El pasado 4 de marzo se cumplieron cinco años desde la aprobación de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible. Era una ley, tótum revolútum, tibia, poco concreta, que en materia de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, apostaba por recomendaciones más que obligaciones. Cinco años después, el cumplimiento de las pocas obligaciones que establecía la Ley, queda en entredicho
Balance de la Ley de Economía Sostenible, 5 años

El pasado 4 de marzo se cumplieron cinco años desde la aprobación de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible. Era una ley, tótum revolútum, tibia, poco concreta, que en materia de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, apostaba por recomendaciones más que obligaciones. Cinco años después, el cumplimiento de las pocas obligaciones que establecía la Ley, queda en entredicho.

El CERSE ¿Impulsor o inhibidor de la RSE?

En 2008, se creaba por el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE) como un órgano asesor y consultivo, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para impulsar y fomentar las políticas de Responsabilidad Social de las Empresas.

El CERSE está en crisis, muchos stakeholders que debían ser miembros, no lo son, y muchos de los que lo son, no debían serlo. Y los que lo son, parece que se pierden en discusiones internas, que hacen que el CERSE no haya impulsado ni fomentado la RSE como era necesario.

Ocho años después de su creación, el CERSE no tiene página web propia, y una búsqueda del concepto “CERSE”, nos dirige a la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dónde encontramos un triste apartado sobre la composición del mismo, sin más información, ni acceso a las actas de sus reuniones.

El que debiera ser el principal impulsor de la RSE, no es ningún ejemplo de responsabilidad, ni de transparencia.

Reconocimiento de Empresas Socialmente Responsables

De acuerdo con el artículo 39.3 de la Ley 2/2011, cualquier empresa, podría ser reconocida como Empresa Socialmente Responsable, de acuerdo con las condiciones que acordara el CERSE.

El CERSE no ha hecho públicas dichas condiciones, -o si las ha hecho, las ha guardado bien guardaditas en alguno de sus grupos de trabajo- por lo que transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la ley, ninguna empresa ha sido reconocida oficialmente como empresa socialmente responsable.

Informes de Gobierno Corporativo de empresas cotizadas

De acuerdo con la Disposición final quinta, que modificaba la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, las empresas cotizadas, deberían presentar sus Informes de Gobierno Corporativo, así como sus informes de remuneración de sus consejeros.

Es sintomático, que el último informe anual de Gobierno Corporativo de las compañías del IBEX 35 que ofrece la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sea del ejercicio 2013.

De dicho informe de 2013, cabe destacar la poca representación de mujeres en los Consejos de Administración, que pasó del 13,5% en 2012 al 15,6% en 2013, muy lejos, sin embargo, del 40% que establecía el artículo 75 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que recomendaba a las empresas alcanzar dicha cuota antes de marzo de 2015; la retribución media de miembros de alta dirección, de 786.000 euros (776.000 euros en 2012), sí, hemos leído bien…; el aumento de número de beneficiarios de cláusulas de garantía o blindaje informados en el IAGC haya pasado de 237 en 2012, a 886 en 2013, debido al a la ampliación del ámbito de aplicación también a cargos de administración, y no sólo alta dirección, de la Circular 5/2013; y el porcentaje medio de participación en las juntas generales de accionistas del 66,4% (68,3% en 2012) del capital social, y sí, también hemos leído bien.

A menos que la eventual publicación de los informes de 2014 y 2015, contuviese grandes cambios, la evolución del Gobierno Corporativo, es entristecedora, tanto por la falta de información actualizada, como por los datos que arroja el último informe.

Memorias de Sostenibilidad de empresas públicas

De acuerdo con el 35.2 a) de la Ley 2/2011, las empresas públicas debían publicar Informes de Gobierno Corporativo y sus Memorias de Sostenibilidad. 

El Portal de Transparencia, creado por el artículo 10 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ofrece alguna información interesante, sí, pero tan sólo de la Administración General del estado, y organismos asociados. No existe un único portal dónde hallar la información, por lo que, con un derroche de tiempo y paciencia, deberíamos desglosar administraciones estatales, autónomas y locales, para buscar sus empresas públicas, y en sus respectivos portales web, encontrar sus memorias. Un trabajo a tiempo completo para expertos informáticos en laberintos digitales.

Una búsqueda rápida a las webs de las principales ciudades, ofrece pocas memorias de gobierno corporativo y sostenibilidad como tales, algunas memorias de RSE, algunas memorias genéricas, y algunas no memorias.

Por todo ello, excepto error u omisión, debo sospechar y sospecho, que no todas las empresas públicas están publicando sus memorias.

Quizás si presentáramos una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, nos diera la razón. Dicho Consejo, ha recibido desde sus inicios, en 2013, un total de 571 reclamaciones, y ha estimado el 62% de ellas. El porcentaje me parece positivo en cuanto a la supuesta objetividad del Consejo de Transparencia, pero me parece muy inquietante en cuánto al reflejo de la opacidad existente en nuestras administraciones.

Memorias de Responsabilidad Social Empresarial de empresas de más de 1000 empleados

De acuerdo con el artículo 39.3 de la Ley 2/2011, las empresas de más de 1000 empleados, deberían presentar sus Informes de RSE al CERSE. Ni rastro, por supuesto, de dichas memorias en la página del CERSE, por lo que debemos asumir que las empresas obligadas a presentar sus informes de RSE, no han cumplido su obligación.

El fracaso de la Ley 2/2011 en RSC

El desinterés y el laissez-faire de las Administraciones Públicas, y la conveniente comodidad de las empresas, han hecho que la Ley 2/2011, haya servido, a día de hoy, de poco o nada.

Ya sea por Presidencia, por el CERSE, por la CNMV, o por cada una de las entidades que debían cumplir y no cumplieron, la realidad es, que la casa está por barrer.

Tanto a nivel político, como a nivel empresarial, falta creérnoslo, falta empuje, falta perseverancia, falta dedicación de recursos reales, pero, sobre todo, falta ser valientes para hacer las cosas bien.                                                                 

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