De nuevo, el impulso a la responsabilidad social de las empresas nos va a llegar desde la Unión Europa. La noticia que hace pocos días el Comisario Barnier presentaba una nueva propuesta de directiva en materia de información no financiera y diversidad de las empresas, con el objeto de mejorar la transparencia en materia social y medioambiental, es realmente positiva.
Lo es sobretodo en la medida que va a implicar para las compañías con más de 500 empleados la obligación de reportar en materia social y ambiental, con lo que ello implica en términos de transparencia y compromiso con la comunidad, empleados e inversores, si finalmente la directiva se aprueba en los términos conocidos.
Por mi parte, me parece además sumamente interesante el enfoque que adopta la Comisión para justificar la medida.
En este sentido, la Comisión Europea describe la información no financiera como una palanca “inteligente” que debe fortalecer la idea de la empresa como institución comprometida con la ciudadanía con el objeto de generar la confianza que el crecimiento económico sostenible requiere. Desde este mismo punto de vista, la apuesta por la responsabilidad social de las empresas supone, para la Comisión, mejoras substanciales en la gestión de los riesgos, en las relaciones con los clientes, en la gestión de las personas y en la capacidad de innovación así como un ahorro de costes y mayores facilidades de acceso a capital. Una política empresarial en este ámbito tiene que ver tanto con la creación de valor compartido para accionistas, propietarios y para la comunidad como con la prevención y la mitigación de los impactos negativos que la actividad de la empresa puede producir en la sociedad.
También es relevante que la Comisión vincule, de manera muy clara, la agenda de la responsabilidad social con el gobierno corporativo. Se trata de aspectos complementarios en la medida en que la forma en que una empresa esta dirigida y controlada tiene que ver con el impacto positivo o negativo de la misma en la sociedad. Este enfoque pone el acento en el rendimiento de la empresa a largo plazo y considera que ello es positivo para el crecimiento económico y la creación de empleo en el seno de la Unión.
Además, la Comisión considera que la transparencia en este ámbito tiene un interés instrumental, en la medida que facilita a las empresas el medir y valorar su impacto en la sociedad.
La experiencia positiva de las compañías que ha incorporado el reporte, los avances legislativos que se han producido en diversos países europeos y la exclusión de las PYMES de esta obligación, son asimismo cuestiones relevantes en este enfoque de la Comisión.
El proceso de elaboración de la nueva directiva, que ha sido lento y complejo, que ha encontrado dificultades y que ha tenido que escuchar y armonizar posiciones contradictorias, entra ahora en la recta final. Parece claro que un modelo de gestión empresarial basado en el beneficio a corto plazo y que ignore los impactos económicos y ambientales de las empresas no es ya viable.
Seria necesario que el Gobierno apoyase de manera clara la propuesta de la Comisión. Si hasta ahora el Gobierno ha tenido una política extremadamente prudente y conservadora en este ámbito, el planteamiento europeo debe de encontrar un compromiso serio y a fondo del Gobierno con el objeto de facilitar la aprobación de la directiva y dar un paso más para legislar en el derecho propio desde ya en la dirección que apunta la Comisión.
