El sector empresarial, la iniciativa privada y los instrumentos de mercado tienen un papel relevante en el avance hacia un desarrollo humano sostenible y su contribución es imprescindible para hacer frente a los retos globales que enfrentamos.
Desde luego, hay mucho que discutir sobre el grado y la forma de esa contribución, así como sobre el equilibrio con el imprescindible papel del sector público, pero resulta díficil imaginar las transformaciones necesarias del sistema socioecónomico para hacerlo justo y sostenible sin contar con empresas y mercado.
Hablar del papel del sector empresarial en el desarrollo es hablar sobretodo de micro, pequeñas y medianas empresas que en muchos países son la base del crecimiento y de la generación de empleo, imprescindibles para aspirar a reducir la pobreza y mejorar en desarrollo humano. Por eso tiene sentido avanzar hacia nuevos modelos de gestión empresarial caracterizados por la sostenibilidad ambiental de su actividad y por altos niveles de distribución de valor generado, incluyendo por ejemplo a pequeños productores y comunidades en su cadena de valor. Desde ese punto de vista, la responsabilidad social o los negocios inclusivos no tienen por qué ser una excusa o un instrumento de marketing: existen formas justas y sostenibles de producir bienes y servicios, y tanto empresas como administraciones y ONG deben contribuir a extenderlas.
La presencia del sector privado en la Agenda de Desarrollo es en ese sentido una oportunidad para situar y fortalecer a grupos de población excluidos (base de la pirámide) como protagonistas y principales beneficiarios de la actividad económica. Además de políticas de promoción de tejido empresarial y crecimiento económico, la garantía de derechos y el acceso a servicios públicos de salud y educación son condiciones ineludibles para activar las capacidades de los grupos excluidos. No se trata sólo de ingresos: el potencial de empoderamiento y modificación de las relaciones sociales de poder de este tipo de procesos es enorme.
El problema no es por tanto que las políticas nacionales y multilaterales de desarrollo incorporen al sector empresarial como un actor relevante en la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano sostenible, sino que esas políticas se subordinen a intereses privados o que acaben beneficiando sólo a grandes transnacionales en lugar de apuntar hacia resultados de desarrollo. Es un riesgo repetidamente señalado desde la sociedad civil en los últimos tiempos, y hacia él tendrán que dirigir más que nunca sus acciones de vigilancia e incidencia.
Probablemente los mayores retos de la incorporación o reconocimiento del sector empresarial como actor de desarrollo humano tendrán que ver por un lado con el establecimiento de mayor niveles de transparencia en su actividad y sobretodo en su relación con sus beneficiarios/clientes y las administraciones públicas, y por otro con la evaluación de impactos y resultados de desarrollo como clave estratégica junto al beneficio económico.
La transformación del sistema socioeconómico vigente para hacerlo justo y sostenible exige cambios profundos en muchos sentidos, entre los que sin duda está el fortalecimiento del papel del sector público como espacio político para la estrategia a largo plazo y la defensa de los intereses globales compartidos. Junto a ese reequilibrio necesario, resulta imprescindible asignar un rol relevante, tanto en la generación de valor como en su distribución a grupos excluidos, a la iniciativa privada y a los instrumentos de mercado.
Reconocer este papel, y contribuir a fortalecerlo para garantizar resultados de desarrollo, no supone renunciar a impugnar un orden económico y político desequilibrado en el que transnacionales e intereses privados tienen excesiva capacidad de decisión, ni a reclamar mayores niveles de gobernabilidad pública global para garantizar los derechos humanos, proteger los bienes públicos globales y hacer frente a los enormes retos de la sostenibilidad y la desigualdad.
En este marco las organizaciones de la sociedad civil pueden asumir, desde principios de coherencia y transparencia, al menos dos roles complementarios: por un lado, mejorar y fortalecer la contribución de la actividad empresarial (especialmente PYME, microempresas, etc) al desarrollo humano sostenible y a la lucha contra la pobreza, y por otro, vigilar y denunciar los impactos y los desequilibrios de poder global relacionados con las grandes empresas.
Texto publicado en el Boletín Empresa4D del Programa Compromiso y Desarrollo de ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano.
www.compromisoydesarrollo.org
