Foto: sectorextractivoLa Comisión de Seguridad y Valores de los EE.UU., conocida coloquialmente por SEC, acaba de adoptar una serie de normas, derivadas de la Ley Dodd-Frank, que obliga a las empresas extractivas a hacer públicos los pagos hechos al gobierno estadounidense y a otros gobiernos en el extranjero.

Esta ley obliga a las empresas dedicadas a la explotación y extracción de petróleo, gas natural y minerales a divulgar anualmente esta información a partir del 30 de septiembre de 2013. Queda pues todavía un año para saber qué efectos tendrá esta nueva iniciativa pero, de momento, está ya inquietando seriamente a las empresas del sector.

Cabe mencionar también que confluyen, alrededor de este tema, diversos estudios recientes que muestran la prevalencia de prácticas corruptas y poco transparentes en los países en vías de desarrollo. Hace ya unos años, el Índice de Percepción de la Corrupción de Países Exportadores elaborado por Transparencia Internacional (2008) establecía que las industrias extractivas se encontraban en el tercer y quinto puesto respectivamente en cuanto a la probabilidad de que funcionarios del estado pudieran aceptar o exigir pagos ilícitos (como por ejemplo concesiones, agilizaciones burocráticas, concesión de licencias, etc.). 

Según la campaña Publish What You Pay, nacida justamente para reclamar medidas de este tipo, las poblaciones de numerosos países ricos en recursos naturales malviven en la pobreza extrema a pesar de los ingentes ingresos generados a través de contratos cuyas cláusulas permanecen en la opacidad. La llamada “oil nomenklatura” evade así sus responsabilidades respecto de sus ciudadanos y éstos no disponen de la información necesaria para hacer valer sus derechos y reclamar mejoras en la satisfacción de necesidades básicas. Esta nueva norma, que exige transparencia en los países de origen, pretende pues romper un círculo vicioso fuertemente arragaido.

Esta normativa podría pasar desapercibida si no fuera porque la Unión Europea camina, desde hace unos años, en la misma dirección. En este sentido, las Cortes españolas aprobaron igualmente una Proposición No de Ley en esta misma línea que podría ganar de nuevo actualidad a la vista de la experiencia estadounidense.

Maria Prandi

Instituto de Innovación Social

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