar la calidad de nuestra democracia.

Un marco fiscal que incentive la filantropía está justificado porque aumenta el beneficio social que el gobierno podría haber logrado de otro modo a través del gasto directo. Las donaciones filantrópicas fortalecen a la sociedad civil, fomentan la solidaridad y reducen la desigualdad y, por lo tanto, deben alentarse.

Es necesaria una nueva Ley de Mecenazgo que promueva el valor de la filantropía entre la ciudadanía y el sector privado y regule y potencie las donaciones como herramienta esencial para la sostenibilidad de las causas de interés general desarrolladas por las entidades no lucrativas.

¿Qué le impide al Gobierno apoyar la actual propuesta de modificación de la Ley 49/2002 de Incentivos al Mecenazgo?

El coste fiscal de los incentivos a las donaciones se estima por la Administración Tributaria en algo menos de 700 millones de euros (2020) frente a los más de 15.000 millones de gasto en fines de interés general que realiza el Tercer Sector. 

La Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/2002, es una gran oportunidad de avanzar en la mejora del marco de referencia de las entidades sin fines lucrativos, trascendentes para la sociedad y situadas entre lo público y lo privado. Es también un estímulo de la propensión marginal a donar de los españoles y puede facilitar la implicación y el compromiso de la ciudadanía en los problemas de la sociedad, desde una perspectiva de altruismo, al aportar elementos positivos a la solidaridad y a la inclusión.

Debe realizarse un esfuerzo para mejorar el posicionamiento global de España en filantropía, con el fin de dar respuesta a las nuevas tendencias en mecenazgo y captación de fondos, incentivando el crecimiento de los donativos e introduciendo las figuras jurídicas necesarias, de eficacia contrastada.

Ha llegado la hora: la política debe confiar en la ciudadanía.

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