El recientemente celebrado Foro sobre Empresa y Derechos Humanos que tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas en Ginebra congregó a más de mil personas, entre ellas representantes de gobiernos, empresas, ONG y de otras instituciones de alguna manera vinculadas a esta temática. Los allí reunidos esperábamos compartir los avances, las dificultades y los resultados en la aplicación del nuevo marco de referencia impulsado por John Ruggie a la luz de los últimos informes y de las experiencias de los actores involucrados.
Tal y como era previsible y, seguramente debido al corto plazo transcurrido desde su aprobación, se hizo palpable que no existían, hasta la fecha, datos contrastados acerca de cómo los Principios Rectores habían prevenido, mitigado o reparado los impactos negativos de las empresas en los derechos humanos. Es más, algunas ONG reiteraron insistentemente cómo persistía una clara impunidad hacia algunos responsables de abusos a escala internacional.
Las diferentes temáticas analizadas en sesiones paralelas por gobiernos, empresas y sociedad civil, impidieron desafortunadamente los debates y el intercambio cruzado entre los principales stakeholders interpelados. Por otra parte, fue más que notoria la ausencia de representantes de países africanos o asiáticos, lo que ciertamente resta legitimidad a la hora de considerar el grado de diversidad de las diferentes aportaciones.
El consenso y el entusiasmo iniciales no escondieron, sin embargo, las dificultades para ponerse de acuerdo en torno a cuestiones clave como, por ejemplo, el determinar qué procedimientos son necesarios para la incorporación de la debida diligencia a la gestión empresarial o qué mecanismos de reparación están siendo más efectivos. El Foro mostró nuevamente la necesidad de aterrizar los Principios Rectores en función del sector empresarial y del país en el que se opera y la necesidad imperiosa de llevar a cabo alianzas sectoriales.
Respecto de los Estados se hizo palpable la necesidad de incentivar a las grandes empresas y capacitar a las PYMES y a las ONG respecto de su potencial al respecto. Por supuesto también se determinó la necesidad de establecer planes nacionales de implementación de los Principios y de vincular a las agencias de crédito a la exportación en su implementación.
¡No olvidemos que la Comunicación de la Comisión Europea recomendaba la puesta en marcha de este plan antes de finales del año 2012!
Boletín Empresa y Derechos Humanos nº 52
